Grecia endurece su política migratoria y suspenderá el derecho de asilo a quienes lleguen irregularmente desde África

El Parlamento de Grecia debatirá este jueves una controvertida reforma legislativa promovida por el Ejecutivo de Kyriakos Mitsotakis que busca restringir de manera drástica el derecho de asilo para quienes ingresen de forma ilegal desde el norte de África. La propuesta, impulsada por el ministro de Migración Thanos Plevris, prohíbe expresamente que los inmigrantes que crucen el mar Mediterráneo hacia Grecia desde esa región puedan presentar solicitudes de protección internacional.

La medida, que se da por aprobada debido a la mayoría absoluta que ostenta el partido Nueva Democracia, establece que quienes accedan de manera irregular a territorio griego desde países como Libia serán detenidos de inmediato y deportados sin ser registrados. «Para quienes entren sin autorización, no aceptaremos solicitudes de asilo. Serán arrestados, detenidos y devueltos a su país de origen o de procedencia», declaró el ministro Plevris en su cuenta oficial de Χ (antes Twitter).

Según el texto legal, la suspensión del derecho de asilo se aplicará durante un periodo inicial de tres meses, con posibilidad de prórroga, mientras el Gobierno activa mecanismos administrativos para reforzar el control de las fronteras marítimas. A la vez, se contempla la implementación de centros especiales de detención para inmigrantes irregulares, tanto en la isla de Creta como en instalaciones ya existentes en Grecia continental.

El endurecimiento de la política migratoria griega coincide con un incremento considerable en las llegadas a Creta. Desde enero, más de 9.000 personas han arribado a sus costas, unas 2.000 tan solo durante la última semana. Muchos de estos migrantes provienen del norte de África, en su mayoría desde Libia, una ruta cada vez más activa para las redes de tráfico de personas.

El primer ministro Mitsotakis fue tajante al justificar la reforma ante el Parlamento: «Estamos enviando un mensaje claro y firme: Grecia no será una puerta abierta para la inmigración ilegal. Quienes paguen a los traficantes deben saber que su dinero puede ser completamente inútil».

Este jueves, varios cientos de migrantes rescatados al sur de Creta fueron trasladados en un buque hasta el puerto de Lavrio, en las afueras de Atenas, donde serán registrados y posteriormente reubicados en centros estatales. Sin embargo, con la entrada en vigor de la nueva normativa, este tipo de traslados podría dejar de realizarse para dar paso a detenciones inmediatas y expulsiones sin registro previo.

El ministro Plevris detalló que la llamada «detención administrativa» se aplicará de manera sistemática a todos los recién llegados desde el norte de África, y que esta puede extenderse hasta 18 meses, de acuerdo con las normativas comunitarias. «Hay países con los que tenemos acuerdos de devolución. Otros permiten el retorno voluntario. Pero si no cooperan, la alternativa será la cárcel», añadió el titular de Migración.

En paralelo, el Ejecutivo griego prepara una nueva legislación que penalizará con hasta cinco años de prisión la permanencia en el país de cualquier persona cuya solicitud de asilo haya sido rechazada. No habrá posibilidad de libertad condicional, a menos que el individuo acepte regresar voluntariamente a su país de origen.

Estas medidas, que han sido interpretadas como un intento del Gobierno por frenar la presión migratoria en las islas griegas, podrían chocar con los principios recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, el artículo 19 prohíbe las expulsiones colectivas y establece que ninguna persona podrá ser deportada a un Estado donde corra peligro de sufrir tortura, tratos inhumanos o la pena de muerte.

A pesar de estas posibles incompatibilidades legales, el Ejecutivo insiste en su enfoque. «No toleraremos una invasión por mar desde África del Norte», sentenció Plevris durante una entrevista en la emisora Skai, remarcando además que se trata de «un mensaje no solo a los traficantes, sino también a Europa».

El debate que se abrirá en el Parlamento griego no solo tendrá repercusiones jurídicas y humanitarias, sino que puede sentar un precedente en la gestión migratoria dentro de las fronteras de la Unión Europea, en un contexto donde la presión migratoria y el auge de posturas nacionalistas continúan ganando terreno.