01 de diciembre de 2022

Milicianos disfrazados con vestiduras religiosas tras el saqueo de la iglesia de un pueblo en 1936

Milicianos disfrazados con vestiduras religiosas tras el saqueo de la iglesia de un pueblo en 1936

Las propuestas republicanas sobre la cuestión religiosa: una España anticatólica

La prensa republicana y socialista realizó una fuerte campaña anticatólica durante esos meses, con el objeto de forzar la entrada de varios artículos anticlericales en la futura Carta Magna

Las elecciones celebradas el 28 de junio de 1931 para Cortes Constituyentes otorgaron una mayoría a las fuerzas políticas de izquierda, lo que potenció su aspiración de monopolizar la esencia del nuevo texto. A partir de su apertura el 14 de julio, la prensa republicana y socialista realizó una fuerte campaña anticatólica durante esos meses, con el objeto de forzar la entrada de varios artículos anticlericales en la futura Carta Magna. A finales de agosto comenzó la discusión del proyecto constitucional en las Cortes, con numerosas alusiones anticlericales, dentro de la mejor tradición de esos partidos que consideraban a la Iglesia como un lastre para alcanzar la meta de la modernización o el socialismo. Consideraron que, sin el apoyo del Estado, el número de católicos descendería vertiginosamente, así como la influencia del clero.

Debate en las Cortes

El 8 de octubre, el debate sobre la cuestión religiosa lo abrió el socialista Fernando de los Ríos, aunque inicialmente disertó a título personal y no en nombre del PSOE. Cuatro días más tarde, el Partido Radical-Socialista organizó un sonado mitin en apoyo de una mayor política antirreligiosa, mientras los ateneístas más extremistas apoyaban en Madrid el dictamen de la comisión encargada de elaborar los artículos más polémicos desde el punto de vista religioso. A partir de entonces, si bien los debates sobre diversos artículos de la Constitución parecieron emotivos resultaron insignificantes ante la discusión de la posición de la Iglesia Católica en la nueva república. Los artículos anticlericales del proyecto afirmaban que España no tenía religión oficial, eliminaban la ayuda estatal a las órdenes religiosas y preveían la nacionalización de sus propiedades, suspendían las contribuciones estatales a los salarios del clero, legalizaban el divorcio e introducían un sistema de enseñanza primaria laica, obligatoria y gratuita. En su conjunto, estas medidas dinamitaban la posición de la Iglesia desde el Concordato de 1851 al tiempo que mermaban su presencia en la vida pública, pero también implantaban una situación nueva sin negociación alguna con la importante masa de españoles católicos. Se impuso –como en otros aspecto– un exclusivismo político en la nueva Constitución.

Consideraron que, sin el apoyo del Estado, el número de católicos descendería vertiginosamente, así como la influencia del clero

Los diputados agrarios, nacionalistas vascos, integristas y carlistas se unieron para oponerse a estas cláusulas en los días de su debate. En su discurso a la Cámara, Joaquín Beunza sostuvo que lo que estaba realmente en juego era la coexistencia pacífica de los españoles, amenazada al crear los republicanos un problema religioso donde no existía ninguno; en lugar de ello, debían preocuparse por remediar las injusticias sociales, porque lo que los ciudadanos necesitaban no era un irrelevante y divisor anticlericalismo, sino empleo y bienestar. A los diputados socialistas les recriminó la paradoja de que quisieran quitar las propiedades a los religiosos cuando sus Casas del Pueblo también las poseían y mantenían relaciones con partidos y fuerzas políticas extranjeras a través de su Internacional. Sus últimas palabras, afirmando su seguridad en la victoria católica si los anticlericales planteaban la lucha, fueron consideradas por la mayoría de izquierdas como una amenaza.

Lo que estaba realmente en juego era la coexistencia pacífica de los españoles, amenazada al crear los republicanos un problema religioso donde no existía ninguno

La tensión política aumentó en los días previos a la discusión y votación del famoso artículo 24 que regulaba la posición de las órdenes religiosas y, concretamente, de la Compañía de Jesús, que se declaraba sujeta a disolución y sus propiedades a nacionalización. La posición gubernamental fue defendida por Manuel Azaña, cuyo famoso discurso aunque interpretado actualmente como una medida para evitar aumentar el anticlericalismo imperante en sus aliados, lo cierto es que, en su tiempo, fue considerado como una ofensa para la mayor parte de la opinión pública católica. Los diputados tradicionalistas y conservadores intentaron todas las medidas legales para oponerse a dichos artículos –por medio de vacilaciones y enmiendas– sin éxito. El conde de Rodezno profetizó que se abriría un abismo entre el sentimiento católico y el régimen, mientras Lamamié de Clairac afirmaba que los católicos no tendrían más remedio que luchar contra la República. Las enmiendas sólo obtuvieron entre 35 y 40 votos, por lo que el artículo fue aprobado por 158 votos contra 59, levantándose la sesión entre peleas y alborotos, según la prensa. El hecho provocó la retirada de las minorías católicas de la Cámara, la ruptura de la coalición gubernamental –al dimitir Alcalá Zamora y Miguel Maura–, el aumento del recelo católico y la debilidad de los partidos republicanos conservadores. Al ausentarse la oposición, el resto del anteproyecto provocó un menor número de debates.
Portada del Almanaque 1932 de la revista satírica La Traca publicado nada más aprobarse la Constitución de 1931 en la que se declaraba el carácter laico del Estado

Portada del Almanaque 1932 de la revista satírica La Traca publicado nada más aprobarse la Constitución de 1931 en la que se declaraba el carácter laico del Estado

En las Cortes, los representantes carlistas rompieron la alianza mantenida con los nacionalistas vascos , y comenzaron a poner reparos a la participación en el grupo católico de Acción Nacional, a quien acusaron de falta de actividad, claudicación y accidentalismo. Algunos diputados católicos también expresaron, de forma terminante, su progresiva pérdida de paciencia con la República durante los debates sobre la cuestión religiosa. A comienzos del mes de diciembre, el texto constitucional fue aprobado y proclamado lo que provocó una respuesta colectiva del episcopado español el día 20. El mismo fue suscrito por todos los prelados, aunque dirigido en su redacción por el cardenal Vidal y Barraquer, expuso ante los fieles –con amargas y comedidas frases– la postura católica ante la nueva Constitución y ante la legislación secularizadora hasta la fecha dictada y ratificada por las Cortes, invitando a los creyentes a una actuación más cercana a la Iglesia, tanto por medio de la intensificación de su piedad como a través de la reorganizada Acción Católica, finalizando en amargas frases relativas a la persecución experimentada por la Iglesia en España pero con la esperanza en un futuro de mayor armonía. Tras esas líneas se mantenía la esperanza de la jerarquía en que, tal vez, cuando se procediera a la aplicación de esa política antirreligiosa se moderaran progresivamente sus planteamientos. Con el tiempo, sin embargo, vendría la decepción.
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