Masonería y política: la Gran Logia de España en el sanchismo

Pocas veces en la Historia de España, si es que alguna, la masonería se ha visto tan «normalizada» como actualmente. Enaltecida incluso desde el Gobierno de la Nación de manera pública y notoria. El proceso, en su fase última, empezó hace casi una década, en 2017, cuando el Parlamento de Baleares nos sorprendió con una Declaración institucional —aprobada por unanimidad— a favor de la honorabilidad de la masonería, reclamando, de paso, que nunca más los masones volvieran a ser perseguidos y muertos por el hecho de serlo. Si sus señorías estaban pensando en el Tribunal para la represión de la Masonería y el Comunismo, operativo durante más de veinte años del Régimen de Franco, se equivocaban; no se contemplaba la pena de muerte; lo máximo a lo que podía enfrentarse el masón, en aquel tiempo, era a la prisión menor, aparte de quedar excluido a perpetuidad de la función pública; los que fueron ejecutados, que los hubo, lo fueron por otros delitos, no por su pertenencia a la secta secreta que ellos prefieren llamar de otro modo: secta en ningún caso, y sea lo que sea, «discreta», que no secreta, aunque reconocen que lo fue en el pasado. En cualquier caso, el ejemplo cundió y dos años más tarde el Parlamento de Galicia votó una resolución idéntica, aunque entre medias fueron homenajeados en otras instituciones, como el Parlamento de Cataluña, donde la presidenta Forcadell les hizo objeto de un encendido elogio público en sede parlamentaria. Con el sanchismo parecen haberse estrechado los lazos entre la secta —así la definieron durante siglos los documentos pontificios–: el ministro de Administración Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, recibió en su despacho del ministerio al Soberano Gran Comendador del Grado 33, Jesús Soriano, en febrero de 2024, entre otras cosas para establecer una estrategia de recuperación de grandes figuras históricas de la masonería, que «tanto bien hicieron a España». La relación con la orden-secta venía de atrás: ya en Canarias, durante la presidencia del ahora ministro, estuvo conectado estrechamente con ella, llegando a plantearse al parecer su propia iniciación. Y es allí donde estalló el escándalo que en 2024 afectaba al PSOE y a la Gran Logia de España: el anterior Gran Maestre de la misma, Óscar de Alfonso, pidió explicaciones a los «hermanos» masones y socialistas del Archipiélago sobre los casos de corrupción en los que se vieron envueltos bastantes de ellos. Y lo hizo público en redes sociales, lo que le valió ser expulsado de la Gran Logia, por dos años, por su inmediato sucesor en el cargo: el actual Gran Maestre, Txema Oleaga, senador del PSOE y presidente de la Comisión de Justicia del Senado, quien ha ido situando en altos cargos de la cúpula masónica a miembros de su propio partido. Siendo grave lo que dicha expulsión entrañaba, la situación fue a peor cuando la Gran Logia explicó, exonerando de toda culpa en este asunto a su jefe supremo, porque se había limitado a comunicar el castigo a su antecesor, aunque no fuera decisión suya sino de la Corte Suprema [masónica], lo que venía a revelar algo que ya algunos «profanos» –no masones– sospechaban y otros sabían: en buena medida, la masonería, en cualquier país donde «levante columnas» no deja de ser un Estado dentro del Estado. Y eso resulta realmente peligroso y antidemocrático pues, por sus conexiones políticas, personajes a los que nadie ha votado y en ocasiones ni siquiera conoce, están influyendo, como poco, en políticas de Estado que afectan a toda la nación. En lo material y en lo espiritual.

En medio de la confusión actual, conviene aclarar a los católicos que la Iglesia no ha cambiado jamás su visión de la masonería. Y muy pocas instituciones la conocen mejor. Las condenas del magisterio pontificio se cuentan por centenares y abarcan un período que abarca desde 1738 a 2023. Ninguno de estos documentos ha explicado mas detalladamente las causas de estas condenas como la encíclica Humanum genus, de León XIII. Ya en la introducción habla de dos bandos o ciudades, citando a san Agustín: el de Jesucristo y el de Satanás. Y liderando a este último señala a la secta de los masones. Podría resumirse toda su argumentación en un concepto clave: el último de sus designios es destruir hasta sus cimientos todo el orden religioso y civil levantado por el cristianismo. Y acaba como empezó, contemplado el combate espiritual que nos toca librar en este mundo, pidiendo la protección de la Santísima Virgen, que «ya en su inmaculada concepción derrotó a Satanás». El nuevo Código de Derecho Canónico no la menciona expresamente, como hacía el anterior, pero para evitar equívocos, Doctrina de la Fe, cuyo Cardenal Prefecto era Ratzinger, publicó una declaración el 26 de noviembre de 1983, coincidiendo con la publicación del Código, que comienza diciendo Se ha cuestionado si esa falta de mención expresa significaba un cambio en el juicio de la Iglesia sobre la masonería, aclarando que no era así; se debía a un criterio de redacción, quedaba englobada en categorías más amplias, como «asociaciones que maquinan contra la Iglesia». Y añadía: «los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas se hallan en estado de pecado grave y no pueden acercarse a la Santa Comunión». Lleva la firma de San Juan Pablo II. El 13 de noviembre de 2023 la misma sagrada congregación, actualmente dicasterio, de Doctrina de la Fe, recuperaba aquella Declaración, manifestando su completa vigencia, en respuesta al obispo de Dumanguete, en Filipinas. No solamente eso, llamaba el dicasterio a los obispos filipinos a emprender una campaña pastoral en sus diócesis para evitar el desconcierto de los católicos que señalaba el prelado; y sugería la redacción de una carta colectiva de todo aquel episcopado. Espiritualmente, el legado de la masonería, citando al mismo Cardenal Ratzinger, es «la dictadura del relativismo» que denunciaba horas antes de convertirse en Papa, en la Misa pro eligendo pontifice. Ya como Emérito, a su biógrafo, Peter Seewald, le hablaba de las consecuencias de aquella dictadura: «una dictadura universal de ideologías en apariencia humanistas a las que solo cabe contradecir al precio de quedar uno excluido del consenso social básico. […] La sociedad moderna está formulando un credo anticristiano, y la resistencia a ese credo se castiga con la excomunión social. Es normal, muy normal, tenerle miedo a este poder intelectual del Anticristo, y realmente hace falta el apoyo oracional de una diócesis entera, de la Iglesia entera, para oponerse a él». Y a ese credo no podrá decirse ajena, en modo alguno, la masonería.

Alberto Bárcena es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad CEU San Pablo