EE.UU. sanciona al dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, en el cuarto aniversario de las protestas del 11 de julio

En una decisión sin precedentes, el Gobierno de Estados Unidos impuso este viernes sanciones directas contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, marcando así un punto de inflexión en su política hacia la isla. La medida, anunciada por el Departamento de Estado, se produce al cumplirse cuatro años de las multitudinarias protestas del 11 de julio de 2021, una jornada histórica en la que miles de ciudadanos salieron a las calles de diversas ciudades de Cuba para exigir libertades civiles y mejoras en las condiciones de vida.

Según informó el secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, Díaz-Canel ha sido designado bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones de Programas Extranjeros por su responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos. Esta medida conlleva la prohibición de entrada a territorio estadounidense tanto para él como para varios miembros del alto mando cubano, incluyendo el ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, así como para sus familiares directos.

Rubio, en su comunicado, recordó que el 11 de julio de 2021 marcó una fecha clave para la sociedad cubana contemporánea. «Ese día, miles de ciudadanos se manifestaron pacíficamente en busca de un futuro libre de represión. El régimen respondió con una oleada de violencia, arrestos arbitrarios y represión sistemática. Más de 1.400 personas fueron detenidas en los días siguientes, y aún hoy más de 700 permanecen encarceladas, muchas de ellas sometidas a tortura o malos tratos», denunció.

En paralelo a las sanciones personales, la Casa Blanca ha reforzado el paquete de restricciones económicas contra el aparato económico del régimen. Entre las nuevas medidas, se ha incluido en la lista de entidades restringidas a 11 hoteles adicionales, todos vinculados al conglomerado GAESA (Grupo de Administración Empresarial, S.A.), un brazo económico clave de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Estas acciones buscan limitar que capital estadounidense —proveniente del turismo o de inversiones privadas— termine beneficiando a estructuras que, según Washington, perpetúan la represión interna.

Uno de los establecimientos afectados es el recién inaugurado hotel «Torre K», una construcción de 42 plantas considerada símbolo del elitismo gubernamental en un país sumido en la escasez de alimentos, medicinas y energía. Según fuentes oficiales estadounidenses, estas medidas están diseñadas para frenar el flujo de divisas hacia «las élites corruptas que lucran mientras el pueblo cubano sufre».

La imposición de estas sanciones se enmarca en un memorando emitido el pasado 30 de junio por el presidente Donald Trump, quien volvió a endurecer su postura hacia La Habana. El documento plantea el fin de prácticas económicas que —según Trump— han beneficiado de manera desproporcionada a las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia de Cuba en detrimento del pueblo. En línea con ello, también se ha reiterado la prohibición de realizar transacciones financieras, directas o indirectas, con entidades controladas por los militares cubanos y se ratifica la ilegalidad del turismo estadounidense hacia la isla.

Estas medidas no solo representan una respuesta conmemorativa a las protestas de julio de 2021, sino también un mensaje político contundente del gobierno estadounidense sobre su política exterior hacia Cuba, en la que los derechos humanos y el rechazo a la represión siguen ocupando un lugar central. Con este paso, Washington da un giro simbólico y operativo en su estrategia hacia La Habana, elevando la presión diplomática y financiera sobre un liderazgo que, a juicio de la administración estadounidense, ha respondido con represión y censura al clamor popular.