La izquierda francesa radicaliza el proyecto sobre la legalización de la eutanasia

La Asamblea Nacional francesa empieza hoy el debate sobre el proyecto de ley de «fin de vida», la púdica expresión para designar lo que es un paso agigantado a una eutanasia plena.

Sobre todo, si se tienen en cuenta las modificaciones sustanciales aportadas a su contenido por la comisión parlamentaria creada ex profeso, y muy contrarias a los deseos iniciales expresados por Emmanuel Macron, en marzo, al presentar el proyecto.

Entonces, en una entrevista conjunta concedida a los diarios Libération –progresista– y La Croix –católico–, el presidente de la República abogó por «una ley de fraternidad, una ley que concilie la autonomía del individuo y la solidaridad de la nación», excluyendo expresamente los términos eutanasia y suicidio asistido.

«Esta ley debería abrir ‘la posibilidad de solicitar asistencia para morir bajo ciertas condiciones estrictas’», puntualizó.

Pues bien, los miembros de la comisión parlamentaria han hecho caso omiso de las recomendaciones presidenciales en, al menos, dos aspectos esenciales.

De entrada, la opción de muerte voluntaria ya no se limitaría a «un pronóstico vital a corto o medio plazo», sino a enfermedades incurables «en fase terminal o avanzada». Una flexibilización terminológica que, en caso de ser votada, ampliaría notablemente el campo de aplicación de la ley.

En segundo lugar, en el proyecto inicial del Gobierno –el avalado por Macron–, la inyección de una sustancia letal debía ser «realizada por la propia persona».

En cambio, según se desprende del nuevo texto, cabe la posibilidad de que el acto sea llevado a cabo por un tercero, médico o cuidador, dejando libertad de elección al paciente. Una innovación que tampoco se corresponde con lo diseñado por el Gobierno.

La situación se complica, sin ir más lejos, con una enmienda presentada por la diputada Laurence Cristol, una de las ponentes del texto modificado.

De acuerdo con esta enmienda, se contempla que «el procedimiento de evaluación de la solicitud del paciente se lleve a cabo en el marco de un ‘procedimiento colegiado multiprofesional’».

En última instancia, sin embargo, la decisión la sigue tomando un solo médico. ¿Dónde queda, pues, la colegialidad como garantía contra la discrecionalidad de un solo doctor?

El Gobierno, curiosamente, ha contribuido a la radicalización al permitir una enmienda procedente de la formación de izquierda radical La Francia Insumisa que contempla la creación de un delito de «obstaculización de la ayuda a morir», con pena de cárcel incluida.

En el otro extremo, Annie Vidal, diputada de Renacimiento, la formación macronista, pretendió introducir el delito de «incitación activa a morir». Su enmienda ha sido rediseñada.

En términos estrictamente políticos, este debate vuelve a poner a prueba la autoridad del jefe del Estado y del Gobierno de Gabriel Attal sobre su propia mayoría parlamentaria, partida, como se ha podido en constatar en los trabajos de la comisión, entre los que apoyan el texto inicial, los que hacen lo propio apoyando un endurecimiento y los que, como Vidal, abogan por poner cortafuegos.

Macron dispone a su favor de la baza del tiempo: la tregua olímpica, primero, la votación del Senado y la vuelta posterior a la Asamblea Nacional. Como mínimo, año y medio. Y el voto de cada diputado será en conciencia.