Un crimen de hace 36 años, el último problema del Gobierno de Starmer que le aleja de sus votantes

En 2022, preparando el terreno para llegar al número 10 de Downing Street, el laborista Keir Starmer prometió a sus votantes que, en caso de ser elegido primer ministro, uno de sus primeros actos sería aprobar sin demora la conocida como Hillsborough Law, una ley que garantizaría justicia, transparencia y equidad para las víctimas de desastres provocados por negligencia estatal. Este viernes, más de un año después de ser investido, el Ejecutivo ha bloqueado la segunda lectura parlamentaria de la ley.

La causa principal por la que luchan quienes impulsan esta ley, aquella que da nombre a la misma, es la conocida como tragedia de Hillsborough, ocurrida el 15 de abril de 1989 cuando, en un partido de semifinales de la copa inglesa de fútbol, entre el Liverpool y el Nottingham Forest, 97 aficionados del equipo ´red' murieron a causa de una avalancha en el estadio de Hillsborough, casa del Sheffield Wednesday, provocada por la decisión policial de abrir sin control las puertas del estadio.

La tragedia, de proporciones gigantescas y que sacudió hasta los cimientos el fútbol británico —por ejemplo, conllevó el fin de las gradas con aficionados de pie—, fue seguida por una grave crisis política. Altos cargos del Gobierno conservador de Margaret Thatcher, junto a medios de comunicación como The Sun y el apoyo de la Policía del condado de South Yorkshire, construyeron un relato falso según el cual los aficionados del Liverpool habían causado la tragedia por su comportamiento violento.

En aquel entonces, el Gobierno de Thatcher se enfrentaba a muchas críticas y presiones internas por el fenómeno del hooliganismo. Tan solo cuatro años antes, en 1985, mueren 39 personas en el Estadio de Heysel, en Bruselas, en la final de la Copa de Europa entre el Liverpool y la Juventus, a causa de una avalancha de aficionados provocada por un incidente entre los hinchas más radicales del equipo inglés y un grupo de espectadores del club italiano. 32 de los fallecidos eran de Italia. Esto agravó la situación y ensució la imagen de los hooligans ingleses en Europa, con sus equipos siendo expulsados de la competición.

Sin embargo, la realidad no es la que querían construir desde despachos y decisiones de altos cargos, y la historia en Sheffield fue bien diferente. Una serie de decisiones fatídicas —como asignar al Liverpool el fondo de menos capacidad pese a ser muchos más fans, la insistencia de la Policía por detener todos los coches prociedentes de Merseyside que retrasó su llegada al estadio, o la decisión del comandante de Policía, David Duckenfield, de abrir las puertas del estadio sin control cuando la gente se empezó a agolpar en las inmediaciones del estadio—, provocó una tragedia.

Nada más empezar el partido, una avalancha desde la grada obligó a su detención. Las personas, atrapadas en un mar de cuerpos —la mayoría de la gente entró por la puerta C, que lleva al túnel cuya única salida era el sector central del fondo Leppings Lane, con capacidad para apenas 14.600 espectadores—. Por si fuese poco, la Policía sumó una última decisión fatal y negó la entrada a las ambulancias al estadio cuando comenzó la tragedia creyendo que se trataba de un problema de hooliganismo.

Ese día fallecieron 94 personas. Cuatro días después, el 19 de abril, Lee Nicol, un niño de 14 años, se unió a la lista. En 1993 Tony Bland se convirtió en la víctima número 96. En 2021, Adam Devine dejó la cifra, por ahora, en 97. Sin contar los heridos o los familiares de los muertos, víctimas invisibles de la peor tragedia de la historia del deporte inglés.

Desde entonces, los supervivientes de la tragedia han luchado no solo por rehacer su vida sino también por contar la verdad. Finalmente, en 2012, tras muchos años de lucha, una comisión independiente reveló la magnitud del encubrimiento. En 2016, un jurado concluyó que los aficionados no tuvieron responsabilidad alguna, y que las muertes fueron homicidios provocados por una actuación policial negligente. Pero nadie fue condenado por ello.

Por ello, desde Liverpool, bastión del liberalismo, se impulsó la Hillsborough Law, que busca evitar que algo así vuelva a ocurrir. Establece una «presunción legal de veracidad» para las víctimas frente al Estado, obliga a las instituciones a colaborar con la verdad en las investigaciones y da derecho a representación legal equitativa para los afectados. Keir Starmer, exfiscal jefe de la Corona, respaldó públicamente esta ley y prometió que sería una de sus primeras acciones en Downing Street. Pero ha faltado a su palabra.

Algunos analistas ven en el bloqueo de la ley un intento de evitar enfrentamientos con el aparato estatal —en particular con la Policía y los servicios civiles— en un momento en que el laborismo busca proyectar imagen de estabilidad, apenas unos días después de que la ministra de Economía, Rachel Reeves, fuese captada llorando en el Parlamento después de otro volantazo en las políticas de Starmer.

En Liverpool, la reacción contra la decisión del primer ministro ha sido feroz. Calificada generalmente como una ciudad golpeada por la desigualdad y estigmatizada durante décadas por el poder político y mediático, Hillsborough es una herida en la ciudad que nunca se ha llegado a cerrar.

El primer ministro todavía tiene margen para corregir el rumbo. Puede retomar la ley, impulsarla desde su propio Gobierno y convertirla en símbolo de su ruptura con el pasado. Pero si persiste en bloquearla, estará contradiciendo sus afirmaciones del pasado y enfadando a una ciudad que siempre ha apoyado a su partido. Con las encuestas castigándole diariamente y Reform UK de Nigel Farage subiendo como la espuma, no le conviene al Gobierno convertir a sus amigos en enemigos.