EE.UU. intenta deportar a inmigrantes venezolanos a El Salvador bajo ley de 1798 en medio de críticas por violaciones de derechos

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha interpuesto este viernes varios recursos de emergencia —algunos de ellos dirigidos directamente a la Corte Suprema— con el fin de frenar la inminente expulsión de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos hacia El Salvador. Estas personas se encuentran detenidas en un centro migratorio ubicado en Anson, Texas, y están siendo acusadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de estar vinculadas con la organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua, originada en Venezuela.

Según ha advertido la ACLU, el Gobierno estadounidense estaría aplicando de forma arbitraria la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación excepcional pensada para contextos bélicos, con el objetivo de justificar estas expulsiones. Esta norma, de uso extremadamente limitado en la historia del país, ha sido invocada por la Administración Trump, que califica a los migrantes como «invasores». La organización defensora de los derechos civiles sostiene que esta interpretación vulnera derechos constitucionales básicos, especialmente cuando se pretende ejecutar deportaciones sin previo aviso a los abogados de los detenidos ni posibilidad de apelación.

Durante una audiencia de emergencia celebrada la noche del viernes en Washington D.C., representantes del Departamento de Justicia aseguraron que, por el momento, no existen vuelos programados hacia El Salvador desde Texas para esa misma noche ni para la mañana siguiente. No obstante, la ACLU ha manifestado que, conforme a los testimonios obtenidos de familiares de los detenidos, el Gobierno estaría preparando las deportaciones en las próximas horas, lo que ha motivado la solicitud de una intervención judicial urgente para evitar daños «irreparables y permanentes».

La situación se agrava por el hecho de que los migrantes han recibido documentos redactados únicamente en inglés, con los que se les solicita su firma como aceptación de la deportación. Muchos de ellos no dominan el idioma, lo que plantea serias dudas sobre la validez y transparencia del procedimiento.

El destino previsto para estos ciudadanos venezolanos sería el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad ubicada en El Salvador. Esta instalación ha sido objeto de denuncias por parte de organizaciones internacionales debido a presuntos abusos contra los derechos humanos, incluyendo condiciones de detención inhumanas y falta de acceso a procesos judiciales justos.

Un acuerdo entre el Gobierno estadounidense y la administración del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, permite el traslado de migrantes a esta megacárcel. Como parte del entendimiento —cuyos detalles no han sido revelados públicamente— Estados Unidos se ha comprometido a destinar seis millones de dólares anuales para financiar el sistema penitenciario salvadoreño. Hasta la fecha, más de 200 migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, han sido enviados a dicho centro bajo acusaciones de pertenecer al Tren de Aragua.

Sin embargo, un reciente informe publicado por Bloomberg cuestiona la veracidad de estas imputaciones, señalando que aproximadamente el 90 % de los migrantes detenidos por Estados Unidos y trasladados a El Salvador no cuentan con antecedentes penales en territorio estadounidense.

Pese a un fallo reciente del Tribunal Supremo que permite al Ejecutivo continuar con estas expulsiones, la misma resolución exige que se informe a los migrantes afectados sobre el proceso y se les conceda un plazo razonable para apelar. La ACLU denuncia que estas garantías están siendo ignoradas y exige una respuesta urgente de los tribunales para proteger los derechos fundamentales de los detenidos.