Cuando los saharauis eran «españoles»: tenían DNI, votaban y tenían representantes en las Cortes

Hace apenas unos días contábamos en estas páginas cómo, en noviembre de 1975, unos 350.000 marroquíes avanzaron hacia el Sáhara durante la Marcha Verde mientras Franco agonizaba en Madrid. España terminó abandonando el territorio y, el 26 de febrero de 1976, puso oficialmente fin a su presencia allí.

Pero detrás de aquella retirada quedó otra historia: la de las personas que vivían en aquel inmenso territorio y que, de la noche a la mañana, vieron desaparecer la Administración bajo la que habían vivido durante décadas.

Hubo un tiempo en el que los saharauis fueron, por decirlo de una manera gráfica, «españoles» (tenían DNI expedido por España, participaban en procesos electorales y contaban con representantes en las Cortes, aunque jurídicamente aquello no significaba que todos poseyeran la nacionalidad española de pleno derecho).

Vivían, además, en un territorio que España había convertido oficialmente en provincia. El Aaiún era su capital, existían ayuntamientos, un Cabildo Provincial y un gobernador general dependiente directamente de la Presidencia del Gobierno.

Cincuenta años después, aquella historia ha vuelto precisamente a las Cortes. El pasado 10 de septiembre, el Congreso aprobó una proposición de ley para conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis nacidos bajo administración española.

El texto salió adelante con 168 votos a favor (PSOE), 31 en contra (Vox) y 145 abstenciones (PP y Junts) y continúa ahora su tramitación en el Senado.

Para comprender por qué España sigue discutiendo en 2026 sobre la nacionalidad de personas nacidas en el Sáhara hace más de medio siglo, hay que retroceder hasta 1958.

Cuando el Sáhara se convirtió en provincia

África estaba inmersa en pleno proceso de descolonización cuando el régimen de Franco decidió reorganizar sus posesiones africanas. En 1958, el Sáhara pasó a tener consideración provincial y, tres años después, la Ley 8/1961, de 19 de abril, desarrolló su organización y régimen jurídico.

La norma hablaba literalmente de la «Provincia de Sahara» y establecía provisionalmente su capital en El Aaiún.

No era únicamente una cuestión de nombre, ya que los servicios administrativos debían organizarse «en forma similar» a los de las restantes provincias españolas. El territorio estaba dividido en términos municipales administrados por ayuntamientos, contaba con un Cabildo Provincial, cuyas competencias se equiparaban a las de las diputaciones, y estaba dirigido por un gobernador general dependiente de la Presidencia del Gobierno.

Y la ley decía algo todavía más significativo: «La Provincia del Sahara gozará de los derechos de representación en Cortes y demás organismos públicos correspondientes a las provincias españolas». Pero aquella integración tenía límites, ya que la misma norma reconocía expresamente las particularidades de la población musulmana, mantenía la justicia coránica en su ámbito de aplicación y protegía sus usos y costumbres tradicionales.

La Administración española había convertido el territorio en provincia, pero eso no suponía una equiparación jurídica absoluta entre todos sus habitantes y los españoles de la Península. Una diferencia que acabaría resultando fundamental.

Saharauis en las Cortes españolas

La representación de la que hablaba la ley no se quedó sobre el papel. De hecho, hubo saharauis sentados en las Cortes de Franco. Uno de ellos fue Jatri Uld Said Uld Yumani, nacido en Smara en 1921, presidente del Cabildo Provincial del Sáhara y procurador en las Cortes españolas. Pero no fue el único, ya que los saharauis participaron además en los mecanismos electorales establecidos por el régimen y posteriormente contaron con su propia Asamblea General o Yemáa.

Naturalmente, hablamos de la España franquista y no de un sistema parlamentario democrático como el actual: tampoco los españoles de la Península, las islas Baleares y Canarias elegían libremente un Congreso mediante sufragio universal como hacemos hoy. Pero el dato sirve para comprender hasta qué punto el Sáhara había sido integrado en las estructuras del Estado español.

Había representantes saharauis en Madrid. Y mientras algunos se sentaban en las Cortes, miles de sus compatriotas llevaban en el bolsillo un documento que hoy resulta todavía más sorprendente: un DNI español.

Un DNI español que no siempre significaba ser español

Este es probablemente el aspecto más llamativo de toda la historia, ya que España expidió documentos de identidad a naturales del Sáhara. Y no estamos utilizando una denominación posterior para referirnos a ellos. El propio Boletín Oficial del Estado hablaría en 1976 del «documento nacional de identidad bilingüe expedido por las Autoridades españolas».

