¿Desde cuándo España es España?

Hay preguntas que no se pueden responder de manera que haya consenso general. Una de ellas es la que encabeza el artículo que, por cierto, también se puede formular respecto a otras naciones. No hay duda de cuándo empezó a existir Panamá como Estado independiente, pero es problemático establecer el nacimiento de la nación china.

Hay confusión entre los límites semánticos de Estado, país, nación o comunidad, entre los términos usuales y los político-jurídicos. Porque en esta materia las definiciones van íntimamente unidas a conceptos que hoy se sostienen políticamente: el de soberanía y el de Estado nación. De tal manera que ninguna nación actual sería anterior al siglo XIX. Pero también es cierto que los países no emergen de la nada y que los antecedentes, históricos, políticos y sentimentales, nos permiten retrotraer su nacimiento a épocas anteriores. Es pura evolución social e histórica.

Posiblemente no se pueda mantener el nacimiento del Estado marroquí en el siglo XX, pero es indudable que la soberanía del sultán (con muchas variaciones territoriales) es muy anterior. Considerar que la soberanía nacional o popular es el origen de los países es ignorar lo que hubo antes y sirvió de base a algo tan intangible como el propio término nación.

Es habitual encontrar autores que defienden el nacimiento de España en 1812. Incluso, hay quienes lo retrasan hasta la Constitución de 1837 por tener un origen más democrático.

Entonces, ¿qué hubo antes?, ¿qué era España antes de ser España?, ¿un conjunto de entes indefinibles, de reinos cambiantes, de satrapías incalificables? En el sentido más estricto de Bodino, hubo soberanía sobre el territorio, aunque el soberano fuera el rey y no la nación, y no fuera del todo inalienable. Existía un país con instituciones y gobierno comunes. España, como referencia geográfica de unidad, ya se puede ver en los romanos, y los visigodos tenían un reino único en toda la península, lo cual implicaba una existencia política. Había un ámbito de decisiones políticas comunes y un territorio diferenciado de otras naciones sobre el que se ejercía el poder.

Hay grupos sociales que tratan de pactar el sentido de las decisiones estatales dentro de un ámbito común, como señalaba Altusio en su concepto de soberanía, que legó hasta el carlismo del XIX. Es lícito hablar de España desde hace siglos, aunque la estructura social y política haya cambiado, y mucho.

La desmembración del Califato de Córdoba en taifas dio lugar a la aparición de diversos reinos peninsulares independientes, sucesores de las conquistas. Fue la gran crisis de esa entidad. El final de la lucha de expulsión de los árabes en 1492 se da tradicionalmente como nacimiento de la España moderna porque los distintos reinos quedaron unidos por la autoridad de un solo monarca, que era soberano. Había autonomía, en algunas materias muy amplias, pero, a la vez, existían una unidad real, simbólica y con instituciones comunes.

Hay otros autores que retrasan este nacimiento hasta el 24 de febrero de 1556, cuando abdica Carlos I en favor de Felipe II, se acaba con las disputas sucesorias y se desgaja del monarca el Sacro Imperio.

La idea de España como nación se refuerza por influencia francesa al acceder al trono los Borbones. La consolidación de un Estado fuerte, con un poder centralizado que eliminaba otros poderes, es la que trae la Monarquía absoluta con Felipe V. Se puede criticar ese sistema de poder, pero no la existencia de un único ámbito territorial en su ejercicio, es decir, España.

El Estado era el rey, decía Luis XIV de Francia, queriendo decir que lo representaba y gobernaba. Los antiguos reinos y sus instituciones, existentes en la España del XVIII, pero integrados, debían ser sometidos a la igualdad y abolidos sus fueros o privilegios. Surgen así los Decretos de Nueva Planta (1707-1717), un nuevo paso en la consolidación de una única España. Quizás fuera un error político la eliminación de autonomía en los poderes territoriales, pero se buscaba consolidar la idea de país único mediante la búsqueda de la igualdad de los territorios y la eliminación de privilegios, fueros o distinciones. Lo malo fue que la eliminación de fueros se hizo extendiendo el derecho de Castilla, en vez de crear un ordenamiento nuevo y verdaderamente común.

La posición de Cataluña en la Guerra de Sucesión trajo como consecuencia la abolición del derecho público propio del Reino de Aragón. La unificación legal de toda España extendió el sistema de Audiencias. Por último, se eliminaron también los órganos de creación de derecho en Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares y, aunque no derogó el derecho privado, cercenaba su modificación al quitar el poder normativo propio.

Pérez-Prendes señala: «Constituyen estos textos una de las páginas más tétricas, difíciles e influyentes de la historia jurídica española, destinados a causar múltiples efectos de todas clases y durante largo tiempo, con muchísimas dificultades por eso para recibir una interpretación histórica exenta, o al menos, no demasiado dominada por motivaciones psicológicas». Pero es cierto que, desde la llegada a América, Castilla era la vanguardia de España.

En todo caso, esa posibilidad de decretar la unificación solo se entiende porque ya existía un país llamado España, una unidad cultural, militar y social reconocida internacionalmente. Fuera y dentro de las fronteras, ya se referían como españoles a sus habitantes. Los Decretos de Nueva Planta unificaron jurídicamente algo que ya estaba unificado políticamente. Si no hubiera existido un único país, no hubiera sido posible promulgarlos como causa. Y no se hubieran podido aplicar como consecuencia.

La España visigoda revivía con los Reyes Católicos y se hizo absoluta con los Borbones. No hay que esperar al siglo XIX para encontrarse con una entidad política que es nación y Estado.