Meloni impone por decreto su polémica ley sobre seguridad y desata protestas en Italia

El Gobierno de la primera ministra italiana Giorgia Meloni ha aprobado este viernes, por decreto-ley, una controvertida legislación sobre seguridad, eludiendo el debate parlamentario pendiente en el Senado. La medida, que entra en vigor de manera inmediata, ha sido duramente criticada por la oposición y ha provocado protestas en ciudades como Roma y Nápoles.

«Son normas necesarias que ya no podemos seguir aplazando», declaró Meloni al término del Consejo de Ministros. El Ejecutivo decidió tomar el texto que ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados y transformarlo en un decreto-ley, una vía que acelera su aplicación.

Las reacciones no se hicieron esperar. En Roma, cientos de manifestantes se concentraron en la Plaza del Panteón y protagonizaron enfrentamientos con la policía al intentar romper el cordón que protegía el acceso al Palacio Chigi, sede del Gobierno. También se registraron protestas en Nápoles.

El nuevo decreto establece, entre otras disposiciones, una «protección jurídica específica» para policías y militares que sean investigados o imputados por hechos ocurridos en el ejercicio de sus funciones. Estos agentes podrán seguir en activo y el Estado cubrirá sus costes legales hasta 10.000 euros por cada fase del proceso judicial.

Además, la norma introduce nuevas figuras delictivas y agrava penas en temas de seguridad pública, criminalizando acciones como el bloqueo de carreteras o vías férreas —una herramienta habitual en protestas sociales— con sanciones que pueden incluir cárcel. También se endurecen las penas por ocupación de viviendas, daños en bienes públicos y acciones de resistencia pacífica, incluso en el caso de presos.

Organizaciones de derechos humanos y grupos de la oposición consideran que muchas de estas medidas apuntan directamente a los movimientos sociales que han liderado protestas en los últimos años, como los que se oponen a la línea de tren de alta velocidad en el norte del país o al controvertido proyecto del puente de Messina, que conectaría Sicilia con la península.

La respuesta política no se hizo esperar. El diputado Riccardo Magi, del partido progresista Más Europa, calificó la legislación como «una vergüenza». «Un enfoque securitario y represivo no garantizará más seguridad. Al contrario, supondrá mayor conflicto social y odio social», advirtió.

Desde otros sectores de la oposición se denunció que el decreto no solo vulnera el equilibrio institucional, al esquivar el debate parlamentario, sino que busca silenciar la disidencia social y blindar legalmente a las fuerzas de seguridad en contextos donde la represión puede exceder los límites legales.

Al tratarse de un decreto-ley, la norma entra en vigor de forma inmediata, aunque deberá ser ratificada por el Parlamento en un plazo de 60 días. Aun así, el Gobierno de Meloni ha dejado claro que no piensa ceder terreno.