Denuncian a un «arqueofurtivo» por apropiarse de casi 1.800 proyectiles de la Tercera Guerra Carlistas

El Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat de Cataluña ha denunciado el pasado septiembre a una persona por apropiarse de casi 1.800 proyectiles de la Tercera Guerra Carlista en el Urgell (Lérida), que sumaban un total de 60 kilos y conformaban un depósito de munición.

Los agentes denuncian que el uso recreativo de los detectores de metales en el medio natural «se ha ido consolidando». Por ello, el año pasado realizaron cerca de treinta inspecciones por uso ilícito de estos aparatos, «una herramienta muy utilizada por los arqueofurtivos (personas que se lucran de encontrar restos arqueológicos o de interés histórico con estos aparatos)», señalan en una nota de prensa.

Este tipo de inspecciones realizadas por los Agentes Rurales, que entre otras competencias, se encarga de la protección del patrimonio cultural en el medio natural, se han llevado a cabo por toda Cataluña: un 32 % en las comarcas de Lérida, un 25 % en las de Barcelona, un 18 % y un 14 % en las de Cataluña Central y Gerona, respectivamente, un 7 % en Tarragona y un 4 % en Tierras del Ebro.

Por otro lado, los agentes también advierten que el 61 % de estas inspecciones se realizaron en sitios no inventariados como yacimientos arqueológicos, mientras que el 39 % restante se realizó en un yacimiento arqueológico inventariado o en un radio de 150 metros.

A raíz de estas inspecciones se han abierto diligencias penales, según informa el Cuerpo en la nota, así como la incoación de expedientes sancionadores administrativos o el recordatorio de la normativa que afecta a dicha actividad, en coordinación con el Departamento de Cultura.

Además de los 1.793 proyectiles de tipo Minié incautados en el mes de septiembre del año pasado, también se han visto afectados por estos arqueofurtivos otros dos yacimientos arqueológicos «emblemáticos»: La Torre del Moro en Gandesa (Terra Alta) y el Tozal de la Pleta en Belianes (L'Urgell). Ambos casos comportaron la apertura de diligencias penales.

La ley de patrimonio cultural catalán establece que, ante el hallazgo o localización de restos arqueológicos o paleontológicos, bien en el marco de una obra, trabajo agro-forestal o realizando cualquier otra actividad en el medio natural, es necesario seguir unas pautas: dar aviso a la Administración en un plazo máximo de 48 horas y no tocar ni extraer los restos.

El motivo es el riesgo de alterar el contexto arqueológico, provocando la pérdida de información que proporcionan los objetos arqueológicos cuando se recogen y estudian in situ, siguiendo la metodología arqueológica realizada por profesionales, especialmente cuando éstos se pueden relacionar entre sí y con las estructuras donde se encuentran.