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28 de febrero de 2024

Ione Belarra, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros de este martes

Ione Belarra, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros de este martesEFE

Las familias numerosas subirán a más de un millón por la ley de Belarra

La tramitación del anteproyecto de ley aprobado este martes, en primera vuelta, por el Consejo de Ministros es por vía de urgencia. Cuenta con una memoria económica superior a 700 millones de euros

Con la nueva ley de familias, en España serán más de un millón el número de familias numerosas que tendrán ese título y por tanto los derechos y ayudas que les corresponden por esa condición, ya que incorpora a unos 300.000 hogares de un solo progenitor con dos hijos.
En la actualidad, y según datos del 2020 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, hay más de 750.000 familias en nuestro país con título en vigor de familia numerosa.
Con la nueva regulación, que cuenta con una memoria económica superior a 700 millones de euros, las familias encabezada por un solo progenitor o progenitora y que tengan dos hijos pasarán a ser consideradas como «Familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza», lo que comúnmente se llaman familias numerosas.
También serán equiparadas a este tipo de familias las que tienen dos hijos donde un ascendiente o descendiente tenga discapacidad, encabezadas por una víctima de violencia de género o por un cónyuge que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos y en la que un progenitor esté en tratamiento hospitalario durante un año o haya ingresado en prisión.

Categoría especial

Respecto a las familias que ya estaban consideradas como numerosas, con la nueva ley tendrán reconocido título de familia numerosa de «categoría especial» aquellas con cuatro o más hijos y las de tres en las que al menos dos procedan de uno o más partos, adopciones o acogimientos o guarda con fines de adopción múltiples.
No obstante, las unidades familiares con tres hijos se clasificarán en la «categoría especial» cuando los ingresos anuales de las mismas, divididos por el número de miembros que las componen, no superen en cómputo anual el 150 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente, incluidas las pagas extraordinarias.
Además, cada hijo con discapacidad o con incapacidad para trabajar, computará como dos para determinar la categoría en que se clasifica la unidad familiar de la que forma parte, explican desde Derechos Sociales.
No obstante, la ley solo alcanza al 30 % de las familias monoparentales que hay en España ya que deja fuera a las un solo hijo.

Siguen las negociaciones

La tramitación del anteproyecto de ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros es por vía de urgencia y tiene los tiempos muy ajustados para conseguir que se apruebe la norma entre junio y julio de 2023 ya que se trata de unos de los hitos del Plan de recuperación de la UE, explican las fuentes.
El texto deberá volver a la mesa del Consejo de Ministros en las próximas semanas, una vez recabados los informes preceptivos y terminada la consulta pública de 15 días, para ser negociado en el marco del dialogo social, en el seno del Consejo Territorial en el marco de sus competencias y con los grupos parlamentarios para su aprobación parlamentaria.
Desde Derechos Sociales señalan que aunque les hubiera gustado que el trámite hubiera empezado antes, se manda en tiempo y forma al Congreso, que tiene por delante un periodo muy intenso de reformas legales y con una convocatoria de elecciones que pausará unos días su actividad.

Más de 700 millones

Gran parte de los 700 millones de euros del presupuesto anual de la ley, se destinarían a los nuevos permisos y a la ampliación de la renta de 100 euros al mes por hijo menor de 3 años, aunque las fuentes aclaran que esa cantidad superará los mil millones, si se incluyen las partidas de función pública por sus trabajadores y las de las administraciones autonómicas y municipales por la modificación de las actuales ayudas a las familias.
Respecto al permiso de 8 semanas no remunerado para que padres y madres cuiden de sus hijos menores de 8 años, entidades de defensa de la conciliación consideran que penalizará aún más a las madres trabajadoras.
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