Coche de la Guardia Civil
Piden 51 años de cárcel para tres guardias civiles por sustraer efectos en registros en Madrid
Durante las detenciones, según expusieron los testigos, se les intervino una gran cantidad de sustancias estupefacientes
La Fiscalía de Madrid solicita penas de entre 51 años y cuatro años de prisión para tres agentes de la Guardia Civil por su presunta implicación en delitos de robo con intimidación, extorsión, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos, entre otros, cometidos presuntamente mientras se encontraban en servicio activo en la Comunidad de Madrid.
El juicio se celebra desde esta semana en la Audiencia Provincial de Madrid, donde este martes han declarado varios agentes que participaron en los seguimientos y vigilancias a los acusados, una investigación que culminó con su detención en agosto de 2020. Los procesados declararán la próxima semana, una vez se practique la prueba testifical y pericial.
Durante las detenciones, según expusieron los testigos, se les intervino una gran cantidad de sustancias estupefacientes. También han prestado declaración los agentes que realizaron las escuchas telefónicas a los procesados.
Los acusados eran agentes en activo en el momento de los hechos, adscritos a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Madrid (USECIC), donde desempeñaban labores policiales en distintos municipios de la Comunidad de Madrid.
Según el escrito de acusación del fiscal, los tres procesados habrían actuado abusando de su condición de agentes de la autoridad y prevaliéndose de su cargo, desarrollando una dinámica continuada de actuaciones ilícitas durante el año 2020.
Entre las conductas atribuidas se encuentran la sustracción de efectos durante entradas y registros, la intimidación y agresión a personas que frecuentaban la Cañada Real Galiana con el objetivo de apoderarse de dinero o droga, así como la apropiación de material propiedad de la Guardia Civil.
La Fiscalía también les acusa de acceder de forma indebida a bases de datos policiales, utilizando la información obtenida en beneficio propio o de terceros, así como de revelar datos reservados a personas ajenas a la investigación policial. Asimismo, se les atribuye la elaboración de denuncias con datos falsos y la omisión deliberada de su deber de perseguir delitos.
En función de la participación atribuida a cada acusado, el Ministerio Público reclama para uno de los acusados 51 años de prisión, mientras que para los otros dos pide cuatro y cinco años de cárcel.
