¿Es verdad que los padres cobrarán 200 euros al mes por cada hijo? El truco de la prestación universal por crianza

La prestación universal por crianza ha sido la comidilla en muchos grupos de WhatsApp en los últimos días. Según se había anunciado, el Gobierno iba a dar a todos los padres un pago de 200 euros al mes por cada hijo a cargo, hasta la mayoría de edad.

Y surgían las preguntas: ¿A todas las familias? ¿Habrá excepciones? ¿Hay un número máximo de hijos? Y, sobre todo, ¿Cuándo entra en vigor y qué habría que hacer para recibirla?

Las respuestas quedaban tan en el aire como las esperanzas de muchos hogares, porque, detrás del rimbombante anuncio, había un truco: esa medida es sólo «una promesa» o «un objetivo», no una realidad tangible que vaya a cambiar los ingresos familiares, ni en el corto o medio plazo.

De hecho, unas multiplicaciones rápidas muestran que esa cifra, aunque bienintencionada, puede ser inasumible.

Te presentamos la guía definitiva para no perderte en el laberinto de la prestación universal por crianza, incluido cuánto supondría a las arcas del Estado, para saber si es realmente viable.

¿Qué es la prestación universal por crianza?

En su presentación actual, consistiría en un pago mensual de 200 euros por cada hijo menor de edad hasta que cumpla los 18 años. Y tiene vocación universal (o sea, para todos los menores, y no restringida solo a rentas bajas).

Sin embargo, en un video de 30 segundos colgado en sus redes, el ministro Bustinduy ha dicho que será para todos, pero que «las familias vulnerables la van a recibir inmediatamente; quiénes no la necesiten, la van a devolver en la declaración de la Renta; y las familias más ricas van a pagar la suya y la de todos los demás».

La cantidad tope por cada hijo sería, por tanto, de 2.400 euros al año, pero no hay máximo por unidad familiar: una familia con un hijo cobraría 2.400 euros al año; una con 10 hijos, 24.000, y así sucesivamente.

Su objetivo, dice el Ejecutivo, es reducir la pobreza infantil y dar oxígeno a la crianza. El Gobierno de coalición «progresista y feminista» no ha querido decir que busque «incentivar la maternidad», aunque tácitamente esta prestación también podría hacerlo.

¿Qué requisitos habría para cobrarla?

Aquí conviene ser muy preciso: los requisitos definitivos sólo pueden saberse cuando exista un texto normativo. Cosa que no existe, ni en borrador. Aun así, lo que ha ido describiendo el Ministerio y el propio ministro Bustinduy es que podrían recibirla:

– Todos los padres con hijos menores residentes en España.

– Con enfoque universal, o sea, sin límites de renta. Aunque «quienes no la necesiten, la devolverán en la Declaración de la Renta», ha dicho el ministro, sin más matices de quiénes no la necesitarán.

– Y compatible con otras prestaciones, como el Complemento de Ayuda a la Infancia dentro del Ingreso Mínimo Vital, por ejemplo. Pero no compatible con altos ingresos (y altas cargas impositivas), pues «los más ricos pagarán la suya y las de todos los demás».

Lo que no se puede afirmar (porque dependería del texto final) es si habría residencia mínima exigida, compatibilidades exactas, si se pagará por tramos de edad, o si se cobrará mensual o anualmente.

¿Es una medida nueva?

Las asociaciones familiares han reclamado, de distintas maneras, una prestación universal por crianza para incentivar la natalidad.

En su formato actual, se viene describiendo desde al menos 2023, cuando se incluyó una primera versión (de menor cuantía y duración: sólo 100 euros mensuales de 0 a 3 años) en la Ley de Familias. Esa ley lleva desde entonces paralizada en el Congreso, acumulando una prórroga tras otra en el periodo de enmiendas.

Así que no: no es nueva. De hecho, ya se anunció cuando se presentó la Ley de Familias. Ahora el Gobierno vuelve a presentarla como «proyecto», dos años después de haberlo hecho... y no haberlo aplicado.

¿Qué ha dicho ahora el Consejo de Ministros?

El hito político más reciente es que el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del 10 de febrero sacarla de la paralizada Ley de Familias, para incluirla en una revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, con «100 metas», que incluye el «compromiso de avanzar» hacia una prestación universal por crianza, para que llegue al 100 % de familias con menores.

Dicho con otras palabras: el Consejo de Ministros ha validado «la meta», «la orientación» y «el objetivo», algo así como un «deseo» o una promesa electoral, pero que no equivale a que la ayuda esté operativa.

Entonces, ¿la prestación de 200 euros al mes «ya está aprobada»?

No. Desde luego, no en el sentido jurídico (o sea, el que vale para que llegue a los bolsillos).

Lo aprobado es un «marco estratégico» (un documento político-programático) que incorpora la prestación como «meta», sin fecha definida.

Pero para que exista como derecho exigible por las familias, hace falta una norma concreta (una ley o un Real Decreto-Ley, según el caso) con dotación presupuestaria y reglas de gestión. La ausencia de Presupuestos Generales hace aún más difícil esa dotación económica.

¿Cuándo podría entrar en vigor?

