El primer ministro húngaro, Viktor Orbán
La UE castiga a Hungría por limitar la independencia judicial y hace la vista gorda con España
La Unión Europea ha aprobado congelar a Hungría 6.300 millones de euros de los fondos de recuperación con el argumento de que el gobierno de Viktor Orbán no garantiza la independencia judicial.
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La decisión destaca cuando en España el gobierno de Pedro Sánchez se encuentra inmersa en plena ofensiva contra la independencia judicial con su reforma para establecer un control gubernamental del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial.
La Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, se ha mostrado, en ese sentido, mucho más condescendiente con el gobierno de Sánchez que con el de Orbán, con el que ha ejercido todo su poder coercitivo.
Sin embargo, la congelación de fondos podría haber sido mayor, ya que en un principio la propuesta de la Comisión era de congelar 7.500 millones de euros, informó Efe.
Los Veintisiete consideran que las reformas adoptadas hasta ahora por Budapest no resuelven todas las deficiencias del Estado de derecho y siguen suponiendo un riesgo para el presupuesto comunitario, pero valoran tanto «el número e importancia de las medidas correctoras que han sido implementadas satisfactoriamente por Hungría» hasta ahora y «el grado de cooperación» de las autoridades húngaras, informó en un comunicado el Consejo de la UE.
Todas las medidas sobre corrupción, conflictos de intereses y transparencia en las licitaciones públicas que el Gobierno de Viktor Orbán no ha conseguido adoptar completamente hasta ahora pasan a formar parte de los hitos y objetivos del plan húngaro de recuperación, que ha sido aprobado también hoy a nivel de embajadores.
Para acceder al primer tramo los 5.800 millones en ayudas directas que contempla el plan, Hungría tendrá que completar todas esas reformas citadas y además otra decena de medidas relacionadas, principalmente, con la independencia de su judicatura.
El desbloqueo de su plan de recuperación llevó, por último, a que Budapest levantara su veto sobre el tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades que los Veintisiete llevan meses intentando aprobar y que antes de encontrarse con el obstáculo húngaro se topó con las reservas de Polonia.
Esta reforma es parte del acuerdo alcanzado a nivel global por la OCDE para garantizar que las multinacionales pagan unos impuestos mínimos allá donde operan. No obstante, fuentes comunitarias señalan que Polonia mantiene algunas dudas sobre este aspecto que tendrán que ser resueltas antes de que acabe el plazo que los Veintisiete se han dado para confirmar el acuerdo.
Ayuda a Ucrania
La congelación de fondos resulta especialmente sangrante para el gobierno húngaro, pues se aprobó en el momento en que Orbán decidió levantar el veto que mantenía sobre los 18.000 millones de ayuda del bloque para Ucrania en 2023, informaron a Efe varias fuentes comunitarias.
Los 27 han aprobado el plan de recuperación de Budapest –aunque el desembolso de los 5.800 millones en ayudas está condicionado a la adopción de reformas para garantizar la independencia judicial y reforzar la lucha contra la corrupción y los conflictos de intereses– y han pactado establecer un tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades.
Este cuádruple acuerdo político se ha alcanzado en una reunión a nivel de embajadores y tendrá que ser confirmado en los próximos días, informan las mismas fuentes, que especifican que los Estados miembro tienen hasta el miércoles para aprobar formalmente por escrito cada una de las partes.
Así, el Gobierno de Orbán ha levantado finalmente su veto a la ayuda de 18.000 millones en créditos blandos para Ucrania a lo largo de 2023 después de que la UE se dotase el pasado sábado de una vía para poder desplegar dichos fondos sin necesidad de contar con el respaldo de Hungría.
El plan B de los otros veintiséis países pasaba por garantizar con avales nacionales las emisiones de deuda que financiarán dicha ayuda, una alternativa que finalmente no hará falta utilizar porque el visto bueno de Budapest permite cubrir las emisiones con el presupuesto comunitario, como era la idea inicial.
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