Ucrania: recordatorios elementales para la recuperación de la paz en libertad

Como consecuencia de la desaparición de la Unión Soviética en 1991, varios fueron, además de la Federación Rusa, los Estados que como entidades independientes entraron a formar parte de la comunidad internacional: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. Todos ellos pronto se integraron en los sistemas de convivencia internacional encarnados por la Organización Naciones Unidas y por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, cuyos principios básicos se basan en el reconocimiento mutuo de la independencia política y la integridad territorial de cada uno de ellos. Además, tres de ellos, Estonia, Letonia y Lituania, se integraron en la Unión Europea y en la OTAN. Dos de entre ellos, Kazajistán y Ucrania, tenían desplegadas en sus territorios cabezas nucleares pertenecientes a la URSS. 5.000 en el caso de Ucrania, entregadas por el Gobierno ucraniano al que consideraba su legítimo propietario, la Federación Rusa, y afirmando con ello su voluntad de configurarse como Estado no nuclear.

Fue en 1994 cuando tuvo lugar en la capital húngara la firma del llamado Memorándum de Budapest con la participación de Rusia, Estados Unidos y Reino Unido , a los que más tarde se sumarían China y Francia. El Memorándum, según su mismo título, se refiere a las «garantías de seguridad en el marco de la adhesión de Ucrania al Tratado de no proliferación de armas nucleares» indicando que Ucrania era un «Estado no nuclear» y subrayando que el propósito de la iniciativa era subrayar la voluntad de los firmantes de «respetar la independencia y la soberanía y las fronteras existentes de Ucrania». En la misma longitud de onda, los firmantes del documento, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido, afirmaban su «obligación de abstenerse de la amenaza o del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de Ucrania». Y a continuación los tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad firmantes del documento extendían su compromiso a abstenerse de «cualquier tipo de presión destinada a subordinar a sus propios intereses los derechos inherentes a la soberanía ucraniana con el fin de obtener ventajas de algún tipo». Además, los tres miembros del Consejo de Seguridad afirmaban su disposición a «facilitar asistencia a Ucrania en el caso de que fuera víctima de un acto de agresión». Tres años más tarde, en 1997, Ucrania y Rusia firmaron un tratado bilateral para permitir la navegación de la flota rusa por el mar Negro y en el cual se afirmaba la «voluntad mutua de «respetar la integridad territorial de ambos Estados» y reafirmaban la «inviolabilidad de las fronteras existentes entre ambos».

Fue en 2014 cuando, en clara violación de los acuerdos contraídos entre los dos países, el jerarca ruso Vladimir Putin decidió la ocupación de la isla de Crimea, parte integrante de la soberanía ucraniana. La respuesta internacional, y en particular la del resto de los firmantes del Memorándum de Budapest, consistió en la aplicación de sanciones de medio alcance al régimen moscovita, evitando con ello respuestas más contundentes que, aunque motivadas y justificadas por los acuerdos internacionales mencionados, pudieran desembocar en un conflicto abierto. El 24 de febrero de 2022 las tropas rusas invadieron la Ucrania continental, esperando con ello poder apropiarse en poco tiempo de territorio considerados propios por los dirigentes rusos. La respuesta internacional, sin embargo, no se hizo esperar y ha evitado que los oligarcas rusos hayan cumplido con sus objetivos. Mientras, Ucrania y la comunidad internacional contemplan con preocupación no exenta de horror las consecuencias derivadas de una agresión injustificable y cuyos daños personales y materiales rebasan, además de las derivadas de los fragrantes incumplimientos de las normas internacionales, la experimentado y vivido por la comunidad internacionales desde 1945, cuando finalizó la II Guerra Mundial.

El 17 de marzo de 2023, el Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin. Se fundamentaba en la presunta comisión de crímenes de guerra cometidos por el dirigente ruso relativos a la deportación y al traslado ilegal de niños de la Ucrania ocupada a territorio ruso. Hay que recordar que las competencias del Tribunal, creado en julio de 1998, y vigente desde 2002, se extienden a casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o de agresión. Son 120 los Estados actualmente miembros. Si el imputado Putin visitara alguno de ellos, las autoridades locales, en cumplimiento de sus obligaciones, deberían detenerlo y entregarlo al Tribunal. Ni los Estados Unidos ni Arabia Saudí, países en donde parece pudiera tener lugar el encuentro presencial entre Trump y Putin, son firmantes del tratado.

Son todo ellos elementos a tener en cuenta ante las derivadas que pudieran surgir de las anunciadas entrevistas entre los responsables rusos y americanos y la consideración o la falta de ella que de tales entrevistas pudieran surgir ante la evidente necesidad de mantener una realidad global basadas en los derechos fundamentales de las personas, los Estados y orden internacional en su conjunto. Que, en la práctica, y con todas sus deficiencias, ha permitido que el mundo evite desde 1945 el estallido de un conflicto generalizado.