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Del PIB a la nevera: la farsa que ni Sánchez ni Trump quieren confesar

España y Estados Unidos enfrentan dilemas fiscales similares, pero con matices cruciales. EE.UU. aún tiene herramientas poderosas —su moneda de reserva mundial, activos estratégicos y una economía fundamentalmente dinámica, que lo será más cuando la desregulación se materialice

Donald Trump y Pedro Sánchez

Donald Trump y Pedro SánchezDavid Díaz

En una reciente sesión de control del Parlamento español —que cometí el error de escuchar—, ante la chulería del presidente del Gobierno sobre el «magnífico crecimiento del PIB», Feijóo le contestó con contundencia: «El PIB no se come». Y tiene toda la razón.

El Producto Interior Bruto es un indicador útil en despachos de tecnócratas, pero no llena la nevera de los ciudadanos ni resuelve los problemas estructurales de una economía. En España, el espejismo del crecimiento económico basado en gasto público es cada vez más evidente. Mientras tanto, Estados Unidos, aunque con un crecimiento derivado de fuentes más sanas ligadas al incremento en productividad, también se asoma a un precipicio fiscal. La diferencia crucial: EE.UU. todavía tiene un balance. Ambos países, sin embargo, comparten el mismo problema fundamental: el crecimiento basado en deuda y gasto corriente insostenible no es la solución, sino el preludio de una crisis mayor, ese temido «fiscal cliff» que nos acecha.

España y EE.UU.: un espejo distorsionado

España y Estados Unidos cargan con deudas nacionales colosales y déficits fiscales desbocados. En España, la deuda pública ya supera el 101 % del PIB (aproximadamente 1,5 billones de euros en 2024, según Eurostat), con un déficit estructural persistente que ronda el 4 % del PIB anual. En EE.UU., la situación no es mejor: su deuda federal alcanzó 35,7 billones de dólares en 2024 (120 % del PIB), con un déficit proyectado de 1,9 billones para 2025, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Ambos han caído en la trampa de financiar el crecimiento con deuda, pero los parecidos terminan ahí.

Estados Unidos aún conserva un activo que España ya dilapidó: un balance. Décadas atrás, España también lo tenía, cuando las privatizaciones de empresas públicas como Telefónica o Repsol proporcionaron ingresos extraordinarios. EE.UU. mantiene activos estratégicos —tierras federales, reservas energéticas, instalaciones militares— que podrían monetizarse para aliviar la presión fiscal. Pero el riesgo es evidente y la tentación, peligrosa: usar activos de largo plazo para tapar agujeros de corto plazo es como vender las joyas de la abuela para pagar la hipoteca. Pan para hoy, hambre para mañana.

En España la situación es dramáticamente más grave

En España, la situación es dramáticamente más grave. Ya no tenemos un balance significativo que vender, salvo que estemos dispuestos a subastar el Prado o la Alhambra —una idea tan absurda como desesperada que seguramente a algún asesor gubernamental ya se le habrá ocurrido—. Nuestro crecimiento económico, especialmente post-COVID, se ha sustentado en tres pilares inestables: subidas de impuestos asfixiantes, inflación galopante y un gasto público desmedido orientado a medidas populistas, como subsidios sociales, empleo público y «paguitas» diseñadas para comprar votos. Este enfoque no solo ha disparado la deuda hasta niveles insostenibles, sino que ha desplazado recursos vitales de necesidades urgentes como infraestructuras, defensa o sanidad, cuya precariedad ha quedado brutalmente expuesta estos meses con la tragedia de Valencia, el apagón de hace dos semanas o el caos de los AVE.

España: un crecimiento de cartón-piedra

En España, el supuesto «milagro económico» post-COVID es un castillo de naipes que amenaza con desplomarse. El crecimiento del PIB, que en 2024 alcanzó el 2,5 % según el INE, se ha basado en un gasto público que no genera riqueza sostenible y cuyo efecto multiplicador es prácticamente negativo. Las políticas de subsidios y transferencias, diseñadas con un único propósito electoral y de gobernabilidad, han engordado el déficit y la deuda nacional, mientras sectores clave como la industria o la innovación siguen languideciendo en el ostracismo presupuestario.

Los impuestos crecientes asfixian a empresas y autónomos

Y todo esto sin enfrentarse al verdadero monstruo que acecha a largo plazo: las obligaciones de una Seguridad Social insostenible en un contexto demográfico deprimente, con una pirámide poblacional invertida que ningún político se atreve a mencionar. Además, España no es una economía refugio ni emite una moneda de reserva como el dólar, lo que limita drásticamente nuestra capacidad para financiar déficits sin consecuencias devastadoras. La inflación, que en 2024 rondó entre el 3 y el 4 %, sigue erosionando el poder adquisitivo de familias y pensionistas, mientras los impuestos crecientes asfixian a empresas y autónomos que ven cómo cada vez es más difícil generar riqueza real.