Un saharaui podía, por tanto, tener un DNI expedido por España, participar en determinados procesos electorales y vivir en una provincia española representada en las Cortes. Entonces, ¿era español? La respuesta jurídica es bastante más complicada de lo que parece.

Durante décadas, registros y tribunales españoles han tenido que resolver precisamente esa cuestión. El Tribunal Supremo terminó estableciendo en 2020 que haber nacido en el Sáhara Occidental antes de la descolonización no convertía automáticamente a una persona en española de origen por haber nacido en territorio que entonces administraba España.

La diferencia puede resultar extraña vista desde 2026, pero es fundamental para entender lo ocurrido: una cosa era la integración administrativa del territorio y otra, la condición jurídica de nacional español. Y mientras aquella ambigüedad permanecía sin resolver, llegó 1975.

España se marcha

La Marcha Verde aceleró definitivamente los acontecimientos y, el 19 de noviembre de 1975, un día antes de la muerte de Franco, se aprobó la Ley sobre Descolonización del Sáhara. España comenzó a retirarse y, el 26 de febrero de 1976, puso término definitivo a su presencia y a sus responsabilidades administrativas en el territorio.

Pero quedaba un problema: ¿qué ocurría con quienes habían vivido durante años bajo aquella Administración y conservaban documentación española? La respuesta llegó unos meses después. Concretamente, el 10 de agosto de 1976, ya con Juan Carlos I como jefe del Estado, se aprobó el Real Decreto 2258/1976 sobre la opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sáhara.

El preámbulo reconocía que acababa de concluir un «prolongado período de vinculación permanente y afectiva» de aquella población con España y consideraba justo permitir que determinadas personas pudieran optar por la nacionalidad española. Pero ¿quiénes? Entre otros, los naturales del Sáhara que residieran en España y estuvieran provistos de documentación general española y quienes, encontrándose fuera del país, conservaran aquel DNI bilingüe expedido por las autoridades españolas, fueran titulares de pasaporte español o estuvieran inscritos en los registros de las representaciones españolas en el extranjero.

Pero había una condición decisiva: tenían un año para ejercer aquel derecho. El decreto fue publicado en el BOE el 28 de septiembre de 1976 y entró en vigor al día siguiente. El plazo terminaba, por tanto, el 28 de septiembre de 1977. La norma establecía algo aún más contundente: una vez transcurrido aquel año, quedarían anulados los pasaportes y documentos de identificación personal concedidos por España a los naturales del Sáhara que no hubieran ejercido su derecho de opción. Doce meses. Pero el problema era que el Sáhara que España había dejado atrás ya no era el mismo.

Un año en mitad de una guerra

Mientras se consumaba la retirada española, el conflicto se había extendido por el territorio. Una parte de la población saharaui huyó y acabó refugiada en los campamentos de Tinduf, en Argelia; otra permaneció en el Sáhara Occidental. En ese escenario comenzó a correr el plazo administrativo fijado desde Madrid. Quienes reunieran los requisitos y quisieran conservar aquel vínculo jurídico con España tenían doce meses para solicitarlo. Después, sus documentos españoles perderían su valor.

Y aquel plazo aparentemente administrativo acabaría proyectando sus consecuencias durante décadas. La cuestión de la nacionalidad de los antiguos habitantes del Sáhara español llegó una y otra vez a registros y tribunales hasta que, el 29 de mayo de 2020, el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo estableció que el hecho de haber nacido allí durante la administración española no bastaba, por sí mismo, para ser considerado español de origen. Además, la decisión no fue unánime: tres magistrados formularon voto particular. Parecía una historia perteneciente definitivamente al pasado… hasta ahora.

Cincuenta años después, otra vez en las Cortes

El pasado 10 de septiembre de 2026, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición de ley sobre concesión de nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española. La iniciativa prevé la concesión por carta de naturaleza a quienes nacieron en el Sáhara Occidental durante aquel periodo y establece los medios mediante los cuales podrán acreditar esa condición. La proposición continúa ahora su tramitación parlamentaria.

Entre las pruebas que vuelven a adquirir importancia se encuentra precisamente aquella documentación expedida por España hace medio siglo. El mismo Estado que convirtió el Sáhara en provincia, concedió representación en sus Cortes y expidió documentación española a parte de sus habitantes abandonó el territorio en 1976 y abrió después un plazo de un año para que determinados naturales del Sáhara optaran por la nacionalidad.

Cincuenta años más tarde, las Cortes españolas vuelven a debatir qué relación jurídica debe mantener España con aquellas personas, por lo que aquellos viejos DNI cuentan una historia mucho mayor de lo que aparentan. La bandera española dejó de ondear en el Sáhara en 1976, pero la historia de quienes vivieron bajo ella todavía no ha terminado.