Un 51% de los progenitores de familias en riesgo de pobreza trabajan de forma remunerada y, a pesar de ello, tienen dificultades para llegar a fin de mes
Más de la mitad de los padres de familia en riesgo de pobreza trabajan, pero no llegan a fin de mes
El estudio presentado por Save the Children demuestra que el empleo y la educación ya no son suficientes para salir de la pobreza en España
A escasos días de las celebraciones navideñas y de fin de año, Save the Children alerta sobre la complicada situación que afrontan los niños y las niñas en situación de pobreza a las que la organización atiende en España. Tras consultar a 1.170 familias, ha podido constatar que, a pesar de que el 51 % tiene empleo, los padres y las madres de esos menores de edad no consiguen salir de la pobreza. En su caso, es un esfuerzo que no obtiene recompensa.
Save the Children recoge estos datos en su informe Ser pobre en España. El retrato de 1.000 familias, presentado hoy, y que es la continuación del lanzado hace un año por la organización. En total, el actual estudio recoge datos de 2.440 niños y niñas de las seis comunidades autónomas donde la organización tiene programas destinados a la reducción de la pobreza: Andalucía, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana y Euskadi.
Algo más de la mitad de los padres –el 53 %– y las madres –55 %– tienen estudios secundarios, aunque uno de cada tres no cuenta con estudios primarios como máximo. Uno de cada diez –un 9% de hombres y un 11% de mujeres– tienen estudios universitarios.
«Tradicionalmente, la educación era la base para que los hijos e hijas de familias con pocos ingresos pudieran salir de la pobreza; nos referíamos a ella como la clave para que funcionara el llamado ‘ascensor social’. Sin embargo, desde años comprobamos que no funciona como debería. Sin políticas públicas que apuesten decididamente por acabar con las barreras que impiden romper el círculo de la pobreza, seguiremos condenando a niños y niñas a esta situación», asegura Andrés Conde, director general de Save the Children.
Foto de familia
Según el actual estudio, el retrato de una familia tipo es de una en la que, de media, hay dos menores de edad y mayoritariamente se encuentran al cuidado de su padre y su madre, aunque cuatro de cada diez son familias monomarentales. En general, son progenitores con bajos niveles de estudio. Pese a que muchos padres –no así las madres– sí tienen trabajo remunerado, experimentan distintas formas de subempleo, como la temporalidad o el trabajo a tiempo parcial. Ello hace que casi la mitad de estos niños y niñas vivan en hogares que ingresan menos de 1.000 euros al mes.
La mitad de estos niños y niñas no pueden comer la suficiente cantidad de proteína, fruta o verdura a la semana. La mitad de ellos tienen problemas de sobrepeso. Consumen dulces y pantallas en exceso, desayunan bollería industrial y no duermen lo que necesitan. Son niños y niñas que no pueden acceder a actividades extraescolares, lo que les pone en una situación de desventaja frente a quienes sí pueden y, además, les obliga a elegir alternativas de ocio mucho menos saludables. Asimismo, son niños y niñas que viven en casas con una temperatura inadecuada (frío en invierno, calor en verano) y malas condiciones de salubridad (goteras, humedades).
El IMV, a examen
El 21 % de las familias preguntadas percibían, en el momento de la realización de la encuesta, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero hasta el 46 % aseguraban haberlo solicitado. Asimismo, una de cada tres familias que, por nivel de ingresos, podrían solicitar el IMV, no lo había hecho. Este fenómeno, conocido como non-take up, afecta en mayor medida a las familias en pobreza extrema (45 %) y extensas (54%). No obstante, estas tasas de no percepción son menores –gracias, entre otros aspectos, a la ayuda de Save the Children– a las estimadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) entre todos los potenciales beneficiarios (58 %).
Las familias en situación de pobreza extrema se encuentran con barreras específicas a la hora de enfrentarse a la solicitud del IMV: burocracia, brecha digital, idioma, dificultades con el empadronamiento o las listas de espera. «Para llegar a quienes más lo necesitan, es clave facilitar el acceso al ingreso mínimo vital: estimamos que las familias que perciben el IMV tienen unas rentas un 8 % más altas que aquellas que no lo reciben», informa Conde.
El impacto de la inflación
El aumento del precio de los alimentos entre 2022 y 2023 fue de un 16,5 % (INE). Este hecho ha supuesto un cambio de hábitos en las familias consultadas por Save the Children. En el 65 % de ellas, todos los miembros han tenido que disminuir el consumo por ese motivo. En otro 6 %, la disminución ha afectado solo a las personas adultas.
El gasto medio en alimentación de las familias participantes de los programas de Save the Children asciende a 419,20 euros mensuales. Esto supone, de media el 41 % de sus ingresos invertido en lo que llamamos «esfuerzo alimentario». Por ello, las familias no pueden hacer frente a todos los costes que implica una crianza digna con sus ingresos y su situación ya que, según cálculos de la organización, el coste de crianza en España en 2022 por cada hijo o hija ya ascendía de media a 672 euros al mes.
A las dificultades en la cesta de la compra hay que sumarles los gastos habitacionales. Las 1.170 familias consultadas gastan una media de 443,25 euros mensuales en hipoteca o alquiler –esté o no regularizado– de sus viviendas. El esfuerzo financiero medio es del 43% de sus ingresos, factor que puede convertir esta situación en un factor de exclusión.
El papel del Estado
España se encuentra a la cola de la Unión Europea en ayudas a la crianza. Ante esta situación, Save the Children considera vital que se apruebe una nueva ayuda a la crianza que cubra desde los 0 a los 17 años, que llegue automáticamente a todas las familias incluyendo a las más vulnerables. Con esta medida, las familias con hijos e hijas tendrán el apoyo público necesario para afrontar una parte del coste de la crianza, que en España alcanza los 672 euros al mes por hijo o hija al mes.
«Como país, no podemos permitir que el nivel de estudios, empleo o ingresos de los padres y madres determine el cumplimiento de derechos de sus hijos e hijas. Todos los niños y niñas tienen derecho a una educación, salud, alimentación y bienestar adecuados, independientemente de la familia en la que nazcan», explica Conde.
Esta no es una conclusión a la que haya llegado únicamente Save the Children. En el año 2021 el Consejo de la Unión Europea adoptó formalmente la Recomendación por la que se establece una Garantía Infantil Europea (GIE). En ella se insta a los Estados Miembro a asegurar que los niños, niñas y adolescentes más vulnerables pueden acceder de forma gratuita –o al menos, asequible- a los servicios clave para su desarrollo y bienestar.
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