Trump contra Harvard: cronología de cómo y por qué el presidente ataca al corazón universitario de Estados Unidos

«La edad dorada de América», ese eslogan que Donald Trump repitió con tanta insistencia al regresar a la Casa Blanca, se ha ido transformando, poco a poco, en una condena. Los días de vino y rosas que prometía se han convertido en incertidumbre constante, con mercados volátiles ante cambios arancelarios repentinos, deportaciones que oscilan entre bloqueos y facilidades según decisiones judiciales, y, sobre todo, un enfrentamiento frontal contra las universidades estadounidenses, con Harvard en el centro de la diana.

Desde mediados de abril, esta histórica institución, símbolo global de la excelencia académica, se ha visto envuelta en una batalla política sin precedentes con la Administración Trump. El Gobierno republicano lanzó una ofensiva con un doble propósito claro: por un lado, cuestionar la legitimidad y el papel de Harvard en la educación superior de Estados Unidos, y por otra parte, usar este conflicto como herramienta de movilización política frente a una base electoral que ve en las universidades de élite un bastión de ideologías progresistas y desconectadas de las preocupaciones del «americano medio».

No es la primera vez que el trumpismo convierte a las instituciones académicas en chivo expiatorio del malestar social. Las universidades, y en particular Harvard, son percibidas por buena parte del electorado conservador como símbolos de una élite liberal, globalista y políticamente correcta. Trump ha sabido capitalizar ese resentimiento cultural, enmarcando su cruzada contra la Universidad como parte de una lucha mayor contra lo que llama «el pantano de la izquierda».

El primer disparo se produjo el 15 de abril, cuando Trump, a través de Truth Social, sugirió que Harvard debería perder su estatus de exención fiscal, acusando a la Universidad de promover «ideologías políticas y terroristas». Poco después, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) inició una investigación para evaluar la posible revocación de ese beneficio, una acción que la secretaria de Educación, Linda McMahon, respaldó diciendo que «valía la pena investigar».

Lo que siguió fue una serie de acciones coordinadas, con la Secretaría de Seguridad Nacional amenazando con cancelar la certificación de Harvard en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP, por sus siglas en inglés, que regula la presencia legal de estudiantes internacionales en Estados Unidos), poniendo en riesgo la matrícula de miles de alumnos extranjeros. Paralelamente, la Secretaría de Educación pidió revisar los fondos internacionales recibidos por la Universidad, reactivando una investigación previa ya archivada.

Harvard respondió con firmeza, presentando una demanda contra la Administración Trump, argumentando que las amenazas de congelar fondos federales violaban la Primera Enmienda de la Constitución —que protege la libertad de expresión— y calificando las medidas como «arbitrarias y caprichosas». La Universidad acusó al Gobierno de incumplir los procedimientos legales necesarios para imponer condiciones o suspender subvenciones. Mientras tanto, la Administración exigía que Harvard promoviera una «diversidad de puntos de vista», término que usó para criticar lo que considera un sesgo progresista dominante en los campus universitarios.

El conflicto se intensificó con la apertura de una investigación de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) sobre las políticas de admisión y contratación de Harvard, poniendo bajo la lupa sus programas dirigidos a «minorías subrepresentadas». Fue un nuevo ataque directo al principio de acción afirmativa que muchos conservadores asocian con discriminación inversa.

Además, Harvard fue presionada para modificar sus oficinas y programas de equidad y diversidad. En respuesta, la Universidad cambió el nombre de su Oficina de Equidad, Diversidad, Inclusión y Pertenencia por el de «Comunidad y Vida en el Campus», con el objetivo declarado de fomentar el diálogo y el sentido de pertenencia. Asimismo, tras advertencias del Departamento de Educación, eliminó su apoyo oficial a ceremonias de graduación exclusivas para ciertos grupos.

El conflicto llegó a los tribunales. Un juez federal dictaminó inicialmente que la congelación de fondos permanecería hasta un fallo definitivo, pero el 29 de mayo extendió una orden temporal que bloqueaba la revocación de la capacidad de Harvard para matricular estudiantes internacionales. La magistrada, Allison Burroughs, justificó su decisión argumentando que mantener el statu quo era vital para no perjudicar a miles de estudiantes extranjeros, mientras se continuaba negociando entre las partes.

Paralelamente, la política migratoria se endureció aún más. El Departamento de Estado y Seguridad Nacional comenzaron una revisión exhaustiva de las visas de estudiantes chinos, advirtiendo que podrían revocar permisos basándose en consideraciones de seguridad nacional. Esta medida fue denunciada por Pekín como discriminatoria y un grave obstáculo para décadas de intercambio académico fructífero entre ambos países.

La tensión se manifestó también en el campus. Durante la ceremonia de graduación de Harvard, una estudiante china hizo un llamado a reconocer la «humanidad compartida», incluso con quienes son considerados enemigos. Su discurso, ovacionado por sus compañeros, evidenció la profunda polarización que atraviesa no solo la academia, sino a toda la sociedad estadounidense.

En otro discurso, pronunciado el 30 de mayo, Trump afirmó que su Gobierno busca «los mejores estudiantes, no a alborotadores». A pesar de que una jueza federal haya bloqueado temporalmente sus órdenes, aseguró que la ofensiva contra Harvard y otras universidades «progresistas» seguirá adelante.

A corto plazo, el conflicto ha sembrado incertidumbre entre miles de estudiantes internacionales, pero sus implicaciones estructurales son más amplias. La ofensiva contra Harvard sienta un precedente preocupante, que es la instrumentalización de las herramientas del Estado —fiscales, migratorias y regulatorias— para condicionar políticamente a las instituciones educativas. Porque cuando el conocimiento se subordina al poder, lo que se erosiona no es solo la libertad académica, sino la base misma de una sociedad abierta.