El Gobierno autoriza una consulta popular histórica en un municipio de Alicante

Castalla se prepara para una decisión inédita que va más allá de lo simbólico. El municipio alicantino, con algo más de 11.900 habitantes, deberá pronunciarse en las urnas sobre el futuro calendario de sus fiestas de Moros y Cristianos, el principal acontecimiento social y cultural del año. No será una elección política al uso, sino una consulta que interpela directamente a la forma en que la localidad entiende y organiza una de sus tradiciones más arraigadas.

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo que autoriza la celebración de esta consulta popular, en la que los vecinos deberán elegir entre mantener las fechas tradicionales, del 1 al 4 de septiembre, o adaptar las fiestas para que los actos principales coincidan siempre con el fin de semana. Una decisión que enfrenta el peso de la costumbre con las exigencias de la vida laboral y social actual.

Siete comparsas, la arcabucería y los desfiles convierten esos días en un punto de encuentro que trasciende lo festivo y tiene un impacto directo en la actividad económica local.

Un debate abierto desde hace años

El origen de la consulta está en un debate que lleva tiempo latente. El calendario fijo, heredado de siglos atrás, provoca que muchos actos caigan en días laborables, lo que dificulta la participación de festeros y visitantes. Quienes apuestan por el cambio defienden que un formato de fin de semana favorecería la asistencia y el turismo. Frente a ellos, los defensores de las fechas tradicionales alertan del riesgo de desvirtuar una celebración profundamente ligada a la historia local.

La división quedó patente en 2025, cuando la Agrupación de Comparsas sometió la cuestión a una votación interna de carácter orientativo. El resultado fue casi un empate: 628 votos favorables al cambio frente a 608 contrarios. Apenas 20 votos de diferencia en un censo de más de 1.200 personas, un margen que evidenció la necesidad de trasladar la decisión al conjunto de la ciudadanía.

El marco legal que ampara la consulta

La autorización del Gobierno se sustenta en el marco constitucional y legal. La Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva para autorizar consultas populares por referéndum, mientras que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local reconoce el derecho de los vecinos a ser consultados sobre asuntos de especial relevancia municipal, siempre que se cumplan determinados requisitos.

En el caso de Castalla, el procedimiento ha contado con acuerdo del pleno municipal, los informes preceptivos favorables y la correspondiente solicitud al Ejecutivo, que finalmente ha dado su aprobación.

A la espera de la comunicación oficial

Pese a ello, el alcalde de Castalla, Jesús López Blanco, ha señalado que el Ayuntamiento todavía no ha recibido la notificación formal. En declaraciones a El Debate, el primer edil ha explicado que, una vez llegue la comunicación oficial, se abordará el siguiente paso de forma consensuada. «En el momento de recibirla la estudiaremos conjuntamente con la Agrupación de Comparsas y todos los grupos políticos y articularemos un mecanismo para llevarla a cabo», ha asegurado.

La futura consulta marcará un antes y un después en la organización de las fiestas de Moros y Cristianos de Castalla. Más allá del resultado, el proceso abre un debate de fondo sobre cómo adaptar las tradiciones a los cambios sociales sin perder su esencia.