Cómo actuaron la República y el franquismo ante los problemas de los agricultores españoles

A la llegada de la Segunda República, en 1931, por primera vez en la historia, la población activa agraria descendió del 50 % del total. Pero quedaban dos millones de jornaleros, sin tierra ni trabajo estable, que llevaban una existencia miserable.

Tras interminables debates entre los sectores reformistas y los revolucionarios se promulgó en 1932 la Ley de Bases para la Reforma Agraria, que no destacó por su radicalidad. Se establecía la expropiación de los latifundios que estuvieran abandonados o mal cultivados. Eso sí, previa indemnización a los propietarios. La única excepción eran los antiguos señoríos jurisdiccionales de los Grandes de España (500.000 has de tan solo 65 propietarios) que podrían expropiarse sin indemnización.

Las insuficiencias de la Ley y los escasos recursos empleados, hicieron que su aplicación fuera totalmente insuficiente. En el momento de su derogación en 1935 solo se habían asentado 12.000 labradores en algo más de 116.000 Has. El gobierno radical cedista intentó promulgar una nueva Ley aún más moderada, pero fracasó en su empeño por la férrea oposición de los terratenientes organizados en el Partido Agrario.

En resumen la Ley consiguió un doble fracaso: frustró las expectativas de los jornaleros, contribuyendo a su, y sembró la inquietud entre los pequeños propietarios, a pesar de su relativa moderación. La llegada de la Guerra Civil con su secuela de arbitrariedades, ocupaciones de tierras y colectivizaciones anarquizantes acabó momentáneamente con cualquier veleidad reformista.

La reforma agraria

Pero el problema subsistía. En el franquismo no había partidos políticos pero si familias ideológicas. Dos de ellas, los católicos sociales y los falangistas, se caracterizaban por una aguda percepción de la problemática social, con especial énfasis en el mundo agrario. Los sindicatos agrarios católicos habían tenido una nada desdeñable actuación en el periodo republicano.

Por su parte el programa falangista incluía entre sus 27 puntos, nada menos que seis dedicados a la agricultura. En ellos se planteaba una profunda reforma agraria, tanto económica como social. Una reforma que incluiría la distribución de la tierra cultivable «para instituir la propiedad familiar» y la supresión de los latifundios poco productivos. Este programa influyó significativamente en la primera etapa del nuevo régimen.

Puede considerarse que la política económica del franquismo tuvo dos etapas de parecida duración. La primera, que se extendió hasta 1956 estuvo determinada por la idea de la autarquía y la presencia de indudables objetivos de mejora social. La segunda, que comenzó con el Plan de Estabilización, buscó liberalización y la apertura al exterior de una economía nacional que estaba dando síntomas de agotamiento.

En sus primeros años el franquismo tuvo que afrontar la ardua tarea de alimentar a la población española en el difícil escenario de la Segunda Guerra Mundial y la postguerra. Por ello el objetivo fundamental fue el incremento de la producción agraria mediante el incremento de la superficie cultivada y la mejora de la productividad mediante la extensión de los regadíos. Este objetivo, así como la urgencia de afrontar los graves problemas sociales explican la premura con la que se adoptó la política de colonización, iniciada ya en octubre de 1939.

El Instituto Nacional de Colonización tuvo como objetivo «la reorganización y reactivación de la agricultura y el incremento de la producción de alimentos mediante el aumento de las tierras de labor y la superficie de riego». Actuó en más de 350.000 Has expropiadas con indemnización o adquiridas a sus anteriores propietarios. En ellas se asentaron alrededor de 65.000 familias en pequeñas explotaciones de 6 Has de media.

Se construyeron más de 300 nuevas poblaciones para proporcionar una vivienda digna a los colonos. También se les suministraban fertilizantes, semillas, plaguicidas, ganado y maquinaria, cuyo importe debían devolver mediante préstamos a largo plazo y muy bajo interés.

Para la transformación se procedió a la construcción de numerosos embalses, canales y acequias. Se ha criticado el sistema por su insuficiencia y porque las inversiones públicas en regadío favorecieron también a los grandes terratenientes. Pero incrementar la producción era ineludible. Entre otras cosas para compensar una balanza comercial perpetuamente deficitaria.

La modernización del sector

Para los años cincuenta persistían los graves problemas de fondo. Especialmente el minifundismo y los latifundios seguían siendo una rémora que alimentaba la emigración desde los pueblos hacia las ciudades y hacia América. Además la baja productividad de nuestra agricultura impedía que la renta de los agricultores españoles creciese adecuadamente.

El revulsivo para cambiar esta situación fue el nombramiento de Rafael Cavestany como ministro de agricultura en 1951. Su acertado diagnóstico sobre los problemas existentes y las soluciones posibles cambió los paradigmas de la política agraria. El problema fundamental ya no era la reforma agraria sino la modernización de un sector anquilosado. Y a ello dedicó toda su iniciativa durante los seis dinámicos años en los que ocupó el Ministerio.

Suyas fueron iniciativas tan señeras como la creación del servicio de concentración parcelaria como impulso novedoso para eliminar la lacra del minifundismo, de la Ley de fincas manifiestamente mejorables para acelerar las transformaciones en regadío, del Plan Badajoz y del Servicio de Extensión Agraria. Este último fue un instrumento fundamental para llevar al mundo rural las herramientas tecnológicas e innovadoras que se estaban multiplicando como consecuencia de la «Revolución Verde».

Para ello fomentó también la apertura al exterior de la agricultura española, buscando financiación y asesoramiento que en aquel momento se consiguió gracias a la ayuda americana.

Los agricultores españoles iniciaron así un camino de mejoras estructurales y modernización que se ha ido extendiendo hasta el presente, pero que no ha dejado de tener sus puntos oscuros. Entre otras cosas porque se cruzó el desarrollismo. Un proceso que a partir del Plan de Estabilización del 58 invirtió la tendencia. Que renunció a llevar el desarrollo a la gente y provocó, con toda la buena intención que se quiera, que la gente tuviese que emigrar hacia el desarrollo. Entre otras cosas porque se renunció al proyecto de industrializar las zonas rurales. Hubo, que duda cabe, un crecimiento económico intensivo, pero muy desigual espacialmente hablando. Más de tres millones de personas emigraron del campo hacia las ciudades.

Las consecuencias de los desequilibrios territoriales que se provocaron están a la vista. España posee una de las estructuras territoriales más deficientes del mundo, con la mayor parte de la población amontonada en las costas, los valles de los grandes ríos y la isla de Madrid. Estas zonas suponen tan solo el 20 % del territorio nacional, mientras que otro 55 % está en proceso de despoblación.

Y en esa parte viven y trabajan la mayoría de los agricultores españoles. Unos agricultores que vieron emigrar a sus hijos y a sus amigos, lo que en los años 70 ocasionó la aparición de nuevos problemas.

El más evidente es posiblemente el envejecimiento dramático de los titulares de explotación, cuya edad media no ha dejado de incrementarse hasta situarse por encima de los 60 años. Pero también la masculinización de las zonas rurales y la falta de relevo generacional. Y la sensación creciente de que sus opiniones, su cultura, sus hábitos y sus necesidades seguirían siendo ignorados frente a los que predominaban en los grandes centros urbanos. Una sensación que ha ido incrementándose y transformándose poco a poco en evidencia. Que deprime y desmoraliza pero que está ahí para el que quiera verla.