Gran ofensiva contra la inmigración ilegal en Madrid tras los episodios de Alcalá y Pozuelo

La noticia de la intención de Pedro Sánchez de trasladar a Pozuelo de Alarcón a 400 menores inmigrantes no acompañados, unida al terrible suceso del pasado sábado en Alcalá de Henares, donde un residente en el centro de inmigrantes de la localidad violó a una joven española a plena luz del día, han desencadenado una gran ofensiva contra la inmigración ilegal en Madrid.

Desde el Gobierno regional, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, han exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez el cierre de los tres macrocampamentos para inmigrantes, el de Pozuelo, el de Alcalá y el de Carabanchel, al tiempo que han pedido a la Delegación del Gobierno aumentar la seguridad en los entornos de estos lugares.

Aunque las críticas la política migratoria desplegada desde el Palacio de la Moncloa son una constante en la Puerta del Sol, los episodios de los últimos días han puesto en guardia, no sólo al Gobierno autonómico, sino también a las administraciones locales, que observan con preocupación los acontecimientos.

Así lo reconocía esta semana en una entrevista con El Debate la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, quien teme que la llegada de esos 400 menores extranjeros no acompañados ponga en riesgo la seguridad de un municipio con una de las tasas de criminalidad más bajas de toda España.

Además, la primera edil se pregunta por qué el Gobierno considera que un municipio como Pozuelo, con poco más de 89.000 habitantes, tiene capacidad para absorber esa cantidad de inmigrantes, mientras que en otros como Fuenlabrada, con más de 192.000, consideran un 'macrocentro' las instalaciones autonómicas de La Cantueña para acoger a 96 menas. Una postura difícil de justificar si no es porque el Gobierno quiere «castigar a los ayuntamientos donde gobierna el PP».

Por su parte, la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, que lleva desde que abrió sus puertas en enero de 2024 pidiendo el cierre del centro de inmigrantes instalado en el acuartelamiento 'Primo de Rivera' de la ciudad, ha redoblado esta exigencia tras confirmarse que el autor de la violación a una joven española de 21 años el pasado sábado era residente en este lugar, procedente de Malí.

Así, ha avanzado que en el próximo Pleno del Ayuntamiento, que se celebra el 15 de julio, va a presentar una moción en la que pide al Ejecutivo central el cierre de estas instalaciones, donde actualmente hay acogidos a 1.700 inmigrantes ilegales y por el que, a lo largo de este último año y medio, ya han pasado 10.000 extranjeros sin papeles.

Además, desde Vox también han pedido el cierre de todos estos centros aunque, lejos de mostrarse alineados con las reivindicaciones del PP, acusan a la formación de «hipócrita y cómplice» de la política migratoria de Sánchez.

Por el contrario, el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista Francisco Martín, enmarca estas peticiones en un intento de «criminalizar la inmigración» que tacha de «irresponsable y peligrosa».

Para Martín, la vinculación entre la inseguridad y la inmigración es una «gran mentira» y una «injusticia». Lo que hay que hacer, a su juicio, es responder con «responsabilidad» y «saliendo de la espiral del barro» a una crisis migratoria que es de «escala global», tal y como apuntó en una entrevista esta semana en la Cadena Ser.

Además, el socialista ha acusado a Díaz Ayuso de «abrazar a unos inmigrantes», mientras que con otros se muestra «muy contundente y los criminaliza».

Pero la postura del delegado no se ha limitado al plano retórico. Este viernes emitía una resolución para prohibir una manifestación frente al centro de inmigrantes convocada por un particular, en una decisión que, para la alcaldesa de Alcalá, supone «coartar las libertades de los alcalaínos» e impedirles «que puedan manifestar su preocupación y hartazgo» en el entorno del centro.

La Delegación obligó, a través de esa resolución, a que la concentración tuviera lugar en la Plaza de la Paloma aludiendo al riesgo detectado por la Policía. En este sentido, apuntó a las «situaciones de violencia acontecidas en la tarde del miércoles en una concentración no comunicada con el mismo objetivo y en los mensajes de odio y violencia emitidos por particulares y colectivos que informan de su intención de asistir a dicha concentración».

Y es que, cabe recordar que una manifestación el pasado miércoles de similares características, en este caso, convocada en la Plaza de Cervantes, frente al Ayuntamiento de la localidad, y secundada por Vox, se saldó con cuatro detenidos, tres por desórdenes públicos y otro por resistencia a la autoridad, frente al centro de inmigrantes, a donde, de forma espontánea, se trasladaron algunos de los asistentes.