Inmigrantes cruzan el Canal de la Mancha en una pequeña embarcación, con un buque de guerra francés al fondo
Por qué el acuerdo migratorio entre Reino Unido y Francia no reducirá los flujos de ilegales
El acuerdo sobre inmigración a través del Canal de la Mancha presentado el pasado jueves por el el presidente de Francia, Emmanuel Macron y el primer ministro británico, sir Keir Starmer, refleja la voluntad de los dos Gobiernos de probar una solución a este problema que envenena sus relaciones bilaterales, provoca la muerte de decenas de personas ahogadas cada año mientras intentan cruzar el Canal de la Mancha y da lugar a un tráfico de seres humanos en campamentos insalubres para candidatos a la inmigración en las costas francesas.
Según ambos mandatarios, el acuerdo es un «proyecto piloto» que inicialmente sólo afectará a un pequeño número de migrantes. Bautizado por los medios británicos como one in, one out (uno dentro, otro fuera) contempla la devolución a Francia de las personas que hayan llegado ilegalmente a Gran Bretaña a bordo de pateras suministradas por los pasadores de inmigrantes —muchos de ellos vinculados a organizaciones no gubernamentales— y a las que se haya denegado el asilo, a cambio de que Londres acepte a los solicitantes de reagrupación familiar y a aquellos cuyo estatuto de refugiado no ofrezca dudas. Por cada persona devuelta a Francia, otra será admitida en el Reino Unido.
El Gobierno de Londres abre así una vía de inmigración legal, a la que se había negado hasta ahora. Francia, por su parte, ha aceptado acoger a los inmigrantes de pateras, a lo que se había negado hasta la firma del acuerdo.
Hasta aquí, las líneas rectoras. Sin embargo, de una lectura más detenida se desprende que las cifras avanzadas no terminan de cuadrar. Según las estimaciones de la BBC, uno de cada 17 inmigrantes que llegan al Reino Unido en pateras podría ser devuelto a Francia. Esto equivaldría a 2.600 inmigrantes al año. Una cifra irrelevante, teniendo en cuenta las últimas estadísticas, según las cuales 44.444 personas llegaron a las costas británicas entre el 7 de julio de 2024 y el 6 de julio de 2025, más de 21.000 desde principios de año. Si la tendencia se mantiene, lo previsible sería que 2025 se convirtiera en un año de récords.
Este anuncio se produce cuando más de 250 inmigrantes hicieron la travesía a Dover el jueves, horas antes de que se anunciara el acuerdo, según Le Figaro. En cambio, según The Daily Telegraph fueron más de 600. «La Policía francesa no impidió que cientos de personas cruzaran la frontera mientras el primer ministro recibía al presidente francés en Downing Street para las negociaciones de última hora sobre un acuerdo de one in, one out», precisa, no sin carga irónica, la cabecera conservadora londinense.
Keir Starmer junto a Emmanuel Macron
Con todo, y más allá de los comentarios más inmediatos, ni el Reino Unido ni Francia confirman la cifra más manida por los observadores en los últimos días: la de 50 inmigrantes devueltos a Francia cada semana. «No disponemos de cifras precisas», alega, a la defensiva, la ministra de Interior, Yvette Cooper. Tampoco ambos gobiernos han dado muchas pistas en relación con la fecha de entrada en vigor del acuerdo. «En las próximas semanas», señaló Starmer. Eso sí, los afectados, que habrán llegado todos a bordo de pateras —lo firmado por Macron y Starmer solo afecta a los que utilicen ese medio— serán devueltos a Francia por vía aérea.
El segundo gran escollo del acuerdo es el político. En primer lugar, porque, al estar concernida una frontera exterior de la Unión Europea —la francesa, en este caso— la Comisión Europea deberá convalidar política y jurídicamente el acuerdo. En segundo lugar, porque el acuerdo ya suscita el recelo de los países comunitarios «de primera llegada»: España, Italia, Grecia, Chipre y Malta. Por la sencilla razón de que una vez los inmigrantes ilegales sean devueltos a Francia, París decidirá hacia donde los reenvía. Los países que pisaron en primer lugar representan una tentación. Además, el acuerdo está limitado al periodo que abarca hasta junio de 2026, cuando se determinará un nuevo marco legal a través del Pacto Europeo de Asilo e Inmigración. No es el único límite: toda modificación del régimen de asilo deberá pasar el filtro del Acuerdo de Dublín, firmado en 1997 y que obliga a todos los países de la Unión Europea.
