Imagen de archivo de la central nuclear de Cofrentes, en Valencia
Central nuclear de Cofrentes: otra infraestructura vital para la Comunidad Valenciana condenada a desaparecer por los planes de Sánchez
La figura de Teresa Ribera, exministra para la Transición Ecológica y ahora vicepresidenta y número dos de Ursula von der Leyen en la Comisión Europea, no es que sea precisamente muy admirada en la Comunidad Valenciana y, más concretamente, en las provincias de Valencia y Alicante. No parece que buena parte de sus habitantes tengan algo personal contra ella, porque su sucesora en el Gobierno de España tiene el mismo panorama.
Así, Sara Aagesen, que aterrizó en el Ejecutivo central tras la salida de Ribera a Bruselas poco después de la dana, no ha logrado cambiar la situación. Buena causa de ello radica en quién dicta y ordena mantener las políticas que luego ellas llevan al Consejo de Ministros. Se trata de su jefe de filas, que se llama Pedro y se apellida Sánchez. Respecto a Alicante, si la flamante comisaria comunitaria fue la que puso arquitectura normativa al fin del trasvase Tajo-Segura, la actual vicepresidenta tercera, lejos de intentar tender puentes y acercar posturas con agricultores y campesinos, se ha dedicado a dar continuidad a los dictado desde el Palacio de La Moncloa.
En cuanto a Valencia, los reproches no se reducen únicamente a lo relacionado con las riadas y a una actitud por parte del Gobierno cuyas máximas expresiones son la frase de si la Generalitat «necesita más recursos, que los pida», la precipitada huida de Sánchez de Paiporta o desde que ese 3 de noviembre no haya vuelto a pisar una calle de ningún municipio afectado por el temporal. Hay más factores.
Cierre en 2030
Uno de ellos es el relacionado con la central nuclear de la localidad de Cofrentes, con cierre previsto para 2030 y que, como con el Tajo-Segura para Alicante, es una infraestructura para el mantenimiento del empleo y la prosperidad económica en la provincia. Bajo los principios de la Agenda 2030 y movimientos similares dentro de lo que algunos llaman wokismo, Sánchez se propuso acabar con las centrales nucleares en España. Dio en su día igual que Rusia invadiera Ucrania y que hasta la Unión Europea (UE) optara por dar marcha atrás en su intención de no prolongar la vida útil de estos recintos. El socialista siguió y sigue empecinado en ir a contracorriente.
El único atisbo de rectificación fue en el marco de la campaña de Extremadura, cuando Aagesen se abrió a que la central de Almaraz pudiera seguir funcionando más allá de 2027. Con un más que sospecho olor a estrategia electoral que, como evidenció el escrutinio, no sirvió para nada al PSOE, la realidad es que el Ejecutivo sigue con sus planes. Y lo hace, incluso después de la 'conversión' de Ribera, ahora firme y repentina defensora de la energía nuclear.
Pero los efectos del cierre de Cofrentes no serían ni mucho menos minúsculos. Todo lo contrario, y de ello ha alertado la Cámara de Comercio de Valencia. En su informe ad hoc, la institución avisa de que supondría «poner en riesgo el modelo industrial valenciano». De este modo, y frente al discurso oficial que denuesta la energía nuclear, hace hincapié en que es «una fuente limpia y sostenible que contribuye a estabilizar los precios de la electricidad y garantiza la competitividad del tejido industrial valenciano».
Imagen de archivo de la vista aérea sobre la central nuclear de Cofrentes
Seguidamente expone que el peligro por el cierre de Cofrentes no sería nada baladí: «Implicaría un serio riesgo para la operatividad de más de 12.000 empresas industriales altamente dependientes del suministro eléctrico, que generan 184.000 empleos directos y condicionan otros 235.000 empleos indirectos», señala el documento.
Por sectores, los más dañados por la política planificada y a punto de ser ejecutada por Sánchez serían «la industria química, cerámica, metalúrgica, alimentaria y del plástico», dado que se verían obligados a «asumir incrementos de costes energéticos y una pérdida de competitividad exterior».
En cuanto a este último aspecto de vertiente internacional, la institución previene en cuanto a las consecuencias en lo concerniente a la inversión extranjera en la región: «Podría verse comprometida ante la volatilidad de los precios y la incertidumbre del suministro. Además, el cierre supondría renunciar a 450 millones de euros de inversión en la próxima década, así como a importantes ingresos tributarios y al posicionamiento estratégico de la Comunidad Valenciana en materia energética», sostiene.
«Grave peligro de colapso»
En el terreno de las propuestas y de elaborar una hoja de ruta a corto, medio y largo plazo, Cámara Valencia también es contundente: «Mantener abierta Cofrentes, revisar su fiscalidad para equipararla a las centrales de otros países europeos y simplificar los trámites burocráticos relacionados con el Pacto Verde Europeo». Igualmente, insta a «aumentar las inversiones en innovación y acelerar el despliegue de energías renovables, en coexistencia con la energía nuclear».
«Sin la energía nuclear, el modelo industrial valenciano corre un grave peligro de colapso», concluye el informe, recalcando que «garantizar una energía estable y asumible es condición indispensable para avanzar en la electrificación, sostener el crecimiento económico y hacer frente a fenómenos extremos como sequías y olas de calor».
