El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro
La Policía Federal acusa a Jair Bolsonaro y a su hijo de coacción al Supremo y maniobras internacionales contra Brasil
El expresidente y el diputado Eduardo Bolsonaro habrían buscado apoyo en Estados Unidos para interferir en el juicio por intento de golpe de Estado, lo que les sitúa en el centro de un proceso que podría costarles hasta 40 años de prisión
La crisis política y judicial que rodea a Jair Bolsonaro ha dado un nuevo giro. La Policía Federal de Brasil presentó formalmente cargos contra el exmandatario (2019-2022) y contra su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, acusándolos de coacción a la Corte Suprema y de conspirar para debilitar el Estado democrático de derecho.
El informe final, entregado al Supremo Tribunal Federal el pasado viernes pero divulgado este miércoles, señala que ambos habrían actuado con la intención de obstruir el proceso por intento de golpe de Estado que pesa sobre el ex jefe de Estado. Según los investigadores, padre e hijo intentaron influir en el Gobierno de Estados Unidos para obtener medidas que perjudicaran a la justicia brasileña y, en consecuencia, favorecieran a Bolsonaro en su causa judicial.
Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos desde hace medio año, se habría reunido con autoridades de la Casa Blanca para solicitar sanciones contra su propio país, incluyendo presiones económicas y políticas destinadas a condicionar al Supremo. En esa línea, el presidente estadounidense Donald Trump, cercano al clan Bolsonaro, ya reaccionó públicamente imponiendo un arancel del 50 % a las importaciones brasileñas y sancionando a magistrados del Supremo, como Alexandre de Moraes, el juez instructor del caso. Trump sostiene que Bolsonaro es víctima de una «caza de brujas» y ha reclamado la suspensión inmediata del juicio.
La Policía Federal describe la conducta de los acusados como un intento de «inducir, instigar y colaborar con actos hostiles» contra Brasil, lo que se traduce en presunta coacción, obstrucción de la justicia y atentado contra la soberanía nacional. Estas imputaciones se suman a la ya delicada situación de Bolsonaro, que se encuentra bajo prisión domiciliaria tras incumplir medidas cautelares previas, entre ellas el uso obligatorio de tobillera electrónica y la prohibición de utilizar redes sociales.
El hijo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, habla durante la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Buenos Aires
El juicio en el Supremo, previsto para comenzar el 2 de septiembre, es uno de los procesos más graves que ha enfrentado un expresidente brasileño. La Fiscalía sostiene que Bolsonaro lideró una conspiración para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria electoral en 2022, configurando un plan golpista con ramificaciones internacionales. De ser hallado culpable, podría enfrentar penas de hasta 40 años de cárcel.
Este caso refleja no solo la fragilidad institucional a la que se vio sometido Brasil durante la transición de poder, sino también la inusual dimensión internacional que ha adquirido. Nunca antes un expresidente brasileño había buscado activamente sanciones de otro país contra sus propias instituciones. Esa estrategia, de confirmarse judicialmente, marcaría un precedente inédito en la historia reciente de América Latina.
