La Policía húngara recurre al reconocimiento facial para multar a los participantes de la marcha LGTBI
El pulso entre el alcalde de Budapest, el izquierdista Gergely Karácsony y el primer ministro, Viktor Orban, sobre la marcha del orgullo gay ha comenzado.
El primero avisa que la concentración de este mediodía, que está reuniendo a miles de personas, es ilegal y está prohibida, –después de realizar un referéndum que ganó por el 96 % de apoyo– por atentar contra el desarrollo adecuado de la infancia y el segundo defiende que la convocatoria responde y es competencia exclusiva de la municipalidad.
En medio de este conflicto, la Comisión europea llama la atención a Orban y la Policía, según medios húngaros, pone en marcha sistemas de reconocimiento facial para poder aplicar multas de hasta 500 euros.
Más de 70 diputados europeos y políticos desafían a Orban y la legislación húngara al presentarse en Budapest para respaldar la marcha. Entre otros, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun y la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Diaz que incluyeron el viaje en su agenda actividades oficiales. Esto significa que sus gastos corren a cuenta del erario público.
La contramanifestación
La jornada promete –y ya tiene– un eco internacional sin precedentes, pero también supone un riesgo añadido al haberse convocado otra concentración o contramanifestación a la misma hora, que podría provocar un choque de masas. Esta última, a diferencia de la del Orgullo, ha sido autorizada.
El alcalde de Budapest teme que puedan darse escenas de violencia si se producen encontronazos y ha pedido a la Policía, que obedece órdenes del Ejecutivo, que evite disturbios y mantenga el orden.
Orban descarta que los agentes vayan a recurrir ala fuerza para dispersar a la multitud
Viktor Orban advirtió ayer que participar en esta manifestación, además de ilegal, conlleva consecuencias, pero descartó que los agentes vayan a recurrir ala fuerza para dispersar a la multitud.
La prensa local, crítica con el Gobierno, publica que se recurrirá a sistemas de reconocimiento facial para identificar a los manifestantes a los que se les podrá imponer multas de hasta 500 euros.
El Gobierno, tras hacer la consulta popular, prohibió este tipo de expresiones multitudinarias al considerar que la exhibición, en forma de apología de la homosexualidad y la transexualidad, influye y perjudica en la infancia.
Para el Ejecutivo, los niños son víctimas de discursos que intentan imponer el relato woke que ensalza y estimula tendencias sexuales que son respetables, pero excepcionales.
