Donald Tusk durante una vista a la Comisión Europea el pasado 25 de octubre para reunirse con Ursula von der Leyen
Polonia
El nuevo Ejecutivo polaco purgaría a simpatizantes del PiS en medios de comunicación y sector público
Estas medidas chocarían de frente con la nueva directiva de medios de comunicación europea que pretende limitar el control público en el sector
El posible nuevo gobierno de Polonia salido de las urnas hace dos semanas liderado por Donald Tusk purgaría a una serie de trabajadores públicos y del sector de los medios de comunicación al llegar al poder, así o ha dejado car caer el periódico Gazeta Wyborcza de corte anticonservador.
El digital ha sido más allá y ha publicado en su web una serie de personas, como si de una lista negra se tratase, para que sean apartadas o despedidas cuanto antes. La lista incluye a personas relacionadas directamente con el partido saliente -el PiS- pero también simplemente a amigos o simpatizantes del partido que no guardan relación directa con el mismo.
Salvando las distancias, la actitud de Gazeta Wyborcza guarda relación con el diario Gara antaño cuando señalaba a las víctimas en sus propias páginas. Este linchamiento público no ha sido condenado por ningún partido opositor ni por ningún responsable de la Unión Europea, al menos por el momento.
La reciente directiva de libertad para medios de comunicación (European Media Freedom Act) crea un nuevo marco de normas «para proteger el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación en la UE», según reza la exposición de motivos.
«Garantizarán que los medios de comunicación, públicos y privados, puedan operar más fácilmente a través de las fronteras en el mercado interior de la UE, sin presiones indebidas y teniendo en cuenta la transformación digital del espacio de los medios de comunicación», aseguran desde la Comisión Europea.
De intervenir manu militari el nuevo gobierno de Tusk estaría contraviniendo las propias leyes europeas al interferir directamente en un conglomerado mediático. Es cierto que es algo que se ha hecho en todos los países -si bien se culpaba exclusivamente a Polonia y Hungría- pero esta sería la primera vez que ocurre tras la aprobación de dicha legislación europea.
Esta amenaza ha desencadenado protestas entre los empleados de este sector, así como del Consejo Nacional de Medios de Comunicación, encargado de designar a sus altos directivos.
Estas medidas surgieron durante la pasada campaña electoral en la que Donald Tusk, quien liderará el gobierno entrante, prometió reformar la gestión de los medios públicos al día siguiente de asumir su cargo.
Los tres partidos que componen la nueva mayoría parlamentaria -la Coalición Cívica de Tusk, la alianza de la Tercera Vía y el Partido de la Izquierda- han respaldado esta promesa. Argumentaron que los medios públicos polacos estaban actualmente inclinados hacia el partido gobernante saliente, el conservador PiS, y que este recibió un trato preferencial durante las elecciones, según alegan los partidos de la coalición entrante.
Además de los medios de comunicación públicos, la lista también abarca a empleados del servicio postal polaco y de las instituciones financieras públicas. El periódico ha motivado a sus lectores a proporcionar nombres adicionales que debieran incluirse en la lista negra y, así, sumarse a la cacería pública.
El Consejo Nacional de Medios de Comunicación ha emitido un comunicado en el que deja claro que cualquier modificación en los medios públicos solo puede implementarse después de la aprobación de la legislación correspondiente y, en cualquier caso, no puede pasar por alto la autoridad del organismo.
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