Dos expertas de la ONU denuncian la pasividad internacional ante la relación entre porno y trata de niños

Dos expertas independientes de Naciones Unidas han lanzado una alarma directa sobre el papel que juegan las grandes webs pornográficas, ciertas plataformas tecnológicas y las redes de pago en la explotación sexual de mujeres y niñas, ante la pasividad de las legislaciones internacionales.

La denuncia ha sido recogida por el Centro para la Familia y los Derechos Humanos (C-Fam), que se hace eco de un comunicado conjunto firmado por Reem Alsalem, relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, y Ana Brian Nougrères, relatora especial sobre el derecho a la privacidad.

Un texto en el que ambas relatoras cargan duramente contra las empresas que se lucran con la explotación sexual de mujeres, y también contra los Gobiernos que permiten que esas plataformas operen «sin control» o con controles claramente insuficientes.

«Hay que trazar una línea roja»

La denuncia central del comunicado reclama más que meros retoques regulatorios. En concreto, las dos relatoras constatan cómo «los sistemas que facilitan y se benefician de la explotación sexual de mujeres y niñas no pueden simplemente regularse de forma marginal; deben ser combatidos de raíz», y solicitan, con urgencia «trazar una línea roja».

Su denuncia se focaliza especialmente en la empresa canadiense Aylo Holdings (antes conocida como MindGeek), gestora de algunos de los sitios pornográficos más visitados en el mundo, entre ellos el popular Pornhub.

En su exposición, destacan dos casos de Estados Unidos, de mujeres que sufrieron abusos sexuales –incluyendo acoso y violación en citas– y cuyo contenido sexual, según el comunicado, fue subido posteriormente a Pornhub sin su consentimiento.

De hecho, este portal ya tuvo que borrar casi la mitad de su contenido, tras demostrarse que habían subido contenido ilegal que incluía violaciones, abuso de menores o pornografía difundida sin consentimiento de sus protagonistas. A pesar de ello, sigue recibiendo más de 130 millones de visitas diarias, y generando unos ingresos estimados de casi 1,5 millones de dólares cada día.

A partir de esos casos, las relatoras instan a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá a procesar a Aylo y a implantar en internet medidas eficaces de verificación de edad y de consentimiento en cualquier web que contenga pornografía generada por usuarios.

El foco en Visa, MasterCard y Meta

El informe denuncia de ambas relatoras no se limita a señalar a las plataformas que difunden o crean pornografía. También critica que las redes financieras como Visa y MasterCard permitan la monetización de contenido de esta naturaleza, incluso cuando es abusivo.

Además, cargan contras las empresas tecnológicas como Google, Meta y Microsoft por facilitar el acceso a ese contenido a través de motores de búsqueda y de perfiles en redes sociales.

En ese punto, las relatoras subrayan un contraste que consideran inadmisible entre lo físico y lo digital: «El contraste es evidente: se encarcela a personas por tráfico de personas, mientras que la entidad corporativa que permitió y se benefició a sabiendas de la actividad delictiva a gran escala evita la condena».

Pasividad de la ONU

El texto también enmarca la posición de Alsalem, que se ha manifestado abiertamente contra la pornografía y la prostitución, presentándolas como incompatibles con los derechos humanos y la dignidad de las personas implicadas, en especial mujeres y niñas.

En esa línea, no se limita a pedir verificación de edad y consentimiento: defiende la abolición legal de estas prácticas, con énfasis en la criminalización de quienes compran actos sexuales.

En paralelo, el texto recuerda que ONU Mujeres mantiene oficialmente una escandalosa postura «neutral» sobre la pornografía, aunque utiliza la terminología de «trabajo sexual», más cercana a quienes abogan por la despenalización y normalización.

ONU-Mujeres mantiene oficialmente una escandalosa postura «neutral» sobre la pornografía, y utiliza la terminología de «trabajo sexual», cercana a quienes abogan por la despenalización

Y critica además que, dentro del sistema de la ONU, un tratado propuesto recientemente y en estudio, sobre «ciberdelincuencia», podría en realidad debilitar las herramientas jurídicas para combatir la pornografía infantil, al abrir lagunas sobre pornografía infantil virtual y «sexting».

No hay «forma ética» de hacer porno

Tal y como recoge C-Fam, la propia empresa matriz Aylo respondió afirmando que los hechos descritos ocurrieron «bajo una arquitectura de plataforma fundamentalmente diferente a la que existe hoy».

Además, un socio de Ethical Capital Partners (propietario de Aylo) aseguró en una entrevista que «Aylo se gestiona de forma legal y ética», y denunció a los sitios pornográficos que carecen de verificación de edad y consentimiento y «no respetan las leyes». Eso sí: la única verificación de edad de la plataforma consiste en un mero botón de «Soy mayor de edad», sin ningún tipo de comprobación.

Por ese motivo, Alsalem ha rebatido el planteamiento de fondo: sostiene que no existe una «forma ética» de producir y consumir pornografía, que describe, de hecho, como «prostitución filmada».

El comunicado de ambas relatoras concluye con una idea que, aun con matices dentro del propio sistema ONU, aparece como punto de unión: la exigencia de responsabilidades a las plataformas tecnológicas y financieras por permitir la distribución de contenido sexual, subido sin consentimiento o que involucra a menores de edad, así como a cualquiera que se beneficie de su difusión. Algo que, de forma llamativa, sigue recibiendo la más negligente –e incluso cómplice– pasividad internacional.