Las claves del nuevo estallido de protestas en Reino Unido contra la inmigración: «Tenemos una crisis masiva»

En el verano de 2024, con Keir Starmer inaugurando su nuevo domicilio en el número 10 de Downing Street, una ola de protestas contra la inmigración invadió las calles del Reino Unido. El detonante fue un caso de apuñalamiento masivo en la localidad de Southport que le costó la vida a tres niños. Aunque el autor era un joven nacido en el Reino Unido, hijo de padres ruandeses, en redes sociales circuló la información de que era un inmigrante musulmán, provocando la ira de miles de personas que lo consideraron la gota que colmaba el vaso.

En los días siguientes, las manifestaciones contra la inmigración se juntaron con contramanifestaciones que acusaban a los primeros de extremistas. El resultado fue 128 oficiales de policía heridos y más de 400 detenciones. Desde entonces, el gobierno laborista ha caminado con pies de plomo. Cada incidente se ha convertido en un potencial foco de tensión. En mayo, tras un atropello masivo en Liverpool durante las celebraciones del título de la Premier League, la Policía se apresuró a aclarar que el detenido era un británico de 53 años bajo los efectos de las drogas. Se trataba de evitar que el caso fuera instrumentalizado en redes como «otro crimen de inmigrantes».

Pero el verano ha devuelto la tensión a la primera línea. Según datos publicados esta semana, más de 32.000 solicitantes de asilo viven en hoteles del país, un aumento del 8 % respecto al año anterior. Aunque la cifra está muy por debajo del pico de 2023, la presión social no cede. Consejos locales de todo signo político —laboristas, conservadores y de Reform UK— han comenzado a explorar demandas legales contra estos alojamientos.

De hecho, esta semana un juez dio la razón al ayuntamiento de Epping Forest, que logró frenar el uso de un hotel en Essex como refugio temporal. El Gobierno tiene ahora hasta el 12 de septiembre para encontrarles un nuevo hogar a los solicitantes de asilo. El precedente, sin embargo, ha encendido las alarmas en Downing Street y varios distritos han anunciado su intención de seguir los mismos pasos, lo que amenaza con provocar una cascada de órdenes judiciales y con dejar en la calle a miles de personas. Por eso, el Ejecutivo ha recurrido la decisión del juez Eyre, en un intento de frenar lo que podría convertirse en un descontrol institucional.

Tras esta decisión, más de 30 manifestaciones y contramanifestaciones se han programado a lo largo del territorio británico este fin de semana. Las primeras ya tuvieron lugar el viernes en Leeds, Cardiff o Porstmouth, y ayer sábado ya se ampliaron a las principales ciudades del país.

En Bristol, varias personas fueron arrestadas después de un encontronazo entre manifestantes y contramanifestantes. En Liverpool, medio centenar de manifestantes antiinmigración se enfrentaron con al menos 300 personas del otro bando. En Chesnut, cerca de 250 personas bloquearon una carretera y lanzaron antorchas contra un hotel que alojaba inmigrantes. En Cardiff, el blanco de las protestas fue un alojamiento con refugiados afganos que habían colaborado con el Ejército británico. En Oxford y Chichester los grupos fueron menores, apenas un centenar de personas, pero los altercados se repitieron. En casi todos los escenarios, la Policía tuvo que desplegarse para separar a los dos bandos y evitar choques mayores.

Emma Taylor-Beale, de la organización Stand up to Racism –la promotora de las contramanifestaciones–, afirmó, en unas declaraciones recogidas por The Times, que la comunidad inmigrante «necesita protección». «Merecen dignidad, ya han pasado por suficientes cosas», añadió.

Desde el otro lado de la balanza, Nigel Farage, líder de Reform UK –la formación política más a favor de las manifestaciones–, aseguró que, en caso de llegar al poder, planea «deportaciones masivas de solicitantes de asilo».

Entre los primeros pasos de un Gobierno con Reform UK, señala, sería abandonar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y derogar la Ley de Derechos Humanos, seguido de una legislación que prohíba a quienes llegan al Reino Unido en pequeñas embarcaciones solicitar asilo. «El objetivo de esta legislación es deportaciones masivas. Tenemos una crisis masiva en el Reino Unido. No solo representa una amenaza para la seguridad nacional, sino que está provocando una indignación pública que, francamente, no está muy lejos del desorden. Solo hay una manera de detener a la gente que entra en el Reino Unido: detenerles y deportarlos», señaló.

Por el momento, lo que se sabe es que, en el tema de la inmigración, el Gobierno de Starmer vuelve a estar en la casilla de salida de hace un año. Sin un plan claro contra la inmigración, miles y miles de manifestantes y contramanifestantes salen a las calles para reclamar por lo que, según ellos, es justo. Y los laboristas, que subieron al poder apoyados por una victoria histórica y el desplome de los conservadores, siguen perdiendo apoyos.