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Asier Badiola, a la izquierda, en una imagen de archivo

Excarcelación presos ETA

Las víctimas del terrorismo denuncian un nuevo régimen de semilibertad concedido al etarra Asier Badiola

Asier Badiola fue condenado por colocar un coche bomba en una comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa en 2008.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha vuelto a encender las alarmas sobre la política penitenciaria aplicada a los presos de ETA tras la concesión de un nuevo régimen de flexibilización al etarra Asier Badiola Lasarte, beneficiado con un artículo 100.2 que, a juicio de la asociación, vacía de contenido uno de los pilares legales de la reinserción: el arrepentimiento real y verificable.

La decisión, adoptada por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Guipúzcoa y avalada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se apoya en una carta manuscrita del propio preso en la que expresa un supuesto rechazo a la violencia y una petición de perdón a las víctimas. Para Covite, sin embargo, este procedimiento confirma el hecho de convertir un requisito sustantivo en un mero trámite administrativo, sin exigencia de hechos objetivos que acrediten una ruptura auténtica con la trayectoria criminal.

La presidenta de la asociación, Consuelo Ordóñez, ha denunciado que el problema no reside en un incumplimiento formal de la ley, sino en su desnaturalización consciente. «Si basta con una carta privada, redactada para salvar el expediente, el arrepentimiento deja de ser una condición real y se convierte en una ficción», advierte. Para las víctimas, añade, resulta inaceptable que se les exija un acto de fe en textos que no van acompañados de gestos públicos, verificables y sostenidos en el tiempo.

Asier Badiola, condenado por su pertenencia a ETA, formó parte de la organización durante décadas y fue condenado por colocar un coche bomba en una comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa en 2008.

El uso recurrente del artículo 100.2 con presos de ETA –concebido legalmente como una vía excepcional–se ha transformado, en la práctica, en un atajo hacia la semilibertad, erosionando el principio de proporcionalidad y debilitando la credibilidad del sistema penitenciario. «Se cumple la ley en la forma, pero se traiciona su espíritu», denuncia Covite, que habla abiertamente de beneficios «fraudulentos».