A día de hoy, no hay una fecha de entrada en vigor... porque ni siquiera existe la ley que cree esta prestación. Dicho aún más claramente: la prestación universal por crianza no existe ni como borrador. Es sólo un anuncio, un deseo, un discurso. Para que pueda ser real, y por tanto entrar en vigor, hace falta un factor clave: dinero. En concreto, una disponibilidad presupuestaria extraordinaria, en un escenario sin nuevos Presupuestos.

En otras palabras: se puede anunciar, se puede incluir como meta en una estrategia, incluso se puede redactar un texto… pero sin dinero asignado, la implementación, y más en este caso al tratarse de una ayuda económica directa, es técnicamente imposible.

Si no hay Presupuestos, ¿podría hacerse por Real Decreto o Real Decreto-Ley?

Depende del diseño y, sobre todo, de la financiación. Un Real Decreto (RD) suele servir para desarrollar o regular aspectos de una ley ya existente. Crear una prestación nueva y universal sin cobertura legal previa escapa a ese escenario.

Un Real Decreto-Ley (RDL) permitiría aprobar medidas urgentes, pero necesita convalidación del Congreso y, de nuevo, requiere crédito o una fórmula presupuestaria que lo haga viable.

En resumen: sí podría intentarse la vía del RDL, pero política y técnicamente seguiría dependiendo de apoyos parlamentarios y encaje presupuestario real.

¿Qué futuro le espera a la prestación?

Con la información disponible, el escenario más realista es este: Si hay Presupuestos –cosa poco probable– o al menos un acuerdo que los supla para este caso con una arquitectura financiera sólida, la prestación podría, técnicamente, tramitarse. Pero, dados los plazos, sería casi imposible aplicarla antes de que haya elecciones generales.

Si no hay Presupuestos, el Gobierno podría mantener la medida como una simple «promesa» u «objetivo» dentro de estrategias y negociaciones (o sea, que no llegaría al bolsillo de las familias), o intentar un RDL si logra apoyos y financiación suficiente, asumiendo el desgaste político y el riesgo de enmiendas o bloqueo.

¿De qué depende que «haya dinero» para financiarla?

De tres palancas muy concretas. Primera, que haya nuevos Presupuestos Generales del Estado, aunque Sánchez es el presidente de la democracia con menos Presupuestos aprobados: prorrogó los de 2018, 2019, 2024 y 2025, y sólo aprobó los de 2021, 2022 y 2023. De hecho, en esta última legislatura, que empezó en 2023, no ha aprobado ninguno.

Segunda, crear una especie de nuevo impuesto que equivalga al importe de la prestación, como propone hacer Podemos «crujiendo a las grandes fortunas». Y tercero, apostar por un RDL, aunque de nuevo la financiación y, sobre todo, la continuidad en el tiempo, dependen del Congreso y de nuevos ejercicios parlamentarios.

¿Cuántos menores de 18 años hay en España y cuánto costaría?

La pregunta del millón ante cualquier anuncio político es siempre la misma: ¿Esto cuánto cuesta y quién lo paga?

Si la prestación es universal para todos los menores de 18 años, el cálculo es sencillo. Según los datos del INE, a 1 de enero de 2025, en España residen 7.960.945 menores de 18 años (o sea, los que tienen de 0 a 17 años, ambos incluidos).

Si la prestación es de 200 euros al mes por cada uno de todos esos menores, el coste sería de más de 19.100 millones de euros al año. O sea, un gasto mensual de casi 1.600 millones de euros a las arcas del Estado.

La cuenta, con más detalle, queda así: 7.960.945 menores × 200 euros = 1.592.189.000 euros al mes. Y 1.592.189.000 euros × 12 meses = 19.106.268.000 euros al año.

Si surte efecto para incentivar la natalidad, cada año habría que incrementar el montante, como ocurre con el gasto en pensiones por la mayor esperanza de vida.

Esta cifra, ¿es asumible para España?

Para hacerse una idea de la magnitud de la cifra, basta cruzar unos datos. En 2025, el Estado tuvo récord de recaudación: nunca antes había ingresado tanto vía impuestos.

Pues bien, los 19.106 millones necesarios equivalen a casi 14 veces lo recaudado con el nuevo impuesto a la banca (1.423 millones), o más de 5 veces lo que se recaudó después de volver a subir el IVA a la electricidad, el gas natural, madera y pellets, combustibles y los alimentos a los que se les habían bajado los impuestos por la crisis (3.700 millones).

Más en detalle, supondría más del 20 % de todo lo recaudado a través del IVA (que, hasta noviembre, había batido récords de recaudación, con 94.416 millones de euros).

Si tomásemos como referencia los Presupuestos de 2023, este nuevo gasto supondría alrededor del 12 % de todo lo ingresado por cotizaciones sociales en un año; o más de tres veces el presupuesto del Ministerio de Educación; o un 72 % más (casi 8.000 millones más) que todo el gasto en pensiones no contributivas.

¿Es viable y realista para España hacer un esfuerzo económico como este, para frenar la pobreza infantil o en aras del fomento de la natalidad? ¿O es más bien una promesa imposible hecha por un Gobierno que sabe que no va a poder aplicarla, para que el próximo Ejecutivo (presumiblemente, compuesto por el PP en acuerdo con Vox) la eche abajo, y así tener munición política?

Sea como fuere, lo cierto es que las familias siguen pagando más impuestos que nunca... y no van a recibir, por ahora, ni 200 euros al mes, ni ningún otro tipo de prestación universal por crianza.