La alcaldesa de Pozuelo, ante la llegada de 400 menas: «A Fuenlabrada no pueden ir 96 pero aquí 400, sí»

El tranquilo municipio de Pozuelo de Alarcón, uno de los más adinerados de la región, donde conviven más de 89.000 habitantes con una de las tasas de criminalidad más bajas de la Comunidad de Madrid, ha saltado a la palestra mediática por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de instalar ahí a 400 menores inmigrantes no acompañados solicitantes de asilo procedentes de Canarias.

La alcaldesa de Pozuelo, la popular Paloma Tejero, se enteró de este ofrecimiento a través de la prensa y en una entrevista con El Debate deja patente su indignación y explica los motivos por los que desde el Ayuntamiento se oponen «frontalmente» a este desembarco masivo de inmigrantes menores de edad.

Tejero cree que desde Moncloa tratan de «castigar y demonizar a Madrid» con este tipo de políticas y se pregunta cómo es posible que en Fuenlabrada, donde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene un centro de menas con capacidad para menos de un centenar de personas, los socialistas hablan de «macrocentro» y exigen su cierre pero, mientras tanto, resulta que sí se pueden instalar en Pozuelo de Alarcón 400 menores.

— ¿Cómo tuvieron conocimiento en el Ayuntamiento de la intención del Gobierno de trasladar aquí a 400 menores inmigrantes no acompañados?

— Nos enteramos por la prensa, no ha habido ninguna comunicación oficial. Hemos escrito al Ministerio de Infancia y a la Delegación del Gobierno y aún estamos a la espera de recibir una respuesta. Además, hemos puesto el tema en conocimiento de la Fiscalía de Menores.

— ¿Cómo podría afectar al municipio la llegada de estos menores procedentes de Canarias?

— Nos oponemos frontalmente a su traslado. Ese centro —Centro de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazadas desde Ucrania (CREADE), ubicado en el Paseo de la Casa de Campo 1 de Pozuelo de Alarcón— ya está al 83 % de ocupación. Es un centro de acogimiento y traslado, un recurso temporal que lleva desde octubre de 2023 en funcionamiento. Ha albergado a cientos de subsaharianos y ha contado con toda la colaboración del Ayuntamiento. Pero lo que quieren hacer ahora no tiene nada que ver con lo que tenemos actualmente. Quieren transformarlo en un recurso permanente para acoger a adolescentes, cuando es un lugar que no reúne las condiciones necesarias para acoger a menores de edad.

La ubicación es totalmente temeraria, está en una zona residencial con un colegio enfrente y no cuenta con los requisitos mínimos como tiene, por ejemplo, La Cantueña de Fuenlabrada, que tanto critica el PSOE, que ha llegado a hablar de hacinamiento, de masificación y de gueto sobre un espacio en el que caben 96 menores y ahora quieren juntar a 400. Estamos inmersos en una política migratoria que es un caos. No puede ser que los ayuntamientos seamos los 'paganinis' de esta política fracasada en la que, cuando no saben que hacer con ellos, pues se lo colocamos al ayuntamiento de turno y, si es del PP, mucho mejor. Porque, claro, a Fuenlabrada no se pueden llevar, pero a Pozuelo, sí.

— ¿Cree que al Gobierno le ha influido el hecho de que Pozuelo sea un municipio gobernado por el PP —y donde tradicionalmente siempre ha gobernado este partido— a la hora de tomar esta decisión?

— Claro. Tratan de demonizar y de castigar a Madrid, en lugar de sentarse con las comunidades y, de una forma sensata, hacer un reparto transparente y con criterios objetivos. Como es Ayuso, como es la Comunidad de Madrid, como es un municipio del PP, vamos a castigarles utilizando a esta pobre gente, que son menores de edad a los que están utilizando como fardos y como arma arrojadiza contra el PP. Es intolerable. Las mafias están encantadas con lo que está sucediendo y no puede ser. Nos vamos a oponer con todo lo que esté a nuestro alcance.

— ¿Qué saben en el Ayuntamiento de cómo ha funcionado hasta ahora este centro?

— Primero se transformó, en 2022, en un centro para acoger a refugiados ucranianos. Después, en 2023 en plena crisis migratoria, empezaron a traer a inmigrantes subsaharianos. Los empezaron a traer en autobús, por la noche y sin avisar y generó una gran alarma en la zona, porque les veían vagar sin rumbo en grupos de 20 o 30 en una zona que es residencial y muy tranquila. Aunque, al principio, tuvimos problemas con el ministerio y la delegación, poco a poco, conseguimos cierta convivencia y tranquilidad. Incrementamos las medidas de seguridad, pero sí es cierto que no nos han ido dando información fluida, no sabemos muy bien qué pasa con ellos. Sabemos que vienen y se van. O sea, que no es un recurso pensado, ni construido, ni diseñado para que sea una residencia permanente.

Hay cierta sensación de inseguridad entre los vecinos porque es un flujo permanente de gente adulta, que va y viene. Hay problemas de suciedad y las mismas ONGs no ejercen controles sobre ellos. Entran y salen cuando quieren. Las normas de higiene también dejan mucho que desear. No es un recurso con el que estemos cómodos ni con el que estemos conformes, pero no tenemos ninguna capacidad de decisión. A nuestro nivel competencial lo único que podemos hacer es reforzar la vigilancia y la seguridad en la zona, que es lo que hacemos.

— ¿De cuántas personas estamos hablando?

— No tenemos el dato oficial pero, por la información que nos llega, unas 465.

— Y si está al 83 % de su capacidad y ahora van a entrar otras 400 personas, ¿se desbordaría?

— En qué cabeza cabe. No sé si ha sido una ocurrencia de última hora o es que no sabemos muy bien que van a hacer. Si a los que están allí les van a echar, los van a soltar por la ciudad...

— ¿Qué le han trasladado los vecinos? ¿Temen que puedan darse episodios como la reciente violación en Alcalá por parte de un residente del centro de inmigrantes de esa localidad?

-Nuestros vecinos, viendo lo que está ocurriendo en Alcalá, tienen miedo. Yo, por supuesto, voy a ser la primera que proteja sus intereses y su modo de vida. Nos tachan de racistas, de insolidarios... y, no. Nosotros ya estamos conviviendo con ellos en ese centro desde hace muchos meses. Pero no nos olvidemos que Pozuelo es elegida por muchísimas personas porque somos una de las ciudades más seguras de España y la ciudad con menor tasa de criminalidad de la Comunidad de Madrid. Esa es una de las señas de identidad de nuestra ciudad y mi obligación es que se mantenga. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Nos vamos a oponer frontalmente a este cambio. Nosotros no pedimos que lo cierren, pedimos que se quede como está y no nos traigan aquí a menores sin control para quitárselos de encima al Gobierno de España porque no saben qué hacer con ellos.