Cuando la ley dicta cómo recordar: Francia reescribe su pasado colonial en Argelia

Las leyes de memoria o memoriales son una técnica legislativa revitalizada en los últimos años en Europa. El en siglo XIX servía, por ejemplo, para fijar la fecha de la fiesta nacional. Los Estados aseguraban el recuerdo de hechos pasados que creían fundamentales en la configuración de la nación. Eran textos no normativos y carentes de sanción: reconocimiento de victorias militares, gestas conquistadoras, defensa ante los enemigos, organización nacional etc.

Con el tiempo se convirtieron en textos legales normativos, lo que complació a los juristas, que trataban de orientar la interpretación que debía darse a determinados episodios del pasado a la luz de una orientación política o social actual. El tema es muy debatido porque esa interpretación legal de la historia puede derivar en imposiciones políticas o en censuras historiográficas.

En España la polémica vino servida por la Ley de Memoria Histórica de 2007 y la Ley de Memoria Democrática de 2022 que imponían una revisión del franquismo. En Francia se trataba de revisar la acción colonial, especialmente en Argelia. Una guerra colonial cruel, sangrienta, con consecuencias graves: la salida desesperada de más de un millón de franceses y la ruptura de los lazos existentes entre las comunidades francesa y argelina en 1962, supuso un trauma emocional y político nacional tan grande que no se podía olvidar. Y el poder legislativo tomó algunas medidas que coadyuvaran a la acción general de la sociedad.

La Ley de 18 de octubre de 1999 declaró que lo que se había venido en llamar operaciones en el norte de África, debía llamarse guerra de Argelia y combates en Túnez y Marruecos. Las guerras coloniales –España tuvo casos semejantes en Marruecos e Ifni– no se consideraban sino operaciones de policía o de restablecimiento del orden. El derecho internacional solo consideraba guerra cuando estaba declarada y esto no se podía dar en esos casos porque no se luchaba contra un ejército regular de un Estado reconocido.

La Ley de 23 de febrero de 2005 reconoció derechos a los repatriados, económicos –ya se habían aprobado antes varias leyes indemnizatorias– y morales por su contribución al desarrollo de los países colonizados. Esta ley, aprobada durante el mandato de Sarkozy, recogía también que los programas escolares debían reconocer también lo positivo de la colonización.

Esto fue muy polémico. Por una parte, los que pensaban que la colonización estaba marcada por el pecado original de la imposición y sumisión y que, por tanto, no podía ofrecer nada bueno. Y los que opinaban que la ley no puede interferir en la libertad de expresión y de catedra. No entendía si lo positivo se refería a hechos concretos, a lo global o a las acciones militares. La ley fue derogada en 2006 debido a las críticas.

Por su parte, Argelia aprobaba leyes de reconocimiento de los moujahidines o combatientes por la independencia, como la Ley de 14 de septiembre de 1991. O la de 17 de febrero de 2011 que impone, entre otras cosas, la autorización previa para difundir películas que versen sobre la guerra, reservándose el Estado una censura de las líneas argumentales que no le agraden.

Hay una cuestión que ha sido más difícil de abordar. En la guerra de Argelia hubo contingentes de argelinos que se aliaban con Francia frente al FLN que consideraban comunista. Eran los llamados harkis. Al acabar la guerra, repudiados por sus compatriotas, fueron repatriados en Francia y quedaron en un estado de abandono por parte de las autoridades galas.

Fueron internados en campos de internamiento que recordaban a otros que los franceses, antes de los británicos en Sudáfrica y los españoles en Cuba, habían organizado a partir de 1830 para recluir a los argelinos vencidos en los combates. Después en una pequeñas ciudades creadas ad hoc para acogimiento y albergue o las llamadas aldeas forestales, para trabajar en el cuidado de los bosques.

Sometidos a vigilancia y autorización administrativa, lejos de la libertad de la que presumían los franceses como constitutiva de la República. Los harkis eran muchos, las ofertas de trabajo que les llegaban fueron escasas y estaban amenazados por las represalias del FLN argelino. Los campos existieron hasta el final de 1975, incluso algunos meses más.

Esta situación denigrante fue reconocida como causa de indemnización por el Consejo de Estado francés en una resolución de 2018, denominado Tamazount por el nombre del reclamante. Sin embargo, la mayoría de los afectados no podía recurrir por vía contenciosa por haber transcurrido el plazo de prescripción de la acción correspondiente. Esta situación llevó a los presidentes de la República Francesa a reconsiderar los hechos: Hollande en 2016 y Macron en 2021.

Los harkis y sus descendientes ya habían tomado conciencia de su situación, se organizaron y movilizaron, dieron a conocer sus experiencias y dificultades, llegaron a la opinión pública general gracias a escritores pertenecientes a este grupo como Fatima Benaci-Lancou… Se abría así la vía a legislar para compensar moral y económicamente sufrimientos y abandonos.

Había que reinterpretar el papel de los harkis en su lucha con Francia y de Francia en su olvido. Las indemnizaciones en metálico ya habían sido aprobadas en una ley de julio de 1987, pero se buscaba algo más y así se promulgó la Ley de 23 de febrero de 2022, que sirve de ejemplo de leyes de memoria porque reconocía unos perjuicios causado por el Estado francés a los argelinos internados en los campos o aldeas: degradación de la salud, atentado contra la vida privada, falta de prestaciones sociales, carencias en la escolarización, falta de oportunidades de inserción, etc.

La peculiaridad de esta historia merece una reflexión final. Francia consideraba Argelia como territorio nacional, dividido en tres departamentos. Lo diseñó para que permaneciera siempre unido a la metrópoli. Propugnó la integración de argelinos en una Francia común aunque desigual. Y, tras la guerra y el abandono, desprecia a los argelinos que, por varias razones, se pusieron de su parte y defendieron su política.