Confrontaciones en las calles de Reino Unido entre la Policía, manifestantes y contramanifestantes
Starmer planea limitar el poder de los jueces para acelerar las deportaciones de solicitantes de asilo
El nuevo mecanismo permitirá reducir el tiempo medio de resolución de las apelaciones y liberar miles de plazas en hoteles utilizados para acoger a solicitantes de asilo
El Gobierno británico prepara una reforma profunda del sistema de apelaciones de asilo que reducirá de forma significativa el papel de los jueces en este tipo de casos. La medida busca acelerar las deportaciones y desatascar un sistema colapsado por más de 51.000 recursos pendientes, según adelantó este fin de semana The Times.
En la actualidad, los solicitantes de asilo cuya petición es rechazada por el Ministerio del Interior pueden recurrir ante los tribunales de primera instancia. Pero bajo los planes que prepara el Ejecutivo de Keir Starmer, estos órganos serán sustituidos progresivamente por una comisión de adjudicadores independientes con potestad legal para resolver los casos de manera exprés.
El Gobierno asegura que el nuevo mecanismo permitirá reducir el tiempo medio de resolución de las apelaciones —hoy en torno a 53 semanas— y liberar miles de plazas en hoteles utilizados para acoger a solicitantes de asilo. Actualmente más de 32.000 personas viven en este tipo de alojamientos, con un coste que supera los 5.000 millones de libras anuales para el contribuyente.
La secretaria del Interior, Yvette Cooper, defendió el plan como un paso necesario: «No podemos seguir con retrasos inaceptables que mantienen a solicitantes rechazados en el sistema durante años. Una justicia rápida, justa e independiente es clave para acabar con la crisis de los hoteles».
La decisión llega tras meses de tensión en las calles y en los tribunales. Desde el apuñalamiento múltiple en Southport en 2024, convertido en detonante de protestas masivas contra la inmigración, la gestión del asilo se ha vuelto el principal flanco de ataque contra los laboristas. En julio, un juez dio la razón al ayuntamiento de Epping Forest y bloqueó el uso de un hotel como refugio temporal, un precedente que ha animado a decenas de municipios a preparar demandas similares.
El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, en Downing Street, Londres
Mientras tanto, la presión política crece. Nigel Farage, líder de Reform UK, ha prometido cinco vuelos diarios de deportación si llega al poder, acusando a los laboristas de tibieza frente a una «crisis nacional». El Gobierno, consciente del desgaste en su electorado más vulnerable frente al avance de Reform, intenta ahora demostrar firmeza con esta reforma.
El plan necesitará legislación primaria y podría enfrentarse a críticas por limitar el control judicial en un terreno tan sensible como el derecho de asilo. Organizaciones como Refugee Council han advertido de que «los hoteles fallidos no deben convertirse en campamentos fallidos» y han pedido soluciones más pragmáticas, como permisos temporales para quienes tienen altas probabilidades de recibir protección internacional.