Tres personas muertas en un nuevo ataque estadounidense a otra narcolancha en el Caribe
La familia de un pescador colombiano muerto durante un ataque de EE.UU. en el Caribe presenta una denuncia
Desde el pasado mes de septiembre, Washington ha reconocido al menos 21 ataques contra narcolanchas, con más de 80 muertos
La familia de Alejandro Andrés Carranza Medina, un pescador colombiano de 42 años, ha presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras su muerte en un bombardeo estadounidense en aguas del Caribe. El ataque ocurrió el 15 de septiembre de 2025, cuando la embarcación en la que viajaba fue alcanzada por un proyectil lanzado en el marco de la ofensiva militar que Estados Unidos mantiene contra las organizaciones vinculadas al narcotráfico en la región.
La denuncia, presentada por su esposa y sus cuatro hijos con el apoyo de abogados de derechos humanos, acusa directamente al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, de ordenar ataques indiscriminados y de incurrir en lo que consideran una «ejecución extrajudicial». La familia sostiene que Carranza era un trabajador del mar sin vínculos con el narcotráfico y que su muerte se produjo sin previo aviso, sin identificación de objetivo y sin ninguna de las garantías exigibles en operaciones letales fuera de un conflicto armado declarado.
El caso de Carranza es el primero de la reciente campaña estadounidense que llega a la CIDH. Desde el pasado mes de septiembre, Washington ha reconocido al menos 21 ataques contra narcolanchas, con más de 80 muertos. Uno de los episodios más polémicos fue la realización de un segundo bombardeo contra supervivientes de un ataque previo.
La ofensiva ha tensado las relaciones diplomáticas en la región. El Gobierno colombiano, liderado por el izquierdista Gustavo Petro, suspendió la cooperación de Inteligencia con Estados Unidos en protesta por unas operaciones que considera «violaciones graves de derechos humanos». Bogotá ha exigido transparencia sobre los criterios utilizados para determinar objetivos y la suspensión inmediata de los bombardeos contra embarcaciones civiles.
Washington, por su parte, defiende su campaña alegando que se ajusta al Derecho Internacional y que forma parte de una estrategia para frenar el flujo de drogas hacia su territorio.
