El PP de Alcorcón vuelve a pedir explicaciones para aclarar las «graves irregularidades» de un centro de mayores

El Grupo Municipal del Partido Popular en Alcorcón ha vuelto a solicitar la comparecencia de Trinidad Castillo, concejal de Transición Ecológica, Movilidad, Educación y Medio Ambiente, en el próximo Pleno Municipal. El objetivo es que ofrezca explicaciones claras y detalladas sobre las «presuntas» irregularidades detectadas durante la ejecución de las obras del Centro de Mayores Salvador Allende.

Esta nueva petición se presenta tras varios meses en los que el Partido Popular ha realizado denuncias públicas sobre las numerosas deficiencias que arrastra este proyecto. Entre los aspectos señalados, destacan el incumplimiento en la sustitución de los ascensores, la falta de medidas adecuadas de accesibilidad cognitiva, la inexistencia de pictogramas que faciliten la inclusión de todos los usuarios y la supresión del servicio de cafetería, un recurso fundamental para la vida social de los mayores.

Junto a estos fallos técnicos, también se denuncian anomalías de tipo económico, como la inclusión de 35.000 euros en conceptos de precios contradictorios —lo que supone un 3 % del importe total del contrato— que fueron gestionados sin el trámite correspondiente de modificación contractual. Esta actuación, calificada de opaca, ha levantado sospechas sobre la legalidad del procedimiento, el destino correcto de los recursos públicos y el respeto a los principios del buen gobierno.

A todas estas carencias se suma lo que el PP califica como una absoluta falta de transparencia por parte del equipo de gobierno encabezado por Candelaria Testa y Trinidad Castillo. Cabe destacar que, a instancias del Grupo Municipal Popular, ya se solicitó la comparecencia de Castillo ante la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación, con el fin de explicar la adjudicación y el desarrollo de las obras. Sin embargo, tanto la concejal como el técnico municipal citado se negaron a asistir, amparándose en un informe jurídico que nunca fue compartido con los miembros de la Comisión, incumpliendo así el artículo 133 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM).

«La negativa a comparecer entonces y la falta de transparencia durante todo el proceso evidencian una actitud inadmisible de la que, por desgracia, ya estamos acostumbrados en Alcorcón. Desde nuestro Grupo Municipal hacemos nuestro trabajo y fiscalizamos la gestión de este gobierno para que todo cumpla con la legalidad para que no lleguemos a situaciones pasadas que han derivado en condenas hacia este Ayuntamiento. Pedimos a la Sra. Testa, que deje dar explicaciones a su concejal sobre las presuntas irregularidades y el proceso llevado en una obra que es un auténtico dolor de cabeza para nuestros mayores, llena de problemas y retrasos», ha señalado Roberto Marín Vergara, Presidente y Portavoz del Partido Popular de Alcorcón.

El centro, que permaneció cerrado durante un largo periodo, ha reabierto parcialmente, aunque presenta importantes deficiencias. La falta del servicio de cafetería y los problemas en accesibilidad han supuesto una pérdida en la calidad de las instalaciones que los mayores disfrutaban antes del inicio de las obras. A esto se añaden modificaciones durante la ejecución del proyecto que no han sido explicadas ni justificadas públicamente. También ha generado gran controversia la decisión de la alcaldesa de asignar casi el doble de presupuesto al área de bienestar animal que al destinado a los mayores, lo que ha provocado indignación entre los vecinos del municipio.

Desde el PP de Alcorcón consideran imprescindible que la concejal comparezca ante el Pleno para asumir su responsabilidad política. «La transparencia no es una opción, es una obligación. No se puede seguir gestionando de espaldas a los ciudadanos, ocultando información y negándose a rendir cuentas ante los órganos de control municipal. Exigimos que Trinidad Castillo no se esconda otra vez y responda a todas las preguntas pendientes, aportando la documentación necesaria para esclarecer las dudas que todavía existen sobre la legalidad y la gestión de estas obras».

Asimismo señalan que «la fiscalización a los gobiernos socialistas en Alcorcón debe ser exhaustiva, dados sus graves antecedentes judiciales. Los pasados gobiernos de Enrique Cascallana y Natalia de Andrés dejaron una estela de malas prácticas que aún hoy repercuten en la ciudad. Sus equipos fueron condenados por la quiebra de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (EMGIASA), derivada de proyectos faraónicos como el CREAA o de irregularidades en la expropiación de terrenos del Ensanche Sur, que costaron 55 millones de euros a las arcas públicas».

«Estas decisiones irresponsables sumieron a Alcorcón en una deuda abultada de 612 millones, que sigue lastrando las finanzas municipales. Mientras los vecinos sufren subidas constantes de impuestos como el IBI o el «tasazo» de basuras, la ciudad permanece intervenida hasta 2035, incapaz de avanzar por las cicatrices generadas de una gestión socialista marcada por el despilfarro y la opacidad», concretan.