Groseros y arbitrarios
El 14 de julio último, la Audiencia Provincial de Badajoz, por unanimidad de sus magistrados, condenaba por prevaricación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación, y al exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo el doble de dicha pena. Lejos de dar cuenta de las actividades del Gobierno, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se convirtió en una soflama, apostando los distintos miembros del ejecutivo a ver quien arremetía con más fiereza contra la independencia judicial.
Para los magistrados quedó claro que se había practicado un «ejercicio arbitrario del poder de forma grosera», advirtiendo expresamente que «el enchufismo es una práctica poco ética que daña la salud democrática y fomenta la corrupción». Unos días antes, el 22 de junio, el Tribunal Supremo había dictado sentencia, también por unanimidad, en la que se condenaba, entre otros, al exministro y mano derecha de Pedro Sánchez, Jose Luis Abalos, por graves delitos de corrupción. El alto tribunal realizó alegatos irrefutables en defense del orden constitucional, porque «la corrupción quiebra la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía», provocando una «pérdida de legitimidad institucional» y socavando «la arquitectura democrática de nuestro Estado de derecho».
La reacción del sanchismo ante el desfile de 423 imputados de su cuerda por los tribunales no puede ser más deprimente, y debe alertarnos de que Sánchez está dispuesto a arrastrar al país a una profunda crisis para encubrir su deriva totalitaria, provocando, como dice Ignacio Varela, el pretexto de un supuesto golpe de Estado organizado por la cúpula judicial contra él. Hoy son perfectamente comprensibles aquellas duras palabras de Alfonso Guerra en el programa Espejo Público del 23 de junio de 2025, afirmando que su partido estaba «en manos de bandidos y macarras», solo «empeñados en proteger a Pedro Sánchez y no al PSOE». Es la consecuencia de «haberse rodeado de una banda de delincuentes, nombrados por el secretario general del partido, y de haber comprado el apoyo de gente que no quiere a la nación española ni al régimen democrático» que nos hemos dado los españoles.
Un partido con cerca de 150 años de historia tiene enormes episodios de luces y sombras, como toda obra humana, pero un mínimo de rigor intelectual nos debe llevar a reconocer que fue la época socialdemócrata inaugururada por Felipe González la de mayor beneficio para el conjunto de la sociedad. La propia reacción de sus dirigentes, ante irregularidades diversas, pone de manifiesto el abismo entre aquello que se llamó felipismo y esto que hoy conocemos como sanchismo.
El 14 de enero de 1991, Alfonso Guerra dimitió como vicepresidente del Gobierno de España, tras haber estallado el caso de su hermano Juan por haber utilizado un despacho oficial para negocios particulares. Guerra compareció en el Congreso para dar explicaciones, negando estar al tanto de las andanzas de su hermano, pese a lo cual terminó aceptando su responsabilidad política dimitiendo. Hoy la esposa del presidente no utilizó para hacer negocios un pequeño despacho de una delegación gubernamental sino la misma sede presidencial, sin que nadie dé explicaciones.
El 30 de abril de 1994 dimitió el ministro de Interior Antoni Asunción, al día siguiente de que se fugara de España Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, acusado de malversación, cohecho, fraude fiscal y estafa. El dimisionario asumió la responsabilidad política de la fuga, con un criterio de estricto respeto a los comportamientos democráticos, algo que ignoran los actuales dirigentes socialistas. Ni Guerra ni Asunción culparon a los jueces de investigar conductas ilícitas y, como tantos viejos socialistas, asisten hoy abochornados al espectáculo denigratorio del poder judicial emprendido por quienes lideran ahora su viejo partido.
Es deprimente comparar los anteriores comportamientos con la servidumbre actual de una manada de ministros que emiten juicios precocinados, balando en exclusiva al servicio de lo que ellos mismos llaman el puto amo. Las reacciones en cadena que se orquestan desde la órbita de un poder empeñado en dividirnos, ponen de manifiesto, cada vez de forma más palmaria, la voluntad insurrecta hacia una deriva populista e iliberal propia de una republica bananera. Es la consecuencia lógica de lo que Félix de Azúa constató hace tiempo: «la evidencia de que esa banda de malhechores se ha apoderado del Estado».
Anulado el Parlamento y ocupado el Tribunal Constitucional, Radio Televisión Española, el sector público empresarial y la Fiscalía General, han fracasado hasta ahora las intentonas sanchistas para controlar a los jueces y a la Fiscalía Anticorrupción, y se ha puesto en riesgo la credibilidad de la institución más respetada por los españoles como es la Guardia Civil, con un ataque sin precedentes hacia la labor objetiva de las policías judiciales.
Estas líneas se escriben horas antes de que la selección española dispute la final del campeonato del mundo de fútbol. Cualquiera que sea el resultado, nuestros deportistas han enseñado el camino de la unión, el esfuerzo, la calidad y la solidaridad como elementos básicos para triunfar en cualquier sector de la vida. Seguro que el país iría mucho mejor si se copiaran esas virtudes, en vez de basar la acción política en la división, el enfrentamiento, el enchufismo y el privilegio. La España futbolística elige a los mejores; la España sanchista quiere enchufados, pelotas, arbitrarios y groseros. Esa es la diferencia: mérito y capacidad o nepotismo; ética o corrupción.
