Buekele formaliza la propuesta de intercambio mientras Venezuela la define como «moralmente inadmisible»

La relación diplomática entre El Salvador y Venezuela ha entrado en una nueva etapa de tensión tras la propuesta oficial del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien este martes reiteró la oferta de intercambiar a 252 ciudadanos venezolanos encarcelados en su país por supuestos vínculos con el grupo criminal transnacional Tren de Aragua, por el mismo número de personas consideradas prisioneros políticos en Venezuela.

La propuesta, presentada esta vez por canales formales a través del Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño, fue confirmada por Bukele en la red social X, donde publicó: «Le reitero nuestra propuesta, esta vez anexando la documentación formal enviada a su Cancillería». Acompañó el mensaje con una copia de la misiva enviada a Caracas con fecha del 22 de abril, en la que se detalla que los 252 venezolanos están actualmente bajo custodia en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad en El Salvador, y enfrentan procesos judiciales por varios delitos, aunque sin especificarse bajo qué jurisdicción ni por cuáles cargos concretos.

El mandatario salvadoreño subrayó que su gobierno está dispuesto a facilitar todos los mecanismos técnicos para garantizar una operación segura y eficaz si el gobierno venezolano acepta el intercambio, que incluiría también la liberación de 50 ciudadanos de nacionalidades diversas, entre ellas estadounidense, española, francesa, italiana, argentina y colombiana.

Sin embargo, la respuesta de Caracas no tardó en llegar y fue contundente. La administración de Nicolás Maduro rechazó categóricamente la propuesta, calificándola de «canje ilegal» y «moralmente inadmisible». A través de una carta enviada a la Cancillería salvadoreña, el régimen chavista argumentó que no puede considerarse legítima una operación que, según ellos, busca intercambiar ciudadanos inocentes por personas detenidas en Venezuela por «hechos punibles graves».

Venezuela carga contra Bukele

En ese sentido, el Gobierno venezolano denunció que la propuesta vulnera principios fundamentales de derecho internacional y representa una «aberración legal sin precedentes», acusando además al Ejecutivo salvadoreño de promover la xenofobia institucional, criminalización colectiva y la privación arbitraria de libertad. Asimismo, exigieron la liberación inmediata e incondicional de sus connacionales, responsabilizando a El Salvador por su estado físico y psicológico, y reclamaron una respuesta formal a un cuestionario enviado por la Fiscalía venezolana como parte de una investigación en curso.

La disputa también ha escalado al terreno mediático. Bukele, en su mensaje público, cuestionó abiertamente la coherencia de Maduro: «¿Le pareció justo un intercambio de 30 por 1, pero rechaza ahora una propuesta equitativa de 1 por 1? ¿No fue usted quien afirmó que haría 'todo lo que fuera necesario' para liberar a los venezolanos detenidos en El Salvador?». Este comentario hace referencia a una reunión mediática celebrada en Miraflores con los familiares de los reclusos, que el presidente salvadoreño sugirió que fue «un simple espectáculo mediático».

Por su parte, el gobierno de Maduro consideró que el contenido de la propuesta salvadoreña constituye una confesión de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo el traslado forzoso de personas a un tercer país sin procedimiento judicial, y la negación del derecho a la defensa y el debido proceso.

Más allá de la confrontación política, este episodio refleja un escenario complejo donde se cruzan temas de migración, justicia penal internacional, derechos humanos y tensiones ideológicas. En el fondo, también se vislumbra una lucha por el control del discurso político en torno a los derechos de los migrantes y la legitimidad de las acciones de Estado, en un contexto donde los intereses diplomáticos se ven cada vez más condicionados por la exposición pública y el uso estratégico de la comunicación digital.