Un integrante de la fiscalía estatal resguardando la entrada al Rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán, Jalisco (México),
Trump autoriza al Pentágono a utilizar fuerza militar contra los cárteles hispanoamericanos
La política de seguridad de Donald Trump ha entrado en una nueva fase. El presidente ha firmado en secreto, y tal como adelanta The New York Times, una directiva que permite al Pentágono llevar a cabo operaciones militares contra cárteles de la droga en Hispanoamérica. La medida supone un giro drástico, pues, por primera vez, Estados Unidos abre la puerta a actuar con fuerzas armadas fuera de sus fronteras contra organizaciones criminales que ahora son tratadas como si fueran grupos terroristas.
La orden firmada por Trump no se ha hecho pública, pero permite que unidades militares estadounidenses operen tanto en aguas internacionales como, potencialmente, en territorio extranjero, contra grupos previamente designados como «organizaciones terroristas extranjeras». Entre ellas, según comunicados recientes del Departamento de Estado, figuran el Cartel de los Soles, presuntamente vinculado al Gobierno venezolano; el Tren de Aragua, con origen en Venezuela y ramificaciones en varios países de la región; y la Mara Salvatrucha (MS-13), activa especialmente en Centroamérica y el sur de Estados Unidos.
Con esta medida, la Administración Trump intensifica una estrategia que ya había dado señales de endurecimiento. Estos últimos meses, ha reforzado la presencia militar en la frontera sur, ha multiplicado los vuelos de vigilancia, y ha duplicado las recompensas por información que conduzca a la captura de figuras como Nicolás Maduro, acusado de liderar uno de estos carteles desde el poder en Caracas.
Sin embargo, el uso del Ejército estadounidense en este tipo de operaciones plantea serias dudas legales. La ley Posse Comitatus, vigente desde el siglo XIX, prohíbe que las fuerzas armadas desempeñen funciones de policía dentro del país sin autorización expresa del Congreso. Y fuera de Estados Unidos, el uso de la fuerza militar requiere una base legal sólida, ya sea una autorización del Legislativo o un argumento de defensa propia ante una amenaza inminente.
El precedente más cercano de una acción de este tipo fue la invasión de Panamá en 1989, cuando más de 20.000 soldados estadounidenses arrestaron al entonces líder Manuel Noriega, acusado de narcotráfico.
El dictador venezolano, Nicolás Maduro
México, principal país de tránsito de drogas hacia Estados Unidos, ya ha rechazado en anteriores ocasiones la posibilidad de que fuerzas estadounidenses operen en su territorio. La actual presidenta, Claudia Sheinbaum, descartó la propuesta de cooperación militar directa planteada por Trump en abril, insistiendo en la soberanía nacional y en la necesidad de una coordinación bilateral bajo marcos legales claros. Desde el entorno de Trump, el argumento central es que los carteles se han convertido en una amenaza directa para la vida de los estadounidenses, debido al crecimiento exponencial de las muertes por sobredosis —especialmente de fentanilo—, que han alcanzado cifras récord en los últimos años.
