18.000 niños en España, en riesgo de ser separados de su familia: más que todos los que viven en tres capitales autonómicas

En España, casi 18.000 niños y adolescentes se encuentran en una situación de vulnerabilidad que podría desembocar en su separación del hogar y su incorporación al sistema de acogimiento.

Para dimensionar esta cifra, basta con compararla con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística: una de cada tres capitales de provincia (17 de 50) tiene menos menores de edad censados, y también tres capitales de Comunidad Autónoma: Toledo, Santiago de Compostela y Mérida. De hecho, son más niños que todos los que viven en ciudades como León, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real o Ávila.

Es decir, una población infantil equivalente a las de algunas de las principales ciudades españolas y que podría quedar separada de sus padres si sus familias no reciben los apoyos necesarios.

Porque detrás de esta cifra hay miles de familias que atraviesan dificultades y que, en muchos casos, necesitan apoyos para poder seguir cuidando de sus hijos sin que estos tengan que abandonar su entorno familiar.

Y sin embargo, el sistema de protección de menores dedica apenas el 4,4% de sus recursos a prevenir estas situaciones, mientras que el 82,3% se concentra en recursos residenciales. Una distribución tremendamente desigual que ha llevado a las organizaciones de infancia a reclamar un cambio de enfoque: intervenir en los hogares antes de que los problemas familiares se agraven, en lugar de concentrar los esfuerzos cuando la separación ya se ha producido.

Así lo ha advertido la Plataforma de Infancia durante el II Congreso Hogarizar, celebrado bajo el lema Llegar a tiempo: ¿cómo orientar el sistema de protección hacia la prevención de la separación familiar?, y que ha reunido a 130 profesionales de administraciones públicas, organizaciones sociales y expertos procedentes de 15 comunidades autónomas y Melilla.

Ayudar antes de separar a los hijos

Los cerca de 18.000 menores identificados se encuentran, según los datos del Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia, en una situación previa a un posible acogimiento. Esto no significa que todos vayan a ser separados de sus padres, sino que existe una situación de vulnerabilidad que requiere atención y seguimiento.

Precisamente por eso, la Plataforma de Infancia insiste en la importancia de actuar cuanto antes, facilitando a las familias los recursos necesarios para superar sus dificultades y evitar, siempre que sea posible y compatible con la seguridad del menor, la ruptura de los vínculos familiares.

«Prevenir es evitar separaciones innecesarias, implica fortalecer a las familias, identificar pronto las situaciones de vulnerabilidad y garantizar apoyos adecuados», ha explicado Adela Piñeiro, presidenta de la Plataforma de Infancia.

El problema, según denuncia la organización, es que actualmente existe información pública muy limitada sobre las medidas preventivas que se están aplicando en España, cuántos menores se benefician de ellas y qué resultados están obteniendo.

Sólo el 4% para prevención

Esta falta de información dificulta evaluar qué programas resultan más eficaces para mantener unidos a padres e hijos y cuáles deberían reforzarse.

A ello se suma la distribución de los recursos económicos. Según el informe sobre financiación del sistema de protección elaborado por el proyecto Hogarizar, y presentado en abril de 2026, sólo el 4,4% se destina a actuaciones preventivas, frente al 82,3% dedicado a recursos residenciales.

«Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a crecer en familia. Por eso, el sistema debe priorizar que sus familias puedan recibir los apoyos necesarios»Gabriela VelásquezProyecto Hogarizar

Para Gabriela Velásquez, técnica del proyecto Hogarizar, resulta necesario avanzar hacia «un modelo de intervención temprana integral» que combine el acompañamiento familiar, el apoyo comunitario y una mejor coordinación entre los diferentes servicios públicos y entidades sociales.

«Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a crecer en familia. Por ello, el sistema debe priorizar primero que sus familias puedan recibir los apoyos necesarios para que puedan cubrir sus necesidades y garantizar sus derechos», ha subrayado Velásquez.

El objetivo, por tanto, no es prescindir de las medidas de acogimiento cuando resultan necesarias para proteger a los menores, sino evitar que niños que podrían permanecer con sus padres gracias a una intervención temprana terminen siendo separados de ellos por falta de apoyos adecuados.