Ayuso cerrará el año con estas siete aprobaciones: de las leyes LGBT a la agencia de ciberseguridad

El final de año está siendo frenético para la agenda legislativa de la Comunidad de Madrid. Antes de que el mítico reloj de Sol anuncie el comienzo del nuevo año, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso terminará de aprobar una batería de nuevas leyes que marcarán el 2024.

Concretamente, saldrán adelante siete medidas basadas en el impulso de la economía y la modificación de ciertos aspectos ideológicos que la región. Por el momento, han quedado aprobadas la deflactación del IRPF y la Proposición de Ley que modifica la bonificación del Impuesto de Patrimonio.

La deflactación se llevará a cabo por segundo año consecutivo remarcando una de las principales características del Ejecutivo madrileño que siempre ha abogado por la bajada de impuestos. Por su parte, la Proposición de Ley para modificar la bonificación del impuesto de Patrimonio permitirá a la Comunidad de Madrid asumir la recaudación del impuesto Temporal de Solidaridad de Grandes Fortunas (ITSGF) en 2024. Esta decisión se tomó después de que el Constitucional avalase el tributo del Gobierno de Pedro Sánchez. El fin de la recuperación del autonómico impuesto de Patrimonio tiene como finalidad ingresar el dinero en las arcas de la región y poder invertirlo así en fines elegidos por su Ejecutivo.

Pero estas dos medidas no son las únicas que se aprobarán antes de que acabe el 2023. La Comunidad de Madrid aprobará este viernes los Presupuestos de la región. A estas iniciativas legislativas se suma también el Proyecto de Ley para la creación de la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid, que ha sido aprobado por Asamblea en el pleno del pasado 14 de diciembre. Este nuevo organismo tiene como principales objetivos potenciar las capacidades de la Administración frente a los crecientes ciberataques, colaborar con las entidades municipales de menos de 20.000 habitantes que no disponen de estrategias ni medios para proteger sus sistemas, fomentar el emprendimiento del ecosistema empresarial del sector, impulsar la cultura en este ámbito y ofrecer a los ciudadanos el marco de confianza necesario en su relación con los medios electrónicos.

Por otro lado, las cuentas regionales también quedarán aprobadas esta misma semana. Los presupuestos presentados son los más elevados de la historia de la región con una cifra total de 27.558 millones, un 19,6 % más que los de 2022, los últimos aprobados. De ellos destaca la dotación de Sanidad con 10.000 millones de euros, lo que supone el 37 % de las nuevas cuentas. Esta inversión busca la mejora del servicio público y, además, aplacar las críticas de la izquierda sobre la sanidad madrileña. Asimismo, Educación recibirá casi 6.500 millones y Transportes y Vivienda y Política Sociales cerca de 3.000 millones cada una; con lo que todas las áreas de gobierno verán incrementada su dotación para el próximo año.

Además, el GPP ha elaborado una serie de medidas con las que pretenden mejorar la eficacia de las instituciones. A través de esta Proposición de Ley de Medidas para la Simplificación y Mejora de la Eficacia de Instituciones y Organismos de la Comunidad de Madrid se revisará y modificarán leyes que regulan instituciones y órganos fundamentales para dotarlos de mayor agilidad y para superar situaciones de bloqueo en sus actuaciones. Entre las más relevantes, la nueva ley facilita la toma de decisiones de los organismos autonómicos, se fortalece el control de las cuentas públicas a través de la Cámara de Cuentas, se habilita al Consejo de Gobierno para que revise la vigencia de disposiciones organizativas y se mejora la cobertura de personal al déficit de sanitarios en especialidades médicas. Asimismo, el GPP llevará también al pleno que cierra este primer periodo legislativo la aprobación de dos proposiciones de ley para modificar la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual.

Tal y como defienden desde el GPP, el objetivo de estas propuestas es dar mayor claridad y seguridad jurídica para garantizar su protección y asegurar la igualdad efectiva entre todos los ciudadanos. Por último, el Parlamento regional se pronunciará ese mismo día sobre la creación de una Comisión de Estudio para para Abordar el Uso de la Tecnología por parte de la Infancia y la Adolescencia. Esta Comisión nace después de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso abordase este asunto ya en las primeras reuniones con los portavoces y finalmente se creará por consenso de todos los grupos parlamentarios. Está previsto que por ella pasen expertos, profesionales de la Administración, de la sociedad civil, de la industria; incluso, los propios adolescentes a través de asociaciones y entidades para tratar el uso que se hace de las pantallas, de los contenidos a los que acceden, el tiempo que están conectados a esos dispositivos o la información que reciben a través de ellos, entre otras cuestiones.