Benidorm, ante la mayor condena urbanística de la historia de España a un ayuntamiento: 350 millones que amenazan su futuro financiero

Benidorm se asoma a un escenario económico desconocido en la historia reciente del municipalismo español. El Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso de amparo presentado por el Ayuntamiento y ha dejado firme la condena que obliga al Consistorio a pagar más de 350 millones de euros a los propietarios del sector APR-7 de Serra Gelada. La resolución, basada en la «falta de especial trascendencia constitucional», supone el punto final a un litigio que se ha prolongado durante dos décadas y abre ahora la fase más delicada: cómo pagar una deuda de dimensiones colosales sin poner en riesgo los servicios públicos ni la estabilidad financiera de la ciudad.

La decisión del alto tribunal despeja cualquier duda jurídica. Tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el rechazo del recurso de casación por parte del Supremo y, ahora, el portazo del Constitucional, la sentencia es plenamente ejecutable. Las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL ven así reconocido su derecho a una indemnización que nació de los convenios urbanísticos firmados en 2003 y renovados en 2010 para compensar la pérdida de aprovechamientos urbanísticos de unos terrenos que acabaron integrados en el parque natural de Serra Gelada.

El golpe para las arcas municipales es difícil de exagerar. El principal de la condena asciende a 283 millones de euros, a los que se suman ya más de 67 millones en intereses legales acumulados. En total, una factura que supera los 350 millones y que equivale a cerca de tres presupuestos anuales completos del Ayuntamiento de Benidorm. Ningún municipio español se había enfrentado hasta ahora a una condena urbanística de esta magnitud.

El origen del problema se remonta a principios de los años 2000, cuando el planeamiento urbanístico reconocía derechos edificatorios en el APR-7. La posterior protección ambiental del paraje, culminada con la declaración de parque natural y la declaración de impacto ambiental de 2012, cambió de forma radical el escenario. A cambio de renunciar a urbanizar esos suelos, los propietarios aceptaron ser compensados con aprovechamientos en otros sectores del municipio. El bloqueo de esos desarrollos y el vencimiento de los plazos pactados activaron la reclamación económica que hoy ha terminado en los tribunales.

Una bomba de relojería de 20 años

Durante años, el conflicto avanzó entre prórrogas, informes técnicos y decisiones políticas contradictorias. Hubo advertencias tempranas. Ya en 2013, los propietarios reclamaron que los presupuestos municipales incluyeran una previsión para la indemnización, alertando de que el tiempo se agotaba. También entonces surgieron dudas jurídicas sobre si debía ser el Ayuntamiento o la Generalitat quien asumiera el coste de la protección ambiental. Aquella incertidumbre nunca se resolvió del todo y el problema quedó latente, creciendo con el paso del tiempo y los intereses de demora.

Las primeras sentencias no hacían presagiar el desenlace actual. Los juzgados de Alicante llegaron a fijar una indemnización simbólica, de apenas 700.000 euros. Pero el giro llegó en mayo de 2024, cuando el TSJ valenciano estimó la reclamación de las mercantiles y reconoció el valor económico de los aprovechamientos urbanísticos perdidos. A partir de ahí, la cascada judicial fue imparable.

La confirmación definitiva ha provocado un terremoto político y social en la ciudad. El alcalde, el 'popular' Toni Pérez, ha tratado de lanzar un mensaje de calma y ha insistido en que Benidorm «tiene solvencia» y capacidad para buscar soluciones que no pasen por subir impuestos ni recortar servicios. Al mismo tiempo, ha reconocido la dimensión del problema y la presión a la que están sometidos los técnicos municipales para diseñar un plan viable.

En el otro lado, el abogado de los propietarios, José Domingo Monforte, ha celebrado el desenlace judicial y ha subrayado que la sentencia reconoce un principio básico: los convenios firmados por la Administración están para cumplirse. En su opinión, el fallo tiene una sólida base jurídica y corrige años de incumplimientos.

La oposición, sin embargo, dibuja un panorama mucho más oscuro. El PSPV-PSOE ha elevado el tono y habla abiertamente de «quiebra técnica», reclamando responsabilidades políticas y la dimisión del alcalde por una gestión que, a su juicio, hipoteca el futuro de varias generaciones de benidormenses.

Cómo pagar lo impagable

Con la vía judicial cerrada, todas las miradas se centran ahora en las fórmulas de pago. El Ayuntamiento ya ha dado un primer paso al solicitar su adhesión al Fondo de Impulso Económico del Estado, un mecanismo que permite financiar sentencias firmes mediante préstamos en condiciones ventajosas. Por ahora, la petición se limita a 55 millones de euros, una cantidad que apenas cubre una parte del total, pero que permitiría ganar tiempo y aliviar la tesorería municipal.

Ese préstamo, si es aprobado por el Ministerio de Hacienda, tendría un plazo de devolución de hasta doce años y un interés cercano al 3,5 %. El pleno municipal deberá validar el calendario de amortización y asumir que la sentencia tendrá un impacto directo y prolongado en los presupuestos futuros. Al mismo tiempo, el Consistorio no descarta explorar otras vías, incluida la negociación con los acreedores o la ejecución escalonada de la deuda.

Benidorm entra, desde ahora, en territorio desconocido. El municipio que levantó su prosperidad sobre un urbanismo intensivo y un modelo turístico de éxito se ve obligado a asumir las consecuencias de compromisos firmados hace más de dos décadas. La condena por los suelos de Serra Gelada trasciende el ámbito local y se erige en un serio aviso para los ayuntamientos: las decisiones urbanísticas no prescriben con el paso del tiempo. En el caso de Benidorm, el coste ya está fijado y su impacto condicionará la política municipal y las cuentas públicas durante años.