La pasividad de la candidata de Pedro Sánchez en Valencia da alas a la acampada ilegal de docentes

La acampada ilegal de docentes en la plaza de la Virgen de Valencia tiene viso de ser una patata caliente de difícil solución entre administraciones. Y más cuando la Delegación del Gobierno se niega a actuar de la misma forma que ha ocurrido en anteriores ocasiones: el Cuerpo Nacional de Policía fue quien se encargó de desalojar la acampada del 15M en la plaza del Ayuntamiento de Valencia en julio de 2011.

Este miércoles queda más que clara la postura de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana: toda la culpa de la acampada ilegal de docentes en la plaza de la Virgen la tienen «Juanfran Pérez Llorca y María José Catalá».

Durante siete minutos la también candidata socialista para el Ayuntamiento de Valencia despejó toda posible responsabilidad sobre la administración gestora del Cuerpo Nacional de Policía, organización encargada de velar por la integridad del orden público. «La Policía Nacional va a colaborar con los funcionarios municipales que lo requieran», señaló en un momento dado de su atención a los medios.

A tenor de la versión dada por Pilar Bernabé, la «responsabilidad» es de «Juanfran Pérez Llorca porque no está solucionando el problema existente y está generando uno mayor. El presidente no está asumiendo la responsabilidad que tiene a tenor de sus competencias».

Pero también señaló a María José Catalá, futura contrincante electoral por la vara de mando de la ciudad de Valencia. Tras afirmar que «la convivencia es básica», la delegada socialista apuntó contra la alcaldesa cuestionando si «¿Catalá ha hablado con los vecinos de Valencia que están protestando?».

Pero la clave ya no está en señalar al oponente, sino en entender las palabras que dice un político en un momento de atención periodística. Pilar Bernabé se ha encargado de abrir la puerta, de par en par, a que la protesta ilegal, al carecer de la correspondiente autorización de la propia Delegación del Gobierno, se deba «conciliar con los actos de la fiesta del Corpus Christi». Es decir, que una acampada irregular debe prevalecer por encima de unos actos oficiales organizados por el Ayuntamiento de Valencia.

El problema de Pilar Bernabé es que la hemeroteca le echa por tierra el parlamento político. Y no es buscando cualquier comparativa, sino con la simple búsqueda de quién desalojó acampanadas ilegales en plena vía pública.

A primera hora del martes desde Delegación del Gobierno señalaron a El Debate que la competencia de actuación recaía sobre el Ayuntamiento de Valencia como materia de «ocupación de la vía pública». La ordenanza municipal a la que hacía referencia la administración que gestiona los intereses de Moncloa en Valencia se utiliza para casos de ocupación de las calles con objetos y enseres voluminosos, no con personas como es el caso actual.

El 5 de julio de 2011 fueron los efectivos de la Policía Nacional los que desalojaron, tras dos meses, la acampada del 15M en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Este ejemplo es el más concreto y específico, al tratarse de la misma ciudad, las mismas administraciones implicadas y la misma ordenanza reguladora.

Pero fuera de Valencia también hay casos de acampadas ilegales que fueron desalojadas por la Policía Nacional, extremo que, por el motivo político que sea, por ahora no se contempla. En noviembre de 2023 los agentes del Cuerpo Nacional de Policía dispersaron a un grupo de más de un centenar de personas que había acampado de forma ilegal frente al Congreso de los Diputados para protestar contra la amnistía catalana y la «herencia política del 78».

En junio de 2024 fue la Policía Nacional la que desalojó a un grupo de jóvenes propalestinos que se habían encerrado en la Universidad de Sevilla y en julio de 2025 fue la Policía Nacional la que desplegó un fuerte dispositivo para desalojar a un grupo de personas que ocupaban un camping de Marbella, por ejemplo.

Pero en Valencia dice la Delegación del Gobierno que no tiene competencias para desalojar una acampada que no autorizó y que tampoco anda vigilando. Según ha podido confirmar in situ El Debate, durante la mañana del miércoles sólo había dos agentes de la Policía Nacional dentro de la plaza de la Virgen, aunque en puntos exteriores como en la plaza de la Almoina, plaza de Manises y ante las Cortes Valencianas sí había vehículos policiales. Y todo ello con el aparente objetivo de controlar una marabunta conformada entre algunos docentes y varios activistas políticos, entre ellos como líder la exconcejal de Podemos Datxu Peris.