El PSOE de Alcalá de Henares
El PSOE de Alcalá dio a dedo contratos a familiares de concejales eludiendo cualquier sistema de control
Diez de las once facturas fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local con presencia directa de la edil
La Comisión Especial de Investigación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha constatado que durante el anterior mandato municipal, gobernado por el PSOE, se aprobaron pagos y adjudicaciones a empresas vinculadas familiar o personalmente a concejales socialistas con la presencia de estas en los órganos de contratación, sin que conste abstención ni comunicación formal de conflicto de intereses en los expedientes analizados.
Así lo recogen las conclusiones finales de la Comisión aprobadas tras un trabajo exhaustivo basado en documentación administrativa oficial, expedientes completos de gasto, actas de órganos colegiados, certificaciones de Intervención Municipal, registros mercantiles y declaraciones de técnicos y personal municipal.
En un primer bloque, la Comisión acredita la existencia de un vínculo familiar de primer grado entre una concejal del PSOE y la administradora única de una empresa proveedora del Ayuntamiento, vínculo reconocido públicamente. Pese a ello, durante el periodo comprendido entre 2019 y 2023, el Ayuntamiento abonó once facturas a dicha mercantil por un importe total superior a los 5.200 euros, correspondientes a inserciones publicitarias y suministros.
El informe detalla que la concejal vinculada asistió a siete sesiones de la Junta de Gobierno Local y del Pleno en las que se aprobaron propuestas de autorización, disposición, obligación y pago a favor de la empresa relacionada.
La Comisión recoge igualmente que diez de las once facturas fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local y una mediante reconocimiento extrajudicial de crédito aprobado en Pleno, con presencia directa de la edil afectada, quedando acreditada su participación en los órganos decisorios responsables de autorizar el gasto público.
En un segundo bloque de conclusiones, la Comisión analiza la contratación reiterada de otra empresa administrada por la pareja de una concejal socialista, que prestó servicios tanto al Ayuntamiento de Alcalá de Henares como al ente público dependiente Alcalá Desarrollo.
En este caso, el informe final cifra en 33.480,38 euros el importe total abonado entre los años 2019 y 2023, mediante contratos menores sucesivos y encadenados en el tiempo.
Las conclusiones acreditan que la concejal participó en la conformidad de determinadas facturas, asistió como miembro o invitada a sesiones de la Junta de Gobierno Local donde se aprobaron pagos a dicha empresa, y no consta abstención ni advertencia formal de conflicto de intereses, pese a tratarse de decisiones reiteradas a lo largo de varias anualidades.
La Comisión deja constancia de que algunas facturas fueron conformadas por la propia concejal y otras aprobadas en sesiones en las que formaba parte del órgano decisor, circunstancias acreditadas mediante certificaciones oficiales incorporadas al expediente.
Análisis del procedimiento
El informe subraya que todos los contratos analizados se tramitaron como contratos menores, encadenados por anualidades, conceptos similares y áreas municipales diversas, sin que consten mecanismos de control o cautelas reforzadas pese a la reiteración de proveedores y a la existencia de vínculos personales acreditados.
La Comisión concluye que los controles aplicados fueron exclusivamente formales, limitándose a la tramitación administrativa ordinaria, sin que se activaran medidas específicas de prevención de conflictos de intereses ni advertencias internas en los expedientes.
El informe destaca que las decisiones de gasto afectaron a distintas áreas municipales, lo que demuestra que no se trata de un único departamento ni de una actuación aislada, sino de una práctica sostenida durante todo el mandato del PSOE.
Críticas del PP
Desde el PP, Isabel Ruiz Maldonado ha afirmado que «las conclusiones de la Comisión no describen un error puntual, sino una forma de gobernar que normalizó situaciones de conflicto y diluyó los límites entre lo público y lo personal».
«Durante años, el PSOE exigió a otros lo que no aplicó cuando tuvo responsabilidades de gobierno. Las conclusiones desmontan ese relato con hechos, no con opiniones», ha señalado.
Ruiz Maldonado ha subrayado que «no estamos ante titulares ni debates partidistas, sino ante documentación oficial del propio Ayuntamiento: facturas, actas, certificados y declaraciones técnicas que acreditan lo ocurrido».
A su juicio, «la ausencia de abstenciones, la participación en órganos decisorios y la reiteración de contratos evidencian un fallo grave de ejemplaridad política». «Es una cuestión ética y de responsabilidad pública», ha añadido.
