Construcor aplaude con matices los planes de la Junta para la construcción de VPO

La Junta de Andalucía está divulgando las medidas contenidas en el decreto ley de medidas urgentes para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) con el objetivo de culminar 20.000 en los próximos 20 años, de las que 2.000 corresponden a la provincia de Córdoba. Para ello, la Administración andaluza ha dispuesto un paquete de medidas que la Asociación de Empresarios de la Construcción e Infraestructuras de Córdoba (Construcor) considera positivas aunque echa en falta algunas cuestiones.

El contenido de ese decreto ley ha sido explicado este martes a los empresarios y ayuntamientos de la provincia por parte de la Junta, en el transcurso de una jornada organizada conjuntamente con Construcor. Una de las claves de estas propuesta es la necesidad de la colaboración público privada, razón por la que se ha pedido la colaboración de todas las partes implicadas con la finalidad de materializar de forma conjunta esta construcción de VPO que vendría a paliar la situación de falta de vivienda que se vive en toda España y que dificulta considerablemente el acceso a la misma.

Colaboración público privada

Construcor, por su parte, ha recibido «con optimismo» esta iniciativa puesta en marcha por la Junta de Andalucía, ya que, en su opinión, «anticipa medidas necesarias antes de la aprobación de una Ley definitiva». Su presidenta, María Dolores Jiménez, pone el acento en la colaboración público privada, para lo que pide el establecimiento de una serie de modelos que contemplen medidas como «la reducción efectiva de los plazos de licencias y permisos de obras de edificación» así como «la rebaja del IVA en la enajenación de suelo público para la construcción de VPO».

Jiménez también reclama «incentivar el incremento de edificabilidad al tope de lo que permita el real decreto siempre» y «establecer modelos en los que el suelo lo pone la Administración y recibe su valor en forma de viviendas una vez concluida la construcción».

Sobre estos modelos, la presidenta de Construcor explica que «en los mismos se pueden incorporar aportaciones directas vía subvenciones, presupuestos generales o mediante la propuesta de alquiler al promotor de bajos y garajes de dichas edificaciones garantizadas por la Administración, porque son claves para lograr que el modelo consiga el objetivo final de conseguir alquileres a muy bajo coste de forma que sea viable en su conjunto para el promotor, la Administración y los usuarios finales, que serían los inquilinos».

Otra de las aportaciones que se realizan desde la patronal cordobesa de la construcción es que «el usuario del alquiler de las viviendas sea siempre la Administración, pues es la que impone a los inquilinos y debe asumir el riesgo de impagos que puede asumir por su cuenta como veladora del bienestar social».

Por último, María Dolores Jiménez explica que «para hacer apetecible este modelo los promotores pueden permanecer durante el tiempo que dure la colaboración público privada como gestores de toda la operativa de un edificio de alquiler en beneficio de la Administración, pero sin riesgo de impagos, por lo comentado antes, consiguiéndose con esto que la Administración no incremente su carga de trabajo al hacerlo el promotor en su nombre».

La situación en la capital

La llegada de este decreto ley de la Junta de Andalucía para la construcción de VPO pilla a Córdoba con el desarrollo de 7.500 viviendas que se reparten en zonas clave, como Ciudad Jardín de Poniente (3.000), Huerta de Santa Isabel (2.500), Puerta de Córdoba (2.000).

Como una iniciativa propia del Ayuntamiento ha nacido el denominado Plan Vives, consistente en la construcción de 600 alojamientos en alquiler para jóvenes menores de 35 años en siete zonas de la capital con un presupuesto total de 72,3 millones de euros que se reparten de la siguiente manera: Pretorio (52), Carlos III (74), Fuensanta (98), Miraflores (74), Azahara (110), Fontanar (90) y Tablero Bajo (102).