Lo más alarmante: nadie en el Gobierno parece estar enfocándose en la realidad matemática de que las clases que tiran del presupuesto (menores, jubilados, funcionarios y dependientes de subsidios) ya superan en número a las que aportan (sector privado productivo). Una ecuación que, sin reformas estructurales, solo tiene un desenlace posible: el colapso.

Este problema se agrava porque, a diferencia de EE.UU., España no tiene margen de maniobra. Sin activos significativos para monetizar y con una economía dependiente de la tetilla de Bruselas, cualquier shock externo —sea una subida de tipos de interés, una recesión global o nuevas tensiones geopolíticas— podría empujarnos a una crisis fiscal mucho más severa que la de 2008. Mientras tanto, las reformas estructurales necesarias —modernización del mercado laboral, reducción de la asfixiante burocracia, inversión seria en I+D o el incremento en la productividad — brillan por su ausencia en la agenda gubernamental. Lo único que parece motivar al Ejecutivo son las renovables, y aun así, sus sesgos ideológicos son tales que acabamos sufriendo apagones mientras despilfarramos millones en subvenciones a empresas «amigas».

La promesa de Trump y sus contradicciones internas

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump, en su segundo mandato, ha propuesto una fórmula para enfrentar el abismo fiscal: recorte drástico del gasto público (a través de la iniciativa DOGE liderada por Elon Musk), aumento de aranceles proteccionistas, desregulación radical de la economía americana y monetización estratégica de activos federales. La idea, inspirada en el reaganismo de los 80 (salvo los aranceles), es que el crecimiento económico generado por estas medidas ampliará la «tarta» del PIB, permitiendo equilibrar las cuentas públicas sin tocar los tres intocables del presupuesto americano: los «entitlements» (sanidad, seguridad social y defensa), que representan más del 60% del presupuesto federal.

Sin embargo, los números no cuadran ni con la mejor voluntad aritmética. Según la CBO, incluso eliminando todo el gasto discrecional superfluo, el déficit no desaparecerá sin reformar esos sagrados «entitlements». Además, Trump enfrenta una oposición interna considerable en varios frentes: en el Congreso, donde los republicanos prestan servicio labial a la reducción del gasto público pero defienden ferozmente programas que benefician a sus respectivos distritos; y en su propio ejecutivo, donde los «locos del arancel» del entorno del vicepresidente Vance abogan por un proteccionismo extremo que podría frustrar el crecimiento económico en lugar de impulsarlo.

La batalla interna entre los antisistema como Vance y Navarro y los libertarios del gabinete aún no está resuelta

Los aranceles, aunque populares entre ciertos sectores —especialmente la base electoral de Vance— corren el riesgo de encarecer bienes esenciales, frenar el comercio internacional y reducir el crecimiento. La batalla interna entre los antisistema como Vance y Navarro y los libertarios del gabinete aún no está resuelta, pero las indicaciones después de la visita a la península arábica y la firma de los primeros acuerdos comerciales ofrecen cierto optimismo contenido.

Conclusión: dos caminos hacia el mismo precipicio

España y Estados Unidos enfrentan dilemas fiscales similares, pero con matices cruciales. EE.UU. aún tiene herramientas poderosas —su moneda de reserva mundial, activos estratégicos y una economía fundamentalmente dinámica, que lo será más cuando la desregulación se materialice — para posponer el inevitable ajuste, aunque sin reformas estructurales profundas, el riesgo de crisis persiste, como demuestra la reciente rebaja en la clasificación de su deuda soberana.

Por lo menos, el loco del pelo naranja lo está intentando. España, en cambio, camina sobre una cuerda floja cada vez más tensa y deshilachada. Sin balance que vender y con un crecimiento artificial basado exclusivamente en deuda, el país está a un paso de una crisis que podría obligar a recortes sociales dolorosos o, peor aún, a una humillante intervención externa. Lo peor, es que el chulo de la Moncloa, con sus trajes de vendedor de El Corte Inglés, ni siquiera reconoce el problema. Sostenella y no enmendalla.

Feijóo tiene más razón de la que probablemente él mismo comprende: el PIB no se come, y la nevera de los ciudadanos no se llena con promesas grandilocuentes ni con espejismos estadísticos. Tanto en España como en EE.UU., la única solución real pasa por enfrentar la realidad: reducir el gasto público ineficiente, reformar el gasto estructural (incluyendo esos «intocables») y fomentar un entorno que facilite las inversiones productivas que generan riqueza real a largo plazo. De lo contrario, ambos países seguirán acumulando deuda hasta que el balance, o la dramática falta de él, les pase una factura que ya no podrán pagar ni refinanciar. Y entonces descubriremos, demasiado tarde, que los espejismos no solo no llenan neveras, sino que producen hambrunas.

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