El gasto en fiestas del Ayuntamiento de La Coruña: de 121.000 euros en un circo a 82.000 euros en un concierto

Mientras un icónico edificio de La Coruña como la Domus es víctima del abandono (lleva tres años con una red en su fachada para evitar desprendimientos y sin que se hayan realizado obras para solucionarlo), el gasto en fiestas del Ayuntamiento, gobernado por la socialista Inés Rey, no se detiene.

La Plataforma de Contratación del Sector Público revela que el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), bajo la responsabilidad del concejal de Cultura, Gonzalo Castro, aprobó gastos tan dispares como 121.000 euros para que la empresa Sweet Nocturna organizase el espectáculo Cirque du Soleil o también otros 121.000 euros para que la sociedad mercantil Revenidas S.C. realizase diversas actividades con motivo de la celebración del programa gallego A Festa das Letras (La fiesta de las Letras, en español).

Este organismo también dio luz verde a otros gastos como un concierto de Bonnie Tyler, por el aprobó abonar 82.280 euros a la empresa Gestión Cultural Art Music Agency SL. Otros contratos de elevadas cuantías incluyen festivales como Resis (79.999 euros) o un concierto de Lenny Kravitz, por el que esta entidad dependiente del Ayuntamiento coruñés autorizó un pago de 65.340 euros a Sweet Nocturna.

Otros contratos del IMCE también revelan que esta entidad financió con 38.400 euros un concierto de Joaquín Sabina, dentro de su gira Hola y Adiós. En este caso, la adjudicataria fue la empresa Promociones Musicales Get in SL.

Anterior polémica

El IMCE ya estuvo en el centro de la polémica a principios de este año, cuando se hizo público que acumulaba facturas irregulares por valor de 3,6 millones de euros derivadas de la organización de fiestas y festivales durante todo el año 2023.

Así lo advirtió un informe elaborado por el interventor general a la ahora de analizar una propuesta del Gobierno local para que abonase 2,5 millones del total pendiente a los proveedores y en el que avisó que estos gastos se realizaron con «omisión» de la función de control de los técnicos municipales, «de la existencia» de partidas presupuestarias asignadas y de los «procedimientos de contratación» exigidos por la normativa legal.

Esta situación llevó al funcionario encargado de vigilar el gasto a advertir a los miembros del pleno municipal de que su aprobación será bajo «su única responsabilidad» al no respetarse el procedimiento de contratación previsto, teniendo en cuenta que «la alternativa que tendrían los empresarios acreedores es la de acudir a los tribunales de justicia a reclamar sus deudas».