El Gobierno valenciano denuncia que Sánchez quiere acabar con la pesca artesanal con una norma «hecha por extraterrestres»

El portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, además de ese puesto, ostenta el de conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca. Compatibilizando ambas funciones, ha respondido este viernes a las preguntas sobre por la crisis de los pescadores, con los que en esta misma jornada ha mantenido un encuentro con los presidentes provinciales de las cofradías, que le han realizado los periodistas tras la reunión del Pleno del Consell.

Así, el dirigente ha sido contundente al señalar directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de querer «acabar» con la pesca artesanal valenciana y española con una norma «hecha por extraterrestres».

A su juicio, la decisión del Ejecutivo central en relación con la pesca artesanal «obliga a amarrar definitivamente» a esta flota al pretender que los pescadores «cuando están en alta mar, en el momento de la pesca, se produzca el pesaje de cada una de las hasta 200 especies» que hay. «Desde el primer gramo, el pesaje en alta mar, en lugar de en tierra firme, en la lonja», ha recalcado.

Ese pesaje, además, de acuerdo con la norma de La Moncloa, ha dicho, «debería ser comunicado con dos horas y media» antes de llegar a puerto. Esto supone que «los pescadores valencianos que esta mañana se han levantado a las cuatro y media de la mañana, cuando terminen de faenar, deberían estar aguardando la cola dos horas treinta minutos en alta mar para hacer la comunicación de lo que han pescado a tierra firme, lo cual es inviable».

«No pueden, por tanto, estar dos horas y media esperando», ha insistido, y ha añadido que también es «impracticable e inviable» que los pescadores cuando están faenando «se dediquen a pesar en básculas», con las condiciones de oleaje u otras, que puedan producirse. En su opinión, «Pedro Sánchez persigue que el pescado del Mediterráneo que consumen los valencianos venga de Marruecos, que no tiene ninguna limitación para pescar las mismas especies que pescan los barcos artesanales españoles».

Igualmente, Barrachina ha expresado su compromiso con los pescadores de la Comunidad Valenciana: «Queremos que sigan faenando y que sigan pescando y, por tanto, pedimos al Gobierno de España que rectifique y que esta exigencia absolutamente absurda sea retirada», y ha mostrado su apoyo al paro que el sector llevará a cabo a partir del próximo lunes. «Lo que están haciendo con los pescadores valencianos como con los agricultores y con los ganaderos hasta ahora es verdaderamente absolutamente injustificable», ha zanjado.

Peticiones

Tras reunirse con los representantes de las tres Federaciones de Cofradías de Pescadores de la región, y a través de un comunicado, el conseller ha criticado la «desconexión con la realidad» del Ejecutivo de Sánchez al «trasladar sin matices la nueva normativa europea», una regulación que el sector pesquero valenciano considera una carga burocrática excesiva y que «amenaza» con poner en riesgo la viabilidad de la flota de pequeña escala. Así, el conseller ha exigido al Ministerio la paralización inmediata de las medidas más rígidas de la nueva normativa, como el Diario Electrónico de a Bordo (DEA) que «ahoga» al sector, así como la aplicación de la moratoria anunciada, con el fin de «evitar un perjuicio irreversible» al éste.

En concreto, ha reclamado la suspensión de la obligación de comunicar con 2,5 horas de antelación la llegada a puerto con el detalle de las capturas, una exigencia que el sector considera «imposible» de cumplir en el litoral valenciano debido a la cercanía de los caladeros y a la inmediatez que caracteriza la faena diaria en el Mediterráneo.

«No se puede aplicar una política de despacho sin tener en cuenta la realidad de nuestros puertos», ha afirmado el conseller, quien ha exigido una aplicación flexible y adaptada de la normativa europea que permita garantizar el control de las capturas sin asfixiar a un sector estratégico para la Comunidad. Además, ha recordado que el reglamento europeo de control pesquero reconoce la posibilidad de adaptar los plazos de notificación en función de la distancia a puerto y del tipo de actividad, por lo que ha insistido en que «España tiene margen legal suficiente para defender a su flota si existe voluntad política».

Según ha expuesto, la pesca valenciana es mayoritariamente artesanal, sostenible y de pequeña escala, y cumple con las exigencias medioambientales y de trazabilidad, por lo que ha advertido que «una aplicación rígida del DEA puede provocar el amarre de embarcaciones, la pérdida de empleo y la sustitución del pescado local por importaciones procedentes de terceros países con menores exigencias».

En cifras, el sector pesquero valenciano capturó el pasado año 12,8 millones de kilos de pescado, con un valor en lonja de 69,5 millones de euros. En cuanto al apoyo del Consell, la inversión destinada a la modernización de infraestructuras pesqueras y lonjas alcanzará seis millones de euros en 2026.