Ribó declara por la piscina ilegal de 1,2 millones de euros: ¿tirará de la manta?

Llegó el día y nada mejor que en Nochebuena para cumplir con el dicho de que «a la tercera va la vencida». Joan Ribó declara como imputado este miércoles en la causa que investiga la construcción ilegal de una piscina de 1,2 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Alboraya en terreno protegido de la ciudad de Valencia. La citación judicial es la tercera que recibe el exalcalde de la capital, quien desde que cuenta con la defensa por parte del abogado del Ayuntamiento ha intentado modificar una instrucción abocada a llevar a la cárcel a un alcalde, a imputar a una eurodiputada socialista y a dejar en el aire la gran cuestión que subyace: ¿por qué la piscina sigue en pie?

A las 10 horas de este 24 de diciembre de 2025 está citado Joan Ribó para declarar como imputado ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia. El exedil ha intentado durante las últimas semanas condicionar una instrucción que apuntaba a cerrarse con dicha testifical, pero que a tenor de los últimos escritos de su defensa podría tanto complicarse para antiguos compañeros de la corporación municipal como acabar siendo «cerrado por la puerta de atrás».

La testifical de Joan Ribó se lleva esperando desde verano y ésta es la tercera cita que recibe el ex dirigente de Compromís, quien en las dos anteriores ocasiones alegó no haber recibido personalmente el documento judicial. Ahora, con la defensa por parte del abogado del Ayuntamiento de Valencia, administración afectada por las obras de Alboraya pero que no está personada en la causa pero sí defiende al exalcalde, ha buscado en las últimas semanas dos giros de guión cada cuál más llamativo.

La doble estrategia de Ribó

En un primer momento la defensa de Ribó alegó que el ex primer edil había delegado a varios concejales las competencias relativas a materias de Urbanismo y gestión, por lo que aparecieron señalados con nombre y apellidos tres concejales y su exvicealcaldesa. El nombre de Sandra Gómez no es la primera vez que aparece en la documentación judicial, pero al estar aforada por ser actualmente eurodiputada socialista, el juez precisaría de elevar una cuestión razonada ante el Tribunal Supremo. Este procedimiento se prevé más que evidente una vez finalice la fase de instrucción, ya que el Juzgado añade a la socialista en el listado de imputados pese a que oficialmente no puede aparecer ahí.

Y si el reparto de culpas, destacando a la que había sido su mano derecha en el mandato en el que Alboraya construyó una piscina ilegal en suelo protegido de Valencia, ya había sido una bomba para la instrucción, pocos días antes de que Ribó se siente delante del juez llegaba un escrito con vistas a acabar de reventar la instrucción por completo. La defensa de Ribó pidió al juez que expulsara a las dos acusaciones que están personadas, tanto al vecino denunciante, a quien el abogado municipal lo califica de «beneficiado» por las obras ilegales, como a la Asociación para la defensa del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción, a la cual el escrito señala que es un colectivo que «representa algún interés privado (que no particular»).

Justamente la citada asociación ya ha remitido al juzgado una respuesta argumentada en base a las acusaciones del abogado de Ribó. En dicho documento, al que ha tenido acceso El Debate, la Asociación para la defensa del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción califica la solicitud de su expulsión como un acto de «mala fe procesal», entre otras cuestiones de índole jurídico relativas a la citada causa.

El escrito de solicitud de expulsión de las acusaciones implicaría que el caso quedaría en manos en una Fiscalía que hasta el momento no ha formado parte de las testificales, por lo que podría quedarse una instrucción sin acusaiones. Un cierre en falso que libraría a cargos políticos del pasado y actuales, así como a técnicos municipales, de diversas penas de cárcel.

Ribó ante el juez: ¿Defensa o ataque?

El momento del exalcalde ante el juez es el más esperado de los últimos meses. Dentro del Juzgado lo más normal es que el exprimer edil de Valencia se limite a contestar únicamente a las preguntas de su abogado, que es el letrado del Ayuntamiento, por lo que es más que probable que se quede en el aire por qué hasta su salida del Consistorio no ordenó actuar contra la construcción alzada por el Ayuntamiento de Alboraya en suelo protegido de Valencia, que es la gran cuestión que subyace en este punto de la instrucción. Es la gran pregunta que puede llevar al exalcalde de Valencia al banquillo para enfrentarse a una pena de cárcel por un delito de «prevaricación urbanística omisiva».

Ribó tiene este miércoles la oportunidad de, como se dice en términos coloquiales, 'tirar de la manta' o preservar su figura. La duda está en el aire porque desde que el abogado del Ayuntamiento de Valencia la defiende en la causa ha habido movimientos en ambos sentidos. El exalcalde catalán de Valencia podría señalar en sede judicial a sus compañeros de corporación municipal, como ya hizo en el primer escrito, o basar su defensa en intentar restar valor a las acusaciones, como hizo su abogado esta misma semana.

Alboraya construyó en 2022 una piscina de 1,2 millones de euros que hoy en día sigue en funcionamiento. De lo que Ribó declare esta mañana puede provocar que a más de un cargo político se le pueda atragantar alguna gamba que otra en Navidad.