Los parlamentarios de la coalición de izquierda NUPES sostienen carteles contra la ley de inmigración
Francia
El Constitucional francés tumba la mayor parte de la polémica ley de inmigración de Macron
El Consejo Constitucional francés ha hablado y ha tumbado la mayor parte de la ley de inmigración que, con tanto esfuerzo, consiguió sacar adelante el Gobierno de Emmanuel Macron. Un mes después de su aprobación en la Asamblea Nacional, y con los votos de las formaciones de derechas, entre las que se encontraba Agrupación Nacional, de Marine Le Pen, el Alto Tribunal francés ha censurado más de un tercio del texto.
La ley de inmigración, polémica desde el inicio y que acabó por costarle el puesto a la ex primera ministra, Élisabeth Borne, ha sido, en gran parte, dinamitada. Los nueve miembros del Consejo Constitucional han censurado total o parcialmente 32 artículos –de 86– por tratarse de disposiciones legislativas accesorias. En otras palabras, por considerar que no tienen relación con el proyecto de ley.
Los artículos que han sido vetados son los que se refieren a las restricciones impuestas a la reagrupación familiar, el endurecimiento al acceso a las prestaciones sociales, el establecimiento de un «depósito de devolución» para los estudiantes extranjeros o la imposición de cuotas migratorias anuales, entre otros. La decisión del Alto Tribunal francés se esperaba con una mezcla de miedo y esperanza. La aprobación de la ley de inmigración provocó un cisma en el partido gobernante, Renacimiento.
Muchos de los ministros de Macron amenazaron con dimitir por haber sacado adelante la legislación con los votos de la formación de Marine Le Pen. Unas amenazas que acabaron por convertirse en mero ruido. Únicamente, el ministro de Sanidad, Aurélien Roussea, acabó por abandonar el Ejecutivo. Pero, la realidad es que esta reforma de ley desencadenó una crisis en el Gobierno francés, que Macron cortó de raíz con la remodelación del Ejecutivo y decidió cesar a casi todos los que criticaron la normativa.
En el fondo ni siquiera el propio Gobierno francés estaba convencido de la constitucionalidad de la reforma de la ley de inmigración. El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, que redactó el texto, reconoció que varias disposiciones eran «manifiesta y claramente contrarias a la Constitución». En este sentido, algunos miembros del Ejecutivo esperaban una censura parcial. Sus plegarias han sido escuchadas.
Darmanin, tras conocerse el fallo del Tribunal, recurrió a su cuenta de X, antes Twitter, para aplaudir la decisión. Para el ministro del Interior francés la sentencia reafirma la posición del Ejecutivo francés ya que «valida íntegramente el texto inicial del Gobierno». «¡Nunca un texto había previsto tantos recursos para deportar a los delincuentes y tantos requisitos para la integración de los extranjeros!», en referencia a los artículos incluidos a petición de las formaciones de derecha para poder sacar adelante el proyecto en la Asamblea Nacional.
Macron se aferraba a la decisión de los nueve «Sabios» –como se conoce a los miembros del Consejo Constitucional– para que censurasen parte del texto. Una responsabilidad que no sentó bien en el Alto Tribunal. De hecho, Laurent Fabius, presidente del órgano, en su discurso de Año Nuevo, el pasado 8 de enero, afeó a Macron su postura y defendió que el Consejo Constitucional «no era una cámara de apelación de las decisiones del Parlamento, (sino) el juez de la constitucionalidad de las leyes» y que correspondía al legislador velar por que los textos respetaran «el Estado de derecho».
Borné fue la cabeza visible de esta crisis y la primera que anunció su dimisión, adelantándose a los cambios que se avecinaban. Macron nombró en su lugar a Gabriel Attal, entonces ministro de Educación, y que se ha convertido en el primer ministro francés más joven de la historia de la V República. Attal empieza su mandato con una Francia incendiada y levantada. Miles de personas se manifestaron contra la reforma de la ley de inmigración este domingo. Pero también los agricultores franceses se han echado a las calles para protestar contra los recortes a los subsidios y la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea.
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