Nicaragua no recibirá al expresidente Martinelli mientras no se aclare una alerta de Interpol

El Gobierno de Nicaragua anunció este lunes que no recibirá en su país al expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado desde febrero de 2024 en la embajada nicaragüense en Panamá tras ser condenado por corrupción y que pretendía salir hacia Managua hoy tras concedérsele un salvoconducto, hasta que no se aclare una posible alerta de Interpol contra él.

La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, leyó un comunicado de la Cancillería y dijo que el caso de Martinelli se trata de una «situación compleja, contradictoria que llama mucho la atención» y que pareciera que se trata de una «trampa» o «emboscada» en contra del expresidente panameño.

Ricardo Martinelli, de 73 años y con una amplia trayectoria empresarial, se refugió en la embajada nicaragüense en febrero de 2024, tras confirmarse su condena de 10 años de prisión y una multa millonaria por el caso New Business, relacionado con la compra de medios de comunicación con fondos públicos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, informó el jueves de forma sorpresiva que otorgaba un salvoconducto a Ricardo Martinelli por razones «humanitarias», el cual tendría validez entre el 27 y el 31 de marzo.

Martinelli, horas más tarde, a través de sus redes sociales, aceptó este salvoconducto para viajar a Nicaragua.

Este gesto a favor de Martinelli, que apadrinó al actual gobernante de Panamá, José Raúl Mulino, quien fue su ministro de Seguridad y le llamaba «amigo» durante la campaña proselitista que lo llevó al poder en 2024, contrasta con la negativa del Gobierno anterior, liderado por Laurentino Cortizo (2019-2024), que se basó en convenios internacionales para rechazar dicho salvoconducto.

La estancia de Martinelli en la embajada ha generado controversia, por su implicación en la política local y las adaptaciones hechas en la sede para sus necesidades personales.

Además, Martinelli enfrenta otras acusaciones en Panamá relacionadas con el escándalo de Odebrecht y en España por supuestos sobornos y por un caso de interceptación de comunicaciones en Mallorca.