La revuelta campesina de Loja que se alzó contra Isabel II en el verano de 1861

En el verano de 1861, el general Ramón María Narváez observaba con resignación cómo se aproximaba el cuarto aniversario de su alejamiento del poder. Su partido, el moderado, llevaba casi tres años sin ser llamado a gobernar el país.

La Unión Liberal de Leopoldo O’Donnell parecía bien asentada y, al menos en apariencia, contaba con el apoyo de la reina Isabel II. La situación no debía ser fácil para aquel que había presidido el Consejo de Ministros en cinco ocasiones y que volvería a hacerlo dos veces más hasta su muerte en abril de 1868.

No obstante, ese verano sus preocupaciones se verían incrementadas por otros sucesos. Narváez, conocido, entre otros sobrenombres menos amistosos, como el «espadón de Loja», por ser esta localidad granadina su ciudad natal, era un hombre de orden. No se esperaba menos de un general del Ejército español, pero su hoja de servicios reflejaba, para su satisfacción, la represión de ciertas revueltas de entidad.

Con mano dura había sido capaz de mantener España en una calma relativa durante los episodios revolucionarios europeos de 1848. En 1861, desalojado de la presidencia, poco pudo hacer por evitar una sublevación que, para más escarnio, tuvo como epicentro su feudo particular: la ciudad de Loja.

Los campesinos andaluces llevaban varios años protestando por sus duras condiciones de vida, así como por el desigual reparto de la tierra, un problema que la desamortización progresista de 1855 no había resuelto. Las quejas tomaron un cariz más serio en 1861, cuando los descontentos pusieron al frente de su movimiento al veterinario de ideas revolucionarias Rafael Pérez del Álamo, que viajó por distintos pueblos en busca de apoyo.

El 30 de junio, tras reunir un ejército de cientos de campesinos procedentes de Iznájar en Córdoba, Pérez del Álamo entró en Loja dando gritos a favor de la República, de Garibaldi y de la libertad. Desarmada la Guardia Civil de la región y destituidas las autoridades, los rebeldes formaron un nuevo gobierno con sede en la ciudad granadina. Ante los rumores del reparto de tierras muchos campesinos de Málaga, Almería, Jaén y de la propia Granada se unieron al movimiento, que pronto contó con miles de hombres armados con fusiles, picas y espadas.

Fue entonces cuando el gabinete de O’Donnell, alarmado por las noticias que llegaban del sur, decidió enviar al Ejército. El primer enfrentamiento con los sublevados se dio el 2 de julio y, tras dos días de combates, las fuerzas de Pérez del Álamo entendieron que su capacidad de resistencia a largo plazo era prácticamente nula. Las barricadas levantadas por toda la ciudad no eran suficientes para frenar al enemigo. Además, el movimiento parecía haber quedado circunscrito a la ciudad de Loja.

La revuelta se dio por concluida el 5 de julio y, una vez pacificada la región, comenzaron los trabajos de identificación y castigo de los responsables. Los republicanos fueron los principales sospechosos de instigar a la rebelión. Estos, después de haber sufrido una época de represión tras la vuelta del moderantismo al poder en 1856, se estaban recomponiendo y organizando en distintas sociedades secretas desde las que llamaban a la revolución.

La propiedad de la tierra, junto a reivindicaciones como el sufragio universal masculino o la defensa de un sistema democrático, fueron las demandas más importantes de los republicanos. En este sentido, la conexión entre estos actores políticos y el campesinado andaluz parece clara, aunque diferían a la hora de fijar la distribución.

Si bien la división y posesión de la tierra fue la causa principal de la revuelta, a la que se sumaba el establecimiento de un régimen republicano, las motivaciones de los actores del levantamiento de Loja fueron variadas. Mientras unos luchaban por los principios democráticos, otros lo hacían por la abolición de ciertos impuestos o de las quintas, sin faltar aquellos que se conformaban con volver al sistema progresista de 1854.

En cualquier caso, la revolución campesina inquietó lo suficiente a los partidos liberales, que cerraron filas junto al gobierno en su lucha contra lo que consideraban una revolución socialista. El miedo de los gobernantes se reflejó en la represión que siguió al movimiento: más de doscientas personas fueron condenadas a cadena perpetua, unas cincuenta a penas menores y cinco acabaron siendo ejecutadas.

La diferencia de trato entre estos campesinos y la fracasada intentona carlista que había tenido lugar poco antes no pasó desapercibida para muchos. La Unión Liberal endureció su política respecto a las reivindicaciones obreras que, desde entonces, se toparon con una severa represión. La revuelta de Loja reveló la fragilidad del orden creado por O’Donnell tras los tumultos de 1854 y 1856. Al mismo tiempo, los demócratas y republicanos, aunque divididos, empezaban a poner en serios aprietos a una monarquía que, poco tiempo después, al contar también con la animadversión de los progresistas, acabaría cayendo en 1868.